El movimiento 'woke' de la gran banca con Feijóo
La Asociación Española de Banca (AEB) tenía avanzado un pacto con la dirección del PP desde antes del 23-J
Alberto Núñez Feijóo. | Sergio Pérez (EFE)
Como estaba previsto, Alberto Núñez Feijóo perdió el partido de ida de su fallida investidura y en el Partido Popular están convencidos de que Pedro Sánchez ganará por la mínima el de vuelta para ser renovado como presidente del Gobierno. Pero una vez metabolizada la cruel derrota, se inicia ahora una nueva competición a cara de perro en la que el principal grupo de la oposición, en su calidad de primera fuerza parlamentaria tanto a nivel nacional como autonómico, cuenta con todas las bazas políticas para inclinar el terreno a su favor. Al menos esta es la opinión generalizada en el mundo empresarial, el más confiado a la hora de confundir los deseos con la realidad, y que ha empezado a lamerse las heridas con la esperanza de una legislatura corta en la que el jefe del partido conservador se erija en dique permanente de contención frente a la revolucionaria oleada de su oponente socialista.
Los resultados electorales del 23 de julio pillaron a pie cambiado a los grandes prohombres de los negocios, líderes todos ellos en sectores básicos de la actividad económica. La desmedida confianza en el sugerente relato de derogar el sanchismo se transformó en un arma de doble filo que terminó por acuchillar todas las expectativas que se habían depositado en el PP y su flamante líder nacional. Tanto el vicesecretario económico del partido, Juan Bravo, como el asesor de cabecera de Feijóo y presidente de la Fundación Reformismo 21, Pablo Vázquez, habían realizado una intensa labor de proselitismo apoyados en las estimaciones supuestamente infalibles de Narciso Michavila y su consultora GAD3. El cierre de filas con los grandes poderes fácticos del país disuadió al candidato popular de atacar el flanco económico del Gobierno durante la fase final de la campaña, un error de bulto como luego han reconocido en privado desde la misma planta noble de Génova.
Los grandes banqueros del país constituyeron una especie de avanzadilla en su apoyo a un vuelco político en España que pusiera término a las continuas invectivas de la coalición social comunista contra las más destacadas sociedades del Ibex. Agrupados bajo el paraguas de la Asociación Española de Banca (AEB) que preside Alejandra Kindelán, los primeros espadas del sector financiero habían definido un marco conjunto de actuación con los responsables económicos del PP para solemnizar públicamente su plan de acogida a Feijóo como jefe del Ejecutivo. La hoja de ruta incluía una mejora de la reputación social corporativa a partir del reconocimiento de todas las reclamaciones de clientes que no superasen un determinado listón de pagos así como la confirmación de una política de retribución de los depósitos de clientes con plazos fijos de interés en línea con la rentabilidad de la deuda pública que ofrece el Tesoro.
La amenaza latente del ombudsman financiero de Sánchez
La convocatoria de elecciones anticipadas fue recibida con cierto alivio por parte de la banca española, no tanto por las expectativas políticas, que una vez más se demostraron del todo inciertas, sino por la certeza que implicaba la paralización de proyectos legislativos en marcha que hostigaban la posición dominante que ejercen las entidades financieras en España. La disolución por sorpresa de Las Cortes envió directamente a la papelera de reciclaje el proyecto de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una iniciativa que se encontraba en la fase final de tramitación parlamentaria y que había contrariado especialmente a la AEB. Ubicado Feijóo en Moncloa, los bancos confiaban en que este nuevo organismo regulador quedase totalmente arrumbado en el cajón de la próxima legislatura a cambio de una confabulación para repartir con cierta generosidad entre sus depositantes los beneficios que sus accionistas están recibiendo gracias a la nueva política de tipos crecientes de interés.
Con Pedro Sánchez engrasando el llavero de Moncloa se supone que el nonato ombudsman financiero constituye de nuevo una amenaza latente, de modo que las grandes marcas sistémicas han vuelto sobre sus pasos para reclamar la atención de los inversores a partir del estímulo de exquisitos dividendos y planes de recompra de acciones. El coqueteo con los fondos de inversión para reforzar la cotización en bolsa es ostensible en el caso del Banco Santander y también del BBVA, siendo CaixaBank la única excepción que ha empezado a abrir el grifo de una retribución a las imposiciones de clientes a plazo fijo, a partir de 50.000 euros y en una horquilla que va del 2,5 al 3,5%. La participación del Estado ha removido las conciencias dentro de la entidad, que se ha privado, eso sí, de aspavientos publicitarios para no romper la unidad de acción con los otros pares del sector.
«La élite financiera y empresarial confía en renovar el ‘espíritu del 93’ como ejemplo de legislatura corta que antecedió a la llegada de Aznar»
La apuesta de la élite financiera por Feijóo se antoja en todo caso irreversible y se acentuará a medida que Hacienda persevere en sus actuaciones punitivas para escenificar los anhelos progresistas del jefe supremo. Los impuestos extraordinarios a la banca han derivado en un litigio contra el Estado, pero todo hace indicar que el Gobierno en ciernes elevará con carácter permanente la exacción inicialmente adoptada para los ejercicios de 2023 y 2024. Está claro que a Pedro Sánchez le va la marcha en sus relaciones de poder con los grandes factótums del mundo corporativo y además necesita más que nunca dotar la caja pública de caudales para mostrar a Europa un compromiso de consolidación fiscal fundamentado en sacar nuevos ingresos debajo de las piedras. La actividad crediticia se resentirá como advierten desde el BCE, pero las entidades financieras se han curado de espanto confiadas en que sus espaldas son todavía suficientemente anchas.
Un escenario político semejante al de hace treinta años
Los Botín, Fainé, Goirigolzarri, Torres y demás apellidos ilustres del mundo del dinero son plenamente conscientes del desafío que entraña la entronización en Moncloa de un truchimán socialista con más ganas, más fuerza y más argumentos que nunca. Una declaración de intenciones, por no decir de guerra, ante la que será menester la construcción de las más altas barricadas. La banca es la punta de lanza de lo que podría entenderse como un nuevo y singular ‘movimiento woke’ para desperezar a la clase empresarial más refinada de su tradicional zona de confort. Ha llegado la hora de concentrar las inversiones políticas en busca de una salida al laberinto en el que se encuentra España, fomentando una alternativa de gobierno que pasa obligadamente por un revisionismo de la estructura parlamentaria que alimenta el populismo dominante y la confianza en nuevos e indubitables liderazgos.
El espíritu del 78 y la Constitución que sirvieron de guía a la restauración democrática están siendo descatalogados por fuerzas reaccionarias que tratan de exprimir hasta la saciedad el narcisismo de un presidente engreído de su poder. Ante una actuación tan desaprensiva, los dirigentes empresariales nacidos al rebufo del gran impulso económico de España tienen también una responsabilidad directa en la estabilidad del país y están en inmejorables condiciones para invocar el espíritu del 93, aquella legislatura de transición, dos años y medio escasos, en la que Felipe González comprendió que había gastado todo su crédito después de casi tres lustros de mando en plazo. Al cabo de tres décadas, el escenario adquiere rasgos equivalentes y aunque Sánchez no es González, la derecha liberal y sus agentes productivos parecen convencidos de que Feijóo tiene necesariamente que ser un nuevo Aznar. Quien no se consuela es porque no quiere.
