Pumpido esperará a la investidura de Sánchez para avalar el impuesto a los ricos
El fallo del Tribunal de Garantías refrendaría el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Sumar
El Tribunal Constitucional no ha resuelto todavía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comunidad de Madrid a propósito del impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Pese a que el punto iba en el orden del día del pleno celebrado los días 24 y 25 de este mes, la ponencia 616-2023, que defiende la magistrada María Luisa Balaguer, no llegó a ser debatida debido a lo cargado que iba dicho pleno, con hasta 23 puntos a tratar.
Ahora bien, no se trata de que la mayoría del Tribunal Constitucional haya resuelto rechazar la ponencia de la magistrada Balaguer, en la que ésta desestima íntegramente -así lo constata este periódico- el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de la Comunidad de Madrid contra el art. 3 de la Ley 38/ 2022, de 27 diciembre, en la que se establecieron dos gravámenes (el que recae sobre las empresas energéticas y las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito), además de un impuesto temporal por dos años, llamado de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Más bien al contrario, porque el punto que podría echar bajo tierra no solo el recurso de la Comunidad de Madrid, sino también los de otras comunidades, como los de Murcia, Galicia y Andalucía, será finalmente debatido entre los días 6 y 8 de noviembre -según fuentes jurídicas consultadas por THEOBJECTIVE-; de modo que,las primeras deliberaciones, e incluso el fallo a este recurso, podría coincidir en cuestión de días con la previsión que tiene el entorno monclovita de celebrar en esos días -como ya informó TO- el debate de investidura de Pedro Sánchez, justo una semana después del juramento que la princesa Leonor hará a la Constitución, en el Congreso de los Diputados.
Una indicación -la de la preferencia de fecha del Partido Socialista-, que no solo se propagó en el acuerdo de Gobierno, PSOE-Sumar, sino que también fuentes empresariales catalanas señalan, subrayando que Pedro Sánchez ahora tiene prisa, y aunque tiene todo hecho, quiere evitar tener más líos con Podemos, y además no sabe cómo puede acabar el tema de Israel.
Una prórroga programada hace un año
Esta semana, el anuncio de la prórroga provocó cierta confusión entre los afectados, al llegar a interpretarse que la ponencia no estaba clara o que incluso iba a tener una sobreredacción para cambiar algunos aspectos. Pero fuentes próximas al Tribunal de Garantías Constitucionales lo desmienten a este periódico.
Casualidad o no, el día previsto para debatir este punto en el pleno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sellaban un acuerdo de Gobierno en el Museo Reina Sofía, acto al que acudieron numerosos ministros para acompañar el pacto.
En ese acuerdo, como después se ha podido conocer, se recoge, entre otros puntos, hacer permanente el impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, diseñado en un principio para que esté vigente dos años. Este año, este tributo ha recaudado apenas 624 millones de euros de los 1.500 estimados.
Claro que este acuerdo de mantenimiento del impuesto no es fruto de la improvisación. Ya en noviembre de 2022 -hace ahora casi un año-, PSOE y Unidos Podemos se reservaban el derecho, en la enmienda introducida en el Congreso -a través de una proposición de ley-, de formalizar en los últimos párrafos de la redacción la siguiente justificación, que reza literalmente así: «Si bien se incluye una cláusula para revisar el comportamiento de esta figura fiscal en el marco de un análisis de la fiscalidad patrimonial, efectuar una evaluación para valorar resultados del impuesto y proponer, en su caso, su mantenimiento o supresión».
Es decir, que para prorrogar un impuesto como éste, no sería necesario alargar el trámite a una reforma fiscal de mayor calado. Es posible que fuera suficiente utilizar el mismo procedimiento de antes, máxime si el Tribunal Constitucional da luz verde a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar.
Así pues, y según ha podido saber TO de fuentes jurídicas, el próximo lunes 6 de noviembre, después del puente de Todos los Santos y, antes del Día de la Almudena, festivo en la Comunidad de Madrid, el pleno del Tribunal Constitucional -compuesto por el magistrado don Cándido Conde Pumpido Touró, presidente, y las magistradas doña Inmaculada Montalbán, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luis Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno -exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez– y, doña Laura Díez Bueso- volverá a reunirse para tratar, en este caso, los tres últimos puntos del pleno, entre los cuales se encuentra el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid.
En ese recurso, la administración presidida por Isabel Díaz Ayuso argumenta en los antecedentes del mismo razones para tumbar la constitucionalidad de la figura tributaria, entre las que destacan estar en contra de la armonización de forma impropia de la tributación de las comunidades autónomas, así como la vulneración de la autonomía política y financiera de las CCAA y, los principios de corresponsabilidad fiscal y coordinación y lealtad institucional.