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Pumpido maniobra para que el Constitucional avale en tiempo récord el impuesto a los ricos

La ponente María Luisa Balaguer tiene redactado el borrador de la sentencia donde rechaza el recurso de Madrid

Pumpido maniobra para que el Constitucional avale en tiempo récord el impuesto a los ricos

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional | Europa Press

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya ha dado los primeros pasos para que este órgano anule los recursos contra el impuesto a los ricos. Y lo ha hecho aprobando para el orden del día del próximo pleno un punto que pocos se esperaban que se adelantara tanto, como es el recurso de inconstitucionalidad al impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, interpuesto por la Comunidad de Madrid, una de las principales administraciones afectadas, al tener bonificado al 100% esta figura fiscal que penaliza directamente al Patrimonio.

Ese 11 de octubre, fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE confirmaban la existencia de un borrador redactado por la ponente María Luisa Balaguer, en el que se desestiman todos los puntos del recurso planteado por la Comunidad de Madrid. Así, la determinación de la magistrada es que este impuesto, que hoy es de carácter «temporal para dos años», siga su marcha, y la administración madrileña tenga que soportar que durante un año más se grabe a las rentas radicadas en Madrid y por encima de los tres millones de euros.

Una postura que este miércoles por la tarde refrenedaron fuentes del TC a Europa Press, adelantando que Balaguer sostiene en su ponencia, que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

En este sentido, otras fuentes anticipan a THE OBJECTIVE que el fallo «apunta mal» para los intereses de Madrid.

Sin duda -indica a THE OBJECTIVE una fuente jurídica-, se trata de una actuación que sorprende, porque este tribunal se caracteriza por ralentizar sus decisiones durante etapas dilatadas y actuar a paso de tortuga y, al mismo tiempo, también se caracteriza porque sus valoraciones «responden más bien estrictamente políticos en lugar de jurídicos».

Y ahí es donde su presidente, el exfiscal general del Estado del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, centra todas las miradas, teniendo en cuenta las cuestiones resueltas desde su llegada al tribunal, donde la mayoría han sido a favor de los intereses de Pedro Sánchez, excepto, cuando el TC no falló contra el recurso electoral del recuento de Madrid, interpuesto por el Partido Socialista (queda pendiente el fallo de la amnistía).

Extracto del orden del día del pleno del Tribunal Constitucional el 24 de octubre, a las 10 de la mañana.

Una ponente progresista para Pumpido

Balaguer, de sensibilidad ‘progresista’, feminista y también de ideología marxista, ha defendido como ponente que el Consejo General del Poder Judicial no pueda realizar nombramientos. Finalmente, esa sentencia se resolvió con siete siete votos a favor de los progresistas y cuatro en contra de los conservadores.

Entonces, Balaguer destacó que «no existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado».

El resultado del recurso planteado ahora por la Comunidad de Madrid puede transitar el mismo camino. Fuentes jurídicas explican a THE OBJECTIVE que lo que puede suceder a continuación es que el día 24 de octubre se valore el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, y se debata poco a poco en otras sesiones. También, que en breve conozcamos por nota de prensa el fallo de la sentencia y, más tarde, en un periodo de dos o tres semanas, se haga público en el BOE el detalle de toda la misma.

Eso fue lo que pasó con la sentencia del impuesto de plusvalía de los ayuntamientos, y que en su día fue recurrido por el Partido Popular. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo recurrió dicho tributo, al defender que el hecho adolecía del carácter extraordinario y de urgente necesidad que tienen los reales decretos y también por infringir los límites materiales que se imponen constitucionalmente a este tipo de normas, pero el TC falló en su contra.

Los votos particulares

Con el previsible apoyo de los votos progresistas -siete frente a cuatro conservadores-, la estadística de los fallos del TC hace pensar que éste inclinará su sentencia en contra del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid. En su defensa, ésta ha hecho prevalecer los artículos 156 y 157 de la Constitución, en los que se sostiene que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera y que los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

No en vano, y pese al previsible fallo en contra del recurso planteado por la CAM, ahora también caben votos particulares, de manera que aún no está todo determinado.

Claro que, y en opinión de tres fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, la Comunidad de Madrid tendría que haber desarrollado más la parte del devengo instantáneo y explicar las características de ese impuesto, porque -abunda otro especialista jurídico- hay que detallar bien las circunstancias del contribuyente a lo largo del todo el año.

En opinión de estos expertos, las discrepancias entre las partes van a venir de la alteración del régimen de cesión, sobre un recurso, que fuentes de la Comunidad de Madrid daban por hecho que se va a fallar a favor de los contribuyentes de la región.

Esta semana, el Gobierno daba a conocer los términos del documento de la Adenda enviada el domingo a Bruselas, y en el interior del texto ya se recoge que el Ejecutivo en funciones prevé para el próximo ejercicio, aunque no hay Presupuestos Generales para 2014, una presión fiscal de medio punto, es decir, de 7.305 millones de euros, afectando sobre todo a las rentas del trabajo y a las grandes fortunas.

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