Propagandistas de leyenda negra

El problema no es que un letón Cilevics, que a nadie debiera importar, haya logrado lanzar a la fama a un Consejo de Europa, desconocido para el gran público, gracias a su similitud fonética con el Consejo Europeo. Ni siquiera, con ser muy grave, el problema es que el Consejo del Poder Judicial haya tenido que responder al increíble informe Cilevics para defender el prestigio de la Justicia española y la verdad de la sentencia a los sediciosos -y malversadores- del procés.

El informe del letón sostiene que «varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017». Por declaraciones, evidentemente, no fue. Pero ése no es el problema.

«Queremos recordar que…», se defiende el CGPJ como preámbulo a esta amplia -e imprescindible- cita de la sentencia del Supremo que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido borrar:

«No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Tampoco por propugnar una superación del marco político vigente. La libertad de los acusados, en este punto, permanece incólume. Nuestro sistema no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante una de sus señas de identidad. Las mismas ideas que han defendido los acusados les han permitido concurrir a elecciones legislativas. Esas ideas secesionistas son las que siguen dando vida al Gobierno autonómico de Cataluña. Su legitimidad no se cuestiona. Lo que es objeto de reproche penal -y así lo hemos declarado probado- es haber pulverizado el pacto constitucional, y hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada en vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura con la estructura del Estado».

El problema, pues, no es que haya un letón que haga un informe desprestigiando a la democracia española y a sus tribunales de justicia. Ni tampoco que consiga sacarlo adelante. Ni siquiera que ese texto sea ahora utilizado por los independentistas para aventar la falsedad de que el indulto a los sediciosos[contexto id=»381726″] (y malversadores de fondos públicos) llegó «obligado» por la «censura europea».

El problema es que ese informe es un baldón más en la tradición de leyenda negra española, que pudo aprobarse gracias a que el PSOE decidió desistir de su obligación de enmendarlo profunda y rotundamente. Ese desistimiento del partido del Gobierno dio vía libre a un texto que sostiene que en España se condena «a largas penas de prisión» a «políticos catalanes de alto nivel» por expresar sus opiniones por medio de «declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos».

¡Muy frágil debe ser esa supuesta democracia española en la que se encarcela a dirigentes políticos por sus declaraciones públicas!

¿Que eso es falso? Ya, ¿y? Como también es falso que el Congreso de los Diputados esté plagado de fascistas, o que el fascismo sea un invento español de hace nada menos que doscientos años. Al baldón de una democracia tan débil que encarcela a sus oponentes le añadimos el de un Parlamento en el que habita el fascismo.

Estas enormidades se han mantenido en la última semana parlamentaria con la anuencia, o el protagonismo, de las dos más destacadas dirigentes del partido del Gobierno, y sin que nadie pareciera escandalizarse al ver cómo se alimenta otro nuevo capítulo de la leyenda negra española. Y ése es el problema.

Martes, 22 de junio, al filo de las cuatro de la tarde. La diputada de ERC María Carvalho suelta en la tribuna su reiterada retahíla de amenazas fascistas y franquistas dirigiendo su vocerío a las bancadas del PP y de Vox. Como, de tanto insistir, ya nadie se inmuta, al volver a su escaño Carvalho se paró delante de Macarena Olona, de Vox, para gritarle «fascista» a la cara repetidamente. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, solo le dijo que no estaba en el uso de la palabra y le pidió, «por favor», que volviera a su escaño. En ningún momento la llamó al orden, ni le exigió retirar el insulto, ni anunció que ella, como presidenta del Congreso, lo retiraría del Diario de Sesiones. Eso solo para proteger a Pablo Iglesias del estilete de Cayetana Álvarez de Toledo.

Miércoles 23 de junio, en la Sesión de Control al Gobierno. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo se despachó de esta guisa en su réplica a Iván Espinosa de los Monteros, también de Vox: «Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo y el filofascismo llevan en este país doscientos años repartiendo carnés de nación». El fascismo bicentenario de Calvo: otro clavo en el problema.

Porque el problema es que, desde el partido del Gobierno de la nación, se defienda con naturalidad que en España hay fascismo (más de un siglo antes de su invención), sigue habiéndolo y habita en Madrid. Otro baldón a la leyenda negra alimentado desde el entorno de Sánchez.

¡Y seguimos para bingo!

Viernes 25 de junio, la Cadena SER, en Cataluña, entrevista al ministro Ábalos, que es también número dos del PSOE. La pregunta era fácil de imaginar: los indultados por sedición y malversación quieren que se borren del todo sus delitos por apropiación indebida de fondos públicos, y temen el procedimiento que tiene abierto el Tribunal de Cuentas contra sus abusos.

El problema, una vez más, no es la reclamación de los indultados sino la respuesta de tan eximio representante del PSOE y del Gobierno de España: «Sabíamos que todas esas causas, que no dejan de ser piedras en el camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo ese camino (…) Claro que es más complicado desandar todo lo mal andado». ¡Ahí es nada: «desempedrar el camino» y «desandar lo mal andado» por el Tribunal de Cuentas! Otra institución en almoneda y un peñasco adicional para la construcción de nuestra leyenda negra.

Para reforzar la pedrada, ese mismo día, desde Bruselas, el presidente Sánchez resumió en una frase -pensada para un corte de televisión- cuál es su compromiso con el Estado de derecho: «Hay momentos en que los que lo útil es el castigo y otros en los que lo útil es el perdón, y ahora estamos en el momento del perdón». El castigo y el perdón como decisiones arbitrarias sometidas a la magnanimidad del poder. Qué mejor resumen para una España negra que no se somete a la legalidad: al imperio de la ley que define a las democracias.

La guinda llegó el sábado, de la mano del ministro del Interior. El señor Marlaska se fue a Torremolinos a decir que el PP «siempre está tratando de volver a la España negra». ¡Acabáramos! Alguien debía tener la culpa de esta acelerada reedición de la leyenda negra de España, ahora como democracia incapaz, y es comodísimo que ese alguien sea -como siempre- el Partido Popular.

En definitiva, el problema no es que haya un letón Cilevics que redacte insensatos informes -de leyenda negra española- en un organismo tan peculiar como irrelevante para las democracias europeas. El problema es que todo eso -y mucho más- está avalado, cuando no impulsado, por el Gobierno del señor Sánchez para envolver sus indultos en un halo de inevitabilidad.

Seguimos cavando…