El victimismo independentista frente al Estado

«¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos?», preguntó el otro día en el congreso la ministra de defensa, Margarita Robles, a la diputada de la CUP Mireia Vehí, que le había interrogado sobre el supuesto espionaje del CNI a líderes independentistas. Una de las funciones del CNI es «facilitar al Gobierno informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». 

No está claro que el supuesto espionaje a líderes independentistas que ha desvelado Citizen Lab sea completamente verídico. El politólogo José Javier Olivas ha cuestionado varios aspectos del estudio. El CNI niega estar detrás y simplemente ha confirmado que cuando ha espiado a líderes independentistas lo ha hecho siempre con autorización judicial. Y El Confidencial ha desvelado que el CNI espió a dieciocho individuos relacionados con los CDR y el movimiento Tsunami Democrátic, que organizó movimientos de protesta cuando se anunció la sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos presos en octubre de 2019.

¿Qué debe hacer un Estado si un grupo bien movilizado intenta romper con la legalidad y el orden constitucional? Hasta el más anarquista sabe que un Estado se protegerá. El objetivo del Estado es su propia supervivencia. Esta realidad a veces es problemática; si los intereses del Estado no coinciden nunca con los del electorado se produce una crisis de legitimidad. Pero la idea de que el Estado no se defenderá es ridícula. El desafío independentista no fue un ataque al gobierno, que es siempre temporal; fue un ataque el ordenamiento jurídico y el aparato estatal.

El CNI no defiende al gobierno, defiende la integridad y los intereses del Estado. El independentismo ha tenido tras el 2017 un debate profundo sobre sus límites; mientras sus líderes insistían que ho tornarem a fer, se limpiaban las heridas. Muchos argumentan hoy que el independentismo cometió el error de infravalorar la respuesta estatal en 2017; confundieron (un error común en su relato, a menudo interesado) gobierno con Estado. La respuesta al otoño de 2017 no fue del gobierno, sino del Estado (de derecho). 

No creo que haya hoy un independentista que, tras el encarcelamiento y huida de sus líderes, piense que sus actos no tienen consecuencias. El independentismo sabe que el Estado no va de farol. Pero juega a una ignorancia interesada para promover su imagen victimista. Es lo único que le queda. El procés siempre ha sido una enorme maniobra de propaganda y trilerismo.

En 2017 intentó ir más allá de lo simbólico y su fracaso fue tal que ahora solo le queda volver a lo de siempre: la sobrerreacción, el chantaje, la fantasía política. Como sabe que su estrategia es inviable y poco realista, sobre todo después de comprobar que si intenta una secesión unilateral sus líderes acaban en la cárcel o fugados, espera cualquier conato de crisis para tirarse al suelo y gritar ¡árbitro! Es lo que está haciendo al pedir la dimisión de Margarita Robles por decir algo obvio. Pero, ¿quién es el árbitro? Ahí está la gran paradoja del independentismo: depende completamente del Estado que demoniza. Es un bully que hace bromas pesadas al profesor y luego se queja a ese mismo profesor de que le castigue. 

Ahora (y con ahora me refiero a los años posteriores a 2017) que el independentismo sabe perfectamente lo que ocurre si intenta una secesión unilateral es cuando hay que ignorar todas sus demandas, que son y siempre han sido falsas. Pero para ello antes hay que dejar de depender de sus votos en el Congreso de los Diputados.