Rendidos a Marruecos

España lleva años tratando de encontrar el camino correcto en las relaciones con Marruecos, que suelen oscilar entre la crisis abierta y el entreguismo más obsceno, ambas ineficaces. Actualmente, estamos en la segunda situación, después de haber pasado por la primera y dejando siempre que Marruecos dicte los tiempos, las condiciones y los objetivos.

Casi todos en España coinciden en que las relaciones con Marruecos son estratégicas porque afectan de manera determinante a la seguridad de nuestro país. Por cierto, también a su integridad territorial. Marruecos es el guardián de nuestra frontera con África, es el principal aliado en la región de Estados Unidos, que acaba de entregarle un nuevo paquete de ayuda militar de cerca de 800 millones de dólares, y su historia está vinculada a la de España desde su nacimiento y en alguno de los episodios más dramáticos y decisivos de nuestra propia historia.

Prácticamente toda la política de defensa de España está diseñada pensando en Marruecos, que es el país por el que, además, cruzan los grupos de emigrantes con más problemas de adaptación en nuestro territorio. Si añadimos que también existen fuertes lazos económicos y culturales, es fácil entender que el establecimiento de buenas relaciones con Marruecos debe de ser una prioridad de cualquier Gobierno español.

Con este pretexto, el actual jefe del Gobierno anunció hace algo más de un año un giro drástico de la política con Marruecos mediante el cual se apoyaba de hecho la reivindicación de la soberanía de ese país sobre el territorio del Sahara Occidental. Desde ese momento, todos los gestos del gobierno hacia Marruecos han estado dirigidos a demostrar que la prioridad de España es la de complacer al régimen de Rabat.

Ni eso es coherente con la obligación del gobierno español de defender los intereses nacionales por encima de todo ni sirve para garantizar un clima duradero de relaciones respetuosas y positivas para ambos países. Marruecos es una monarquía autoritaria, las decisiones de su gobierno obedecen al propósito prioritario de sostener ese régimen y no se imponen esas decisiones por métodos y canales democráticos, sino mediante los recursos de una dictadura. Es un sistema basado en el uso de la fuerza, que sólo entiende y respeta el lenguaje de la fuerza.

Ese es, por tanto, el lenguaje que debe de emplear España. El camino para gozar de buenas relaciones con Marruecos no es el de plegarse sin condiciones a todas sus exigencias, sino el de exhibir con autoridad cuáles son las bazas con las que España cuenta para perjudicar sus intereses y complicar la supervivencia de su modelo político.

Esto no significa que España deba de estar a diario tachando a Marruecos de dictadura. La polémica reciente que vimos en el Congreso sobre si Marruecos era o no una dictadura resultó bastante pueril y, desde luego, en nada contribuyó a robustecer la posición de nuestro país.

«España no debe renunciar a atacar ese flanco débil alertando sobre las condiciones de democracia y derechos humanos en Marruecos»

Sin embargo, tampoco se trata de aceptar públicamente a Marruecos como una democracia más o como un país normal. El autoritarismo de su régimen puede ser útil para su mantenimiento en el interior del país, pero es una debilidad de cara al reconocimiento de Marruecos dentro de la comunidad internacional, y España no debe renunciar a atacar ese flanco débil alertando sobre las condiciones de democracia y derechos humanos en Marruecos cuando lo considere necesario. Es una baza de nuestra relación bilateral y una forma de presionar a Marruecos y ganar autoridad.

Por supuesto, la más importante de esas bazas, que era la posición de España sobre el Sáhara, ya la hemos perdido gracias a la incompetencia de este gobierno, que renunció a ella sin nada conocido a cambio. La reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara es el más importante apartado de su política exterior y España no debería jamás haber aceptado la tesis marroquí sin haber obtenido un acuerdo público y de largo plazo en materia económica, migratoria y de seguridad, que incluyera la renuncia de Marruecos a Ceuta y Melilla.

Tal vez eso es hoy imposible, pero precisamente porque es imposible y es necesario seguir negociando con Marruecos compromisos menos ambiciosos y de corto plazo, España debería haber retenido en su mano la carta del Sáhara Occidental.

Existen, por supuesto, otras razones de orden histórico y moral para ofrecer resistencia a los planes de Marruecos sobre el Sáhara. Pero, si queremos limitarnos a los estrictos intereses nacionales, como ahora hace el gobierno en su ridícula realpolitik, también estos exigen firmeza y defensa de los principios en las relaciones con Marruecos. Sólo eso hace respetable a un país.

Y, por último, la mejor forma de demostrar firmeza ante una nación acostumbrada al lenguaje de la fuerza es mediante una política de Estado. España debería hacer gala de la unidad democrática que Marruecos jamás tendrá. El gobierno debería haber pactado desde el principio con el principal partido de la oposición la política respecto a Marruecos. PSOE y PP deberían pactar todo lo relacionado con ese país. Porque sólo cuando Marruecos entienda cuál es la política de España, sobre qué principios se asienta y se convenza de que seguirá siendo la misma sin importar el partido que esté en La Moncloa, las relaciones con Marruecos avanzarán sin abusos ni humillaciones.