El necesario recuerdo de Miguel Ángel Blanco

La mención del asesinato de Miguel Ángel Blanco por el candidato Feijóo en el debate con Sánchez, ha provocado una serie de descalificaciones selectivas, en el marco de una rigurosa programación de los mensajes de cara al 23-J. Ante todo, la dinámica de las actuaciones gubernamentales en el curso de la campaña, apunta a la existencia de un mecanismo informático de consulta permanente de temas y opinión, para así gestionar con un máximo de eficacia los argumentarios y las consignas de ofensiva y réplica. Lo ha utilizado con éxito en Italia el leguista Salvini y recibió el nombre de la Bestia. Exista o no al servicio de La Moncloa, desde hace meses observamos, con la ayuda del informativo nocturno de Antena 3, cómo el martilleo de las acusaciones contra el PP, utiliza los mismos términos que el presidente o su valedor al desencadenar su ataque, incluso al girar ahora desde el blanco de la coalición maldita, PP-Vox, a la destrucción de imagen del enemigo principal.

«Mentiras» fue el leitmotiv de la respuesta al infausto debate, desde que Ignacio Escolar tomó la palabra en la mesa de discusión tras el enfrentamiento Sánchez-Feijóo, de acuerdo con el criterio de psicología social según el cual, mil veces repetida como evidencia, una valoración puede ser asumida como verdadera por el destinatario. A modo de contrapartida, las mentiras y las ocultaciones de Sánchez quedan fuera de campo, con lo cual entramos en el peligroso camino de sentar las bases para una trumpiana desautorización del resultado de las elecciones. Si éste es el fruto de un descomunal engaño, ¿por qué aceptar ese simulacro de democracia?

La descalificación de la referencia por Feijóo al asesinato de Miguel Ángel Blanco tiene lugar en un espacio más acotado, pero con un alcance aún mayor: la repulsa moral. Sería innoble, dicen, quebrantar la sacralidad que debe envolver y amparar a las víctimas del terrorismo. Sin nombres, Sánchez acusó, como respuesta a la referencia del PP, de vulnerar «el consenso», que debe reinar sobre las víctimas, y el hombre del doble lenguaje en sus tratos con ETA, Zapatero, ratificó la condena. Antonio Muñoz Molina, en su denuncia de «la vileza» desde El País, atacó ya de modo directo sin nombrarle porque «invocó el aniversario de alguien que merece al menos el respeto sagrado que se debe a los inocentes y a las víctimas». En la misma línea, a un comentarista lúcido como Pedro Chacón en El Correo, la cita de Feijóo le produjo «escalofríos» ya que «hay argumentos que envilecen a quienes los utilizan». De nuevo tenemos a Feijóo tildado para el caso de vil.

«El campo de las víctimas no abarcó a la universalidad de los vascos, muchos de los cuales se inhibieron de la tragedia»

Semejante condena encuentra respaldo en una estimación subyacente que ya expresó hace algún tiempo Consuelo Ordóñez, hermana del líder popular asesinado, y que ahora desarrollan conjuntamente la asociación que preside, COVITE, y la Fundación Fernando Buesa: habida cuenta del «pluralismo» de las víctimas, de la «universalidad de la condición de tales», rechazan «la utilización partidista de la memoria de las víctimas». El documento subraya también, y aquí con acierto, la proliferación de «eslóganes viciados», como el tan difundido sobre el voto de Txapote.

La primera observación es en cambio más que discutible. El campo de las víctimas no abarcó a la universalidad de los vascos, muchos de los cuales se inhibieron de la tragedia, por miedo o por afinidades ideológicas. Atendiendo a motivos que nunca explicó del todo, tal vez muy razonables, Consuelo Ordóñez denunció el intento de apropiación por el PP de la muerte de su hermano Gregorio, de la misma manera que las dos fundaciones censuran de antemano todo intento en ese sentido, que hoy tendría como símbolo el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La réplica es inmediata: tanto Gregorio Ordóñez como Miguel Ángel Blanco no pueden ser considerados víctimas individuales del terror, dado que éste les asesinó explícitamente por su condición, indeseable para ETA, de dirigente y de joven militante del Partido Popular, del mismo modo que mató a Poto Múgica por ser el alter ego del dirigente socialista Enrique Múgica. Es un viejo derecho que cada uno pueda llorar a los suyos, y si el PSOE se dedica a otra cosa, eso no anula el derecho del PP.

La maniobra de olvido forzoso puede compararse a la que pudiera intentarse para que los judíos se viesen negada la conmemoración del Holocausto, y más aún si como mi entrañable amiga Violeta Friedmann, ya fallecida y superviviente de Auschwitz, lucharan por la criminalización de todo negacionismo. El paisaje vasco no ofrece espacios para la duda. Políticos del PP y del PSOE, antes de la UCD, fueron asesinados, sus parientes sufrieron el cerco social de los «patriotas», otros muchos demócratas fuimos amenazados de muerte, los herederos políticos de ETA no han asumido su criminal responsabilidad, ni siquiera han lamentado hoy el episodio trágico de Miguel Ángel Blanco. ¿Dónde está, pues, la vileza? Me temo que en aquellos que condenan la evocación de ese crimen político. No se trata de mantener las brasas de la venganza y del odio, sino precisamente de sofocar las que preservan con éxito la ideología del odio, en la izquierda abertzale, bajo una apariencia democrática.

Derecho también del PP —por el cual no guardo, todo sea dicho, simpatía alguna—, a exigir responsabilidades políticas a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha trabado una alianza para sobrevivir con el partido heredero de ETA, y que ha amnistiado al terrorismo etarra de la consideración de tal en su Ley de la Memoria Democrática. Estamos ante un problema de fondo, tanto en su dimensión humana como en la política.

«La fórmula Frankenstein lleva a una fractura insuperable en la sociedad española»

Llevado de su mezcla de sectarismo y oportunismo, Pedro Sánchez ha dado forma a una memoria histórica y a un proyecto político sobre la misma, incompatibles con la normalidad democrática. La fórmula le ha servido para seguir en el mando con el Frankenstein 1, pero lleva a una fractura insuperable en la sociedad española: de un lado, la perpetuación del enfrentamiento de las dos Españas, como si se tratara de rehacer en cada momento el resultado de la Guerra Civil (con lo cual, de paso, fomenta el neofranquismo); de otro, la condena de la memoria en lo que toca a los años de plomo etarras.

Efecto colateral: incapacidad absoluta para pensar en una solución intraconstitucional al reto que plantean sus aliados independentistas, en el caso vasco aupados sobre el olvido de la realidad impuesto por Sánchez. Aragonés y Otegi saben lo que quieren frente al Estado; Sánchez, no, y oculta esa ignorancia a los ciudadanos. Y en caso de derrota el 23-J, como Cánovas en la guerra de Cuba, le deja el desastre montado a su sucesor.

Volviendo al punto de partida, la estrategia de ocultación pragmática respecto de ETA llevó al callejón sin salida actual. La deliberada exclusividad asignada a las víctimas en cuanto tales, por el PNV —cuya «actuación ha sido impecable», según Consuelo Ordóñez, por contraste con el PP— y por Pedro Sánchez, olvida que tales víctimas lo fueron por la actuación de unos verdugos, movidos por una ideología asesina desde sus orígenes, y cuya carga de odio no ha sido borrada. La naciente ley de educación, con PNV y Bildu unidos, y el PSC mirando, es un paso más en la exclusión de España. Queremos «el Estado dual», apunta en el debate a siete el juicioso Aitor Esteban. El portavoz de Bildu llega con cinismo a exhibir su dolor en su día por el asesinato de Miguel Ángel y desfigura zafiamente los contactos pretéritos de Aznar y ETA, desde la altura moral que le proporciona su unión con el Gobierno socialista.

Pedro Sánchez ha sido el gran organizador de este caos en la política del Estado sobre Euskadi. Recordárselo, aludiendo a la responsabilidad contraída por todo gobernante demócrata con la muerte de Miguel Ángel Blanco, no solo ha sido lícito, sino necesario.