38 años después

Por una vez, pidiendo disculpas a mis lectores y sin que sirva de precedente, en esta columna semanal me voy a autocitar. En la primavera de 1985 era yo militante del pequeño Partido Liberal. No éramos muchos y se decía de los liberales que cabíamos en un taxi y que ese taxi lo pagaba Alianza Popular. Pues bien, en junio de aquel año se iba a celebrar el VI Congreso del Partido y me encargaron a mí la redacción de la ponencia política. Dediqué bastantes horas al estudio y a escribir ese texto, en el que digo algunas cosas que voy a reproducir ahora.

Han pasado más de 38 años y cuando lo releo me sorprenden dos cosas: que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que allí dije, y que eso que dije está de plena actualidad.

Hay que recordar, siquiera brevemente, el contexto político de entonces: el PSOE gobernaba con la mayoría más grande que se ha dado en el Congreso, 202 diputados. Justo en aquellos momentos se estaba tramitando la reforma socialista de la entonces vigente Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Una ley que había sido aprobada en 1980, con Gobierno de la UCD y con ¡los votos de los socialistas! La reforma cambiaba el procedimiento de elección de los vocales del Consejo, que hasta entonces eran elegidos por los propios jueces y que, a partir de entonces, fueron elegidos por el Congreso y el Senado.

En ese contexto redacté aquella ponencia, de la que aquí voy a recoger algunos párrafos de su V Apartado, el que se titula El Poder, la Democracia y el Estado de Derecho:

«Para el PARTIDO LIBERAL lo que legitima el poder del Estado es su carácter representativo; es la soberanía popular ejercida mediante el derecho al voto para elegir los representantes del pueblo lo que caracteriza al poder legítimo.

Sin embargo, el poder adquirido de forma legítima pudiera ser ejercido con arbitrariedad y despotismo y convertirse en un poder tan opresor como la peor dictadura.

En la España de la transición se ha hablado mucho de la democracia y demasiado poco, por desgracia, de los valores a los que ésta sirve. No puede decirse de la democracia lo que con verdad decía Lord Acton de la libertad: que ésta «no es un medio para un fin político más alto. Es, en sí, el fin político más alto».

«Es errónea la creencia de que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la mayoría, el poder no puede ser arbitrario»

La democracia no es un fin en sí misma. No hay que olvidar que Hitler llegó al poder sin necesidad de destruir la democracia, y ya nos advirtió Hayek que «bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria, el sistema democrático puede ser tan opresivo como la peor dictadura». Cuando la democracia deja de ser una garantía de la libertad individual, puede muy bien persistir en alguna forma, bajo un régimen totalitario, ya que en estos casos quienes ostentan el poder se encargan de controlar todos los poderes para asegurarse de que el voto vaya en la dirección que desea el dictador o Jefe del Gobierno de la dictadura plebiscitaria. (Recuérdese que en la Europa oriental se vota y que esos países suelen denominarse Democracias Populares.)

Es por ello por lo que el PARTIDO LIBERAL afirma que no basta con considerar la democracia como el principal valor, puesto que es errónea la creencia de que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la mayoría, el poder no puede ser arbitrario. No hay justificación para creer que en tanto el poder se confiera por un procedimiento democrático no puede ser despótico. La antítesis sugerida por esta afirmación es asimismo falsa, pues no es la fuente, sino la limitación del poder, lo que impide a éste ser arbitrario.

La voluntad de la mayoría es lo que legitima al poder en su origen, pero la garantía frente al ejercicio del poder arbitrario, despótico y opresivo, la prestan los límites que se le imponen al poder: en nuestro derecho, la Constitución y las leyes que la desarrollan, que constituyen el Estado de Derecho.

El PARTIDO LIBERAL quiere manifestar su preocupación por el desprecio de algunos miembros del actual Gobierno hacia los límites que la Constitución española impone al ejercicio del poder, singularmente por el ataque al principio de la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial que se contiene en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

«La legitimidad en el ejercicio del poder sólo se consigue con el escrupuloso respeto al Estado de Derecho»

Para el Gobierno que sostiene el PSOE, el hecho de poseer la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso de los Diputados, eso sí, limpia y legítimamente obtenida, es garantía ya, de legitimidad en el ejercicio del poder.

Pues bien, el PARTIDO LIBERAL afirma solemnemente que la legitimidad en el ejercicio del poder sólo se consigue con el escrupuloso respeto al Estado de Derecho, o dicho de otra forma, mediante la sujeción del poder a las leyes formales.

Hay una especie de ley, la que no está predeterminada, sino que puede ser dictada en cualquier momento por una autoridad, que parece ser la preferida por el PSOE, para muchos de cuyos ilustres miembros, los gobernantes pueden dictar cualquier tipo de norma, con tal de que cumpla el trámite formal de ser apoyada por sus 202 diputados.

El PARTIDO LIBERAL rechaza con la máxima firmeza esta interpretación de los poderes atribuidos a una mayoría en el sistema democrático, que se los atribuye sin limitaciones y nos recuerda más al anterior régimen —que hablaba de «unidad de poder y coordinación de funciones»— que a los principios que inspiran las democracias representativas, uno de los cuales, y no de rango inferior, es el del equilibrio de poderes.

El PARTIDO LIBERAL quiere manifestar su profunda preocupación por lo que considera un cambio sustancial en las «reglas del juego» previamente establecidas: la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, que en su día fue respaldado por los mismos que hoy lo suprimen.

En definitiva, como dijo Kant, y ya había expresado Voltaire en parecidos términos, «el hombre es libre si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas».

Creo que estas palabras de hace tanto tiempo no pueden estar más de actualidad. Ahora Frankenstein y su amnistía dan otra vuelta de tuerca a lo que entonces se inició. Porque lo que ahora se va a hacer con la amnistía y con los proyectos de este Gobierno sanchista es acabar con la separación de poderes (juzgar a los jueces en comisiones del Congreso) y con todos los contrapesos que las democracias liberales han creado para impedir que, a través de la democracia, se cambie la Constitución por métodos distintos a lo en ella previsto.