El magnicidio de la piñata
«Para haber formulado una ley de amnistía para los delitos de sus socios, tienen los adoradores del muñeco la piel muy fina para andar poniendo denuncias»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Anduvo estos días pasados el PSOE muy tarasca y palabrón a cuenta de la golpiza que el ocioso vulgo propinara en Nochevieja a un muñeco en Ferraz, que, se supone, representaba al secretario general del partido y, a su vez, presidente del Gobierno, Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La verdad es que, visto el muñeco, hay que echarle mucha imaginación para dar por hecho que esa efigie-piñata representara a nuestro galán icono de la nueva masculinidad color berenjena; pero demos por bueno que, por la algarabía que despertaban los golpes, el contexto, la localización y porque llevaba un brazalete que ponía «PSOE», el monigote de tan mala factura jugó para los exaltados el papel de muñeco vudú representativo de Sánchez.
Decía que estuvo el PSOE largo rato abaratando mucho las palabras (y los delitos), al punto de presentar una denuncia ante la Fiscalía hablando de amenazas e injurias graves contra el jefe del Ejecutivo, delito de odio por motivos ideológicos, incitación al magnicidio, etc. Como este tipo penal concierne sólo a conductas contra colectivos vulnerables, el PSOE argumenta en su denuncia que fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil, persecución de proporciones bíblicas si se piensa que habrían tomado el relevo en ella los ebrios celebrantes de la Nochevieja de 2023.
Esto de denunciar ante la Fiscalía en lugar de presentar directamente una querella ante los tribunales es truco viejo que vienen manoseando de antiguo los políticos, especialmente los de mando en plaza. Si no tienen claro que haya siquiera delito ninguno, en lugar de querellarse, le cargan el mochuelo a la Fiscalía para que lo estudie, y, en su caso, sea ella quien formule la acusación. El equívoco efecto mediático de que se ha puesto en marcha la maquinaria de la justicia ya está conseguido: «denuncia» y ante «la Fiscalía»; si luego el ministerio público entiende que no existe delito, pues lo archiva, y el Gobierno se ahorra, además del abogado y las costas, el bochorno de comerse la inadmisión a trámite de una querella, pues en estos casos donde los bienes jurídicos en liza son el honor, la dignidad, etc. no es caso tan raro el rechazo in limine de la notitia criminis.
Habiendo puesto el Gobierno en su día a disposición de la ministra Irene Montero a la mismísima Abogacía del Estado para defenderla en el Tribunal Supremo por vulnerar los derechos fundamentales de un común ciudadano (donde por cierto resultó condenada), sorprende que no haya hecho lo propio para formular una bien construida querella para defender el honor y dignidad de nada menos que el propio presidente del Gobierno. Pero bueno, Sánchez, todos estos conceptos los reconduce al principio de dependencia, un vanguardista concepto jurídico que enunció en aquella entrevista donde, en alarde de innovación pedagógica, era él quién preguntaba al periodista para responderse a sí mismo: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está».
En realidad, lo que al PSOE le viene escociendo es que la gente se manifieste ante su sede, o por mejor decir, en las cercanías de su sede en Ferraz, pues el acceso se corta cuando hay concentraciones a centenares de metros de la propia sede. Y es que ese gentío, a despecho de la verdad, sostiene la imagen de una revuelta popular frente al PSOE. Incluso el partido ha conseguido extender en los medios afines el aserto de que «la sede de un partido no es el lugar adecuado para manifestar un desacuerdo con una medida política». ¿Cómo? Y dónde quieren que ejerzan los ciudadanos sus derechos fundamentales de reunión y manifestación para protestar contra las iniciativas políticas de los partidos políticos ¿En el circuito del Jarama?
«El único límite de los derechos de reunión y manifestación es que no causen alteraciones del orden público»
Los derechos fundamentales de reunión y manifestación no están prohibidos ni limitados ante las sedes de los partidos políticos. Ni siquiera está realmente prohibido manifestarse ni reunirse frente a las Cortes Generales siempre que no se afecte a la inviolabilidad parlamentaria (impidiendo el acceso o salida de las Cámaras) o alterando su normal funcionamiento, deliberaciones y debates. Es más, la función de policía y orden público en las sedes parlamentarias ni siquiera corresponde a la policía, sino al presidente de la Cámara. Lo que ocurra fuera sólo es cuestión de orden público, no de inviolabilidad parlamentaria.
Tampoco está prohibido reunirse ni manifestarse ante la sede y residencia del propio presidente del Gobierno en La Moncloa, ni aun siquiera ante los tribunales de justicia, siempre que no se altere, claro está, su normal funcionamiento ni se impida la función del Ejecutivo ni la jurisdiccional respectivamente. De nuevo cuestiones de orden público, no de localización. El único límite de los derechos de reunión y manifestación es que no causen alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, no bastando -como tiene declarado la jurisprudencia- la mera sospecha de que se vaya a producir esa alteración.
El deporte nacional durante décadas, incluso sin estar el PP en el Gobierno, ha sido convocar y celebrar, jaleadas desde el PSOE, el grupo Prisa y el entorno podemita, manifestaciones ante la sede del PP, en la puerta misma de su sede de la calle Génova. Normal, pues de ahí salían las directrices de las políticas que los ciudadanos, el PSOE y su brazo mediático querían combatir e impugnar socialmente. ¿Y ahora no va a poder la gente reunirse y manifestarse a las 21 horas, que no quedan allí ni las limpiadoras, a 500 metros de la puerta de la sede del PSOE en la calle Ferraz? Y todos estos remilgos, precisamente, por parte de los que trajeron a España esa suerte de matonismo callejero que fueron los escraches, que se producían hasta en los domicilios particulares de los adversarios políticos.
Para haber formulado un proyecto de ley de amnistía cuyo principio informador es la inoportunidad de la actuación jurisdiccional cuando se trata de perseguir los delitos de sus socios, tienen los adoradores de la piñata la piel muy fina como para andar poniendo denuncias por esto.
