La pérdida de autoridad del maestro como símbolo

La Generalitat de Cataluña no obedece la ley ni las sentencias desde hace años. El Gobierno central perdona este incumplimiento mediante indultos, amnistías o, simplemente, haciendo la vista gorda. En realidad, trata a la Generalitat como si fuera un niño pequeño travieso y mimado al que se le deben consentir todos sus caprichos.

No me extraña, pues, que para mantener el orden en las escuelas no baste la autoridad del maestro y se necesiten policías. En efecto, ante el desorden en las escuelas catalanas —5.331 incidentes de violencia en el presente curso—, el actual Gobierno de Salvador Illa ha resuelto destinar Mossos d’Esquadra vestidos de paisano al interior de los centros para que se encarguen de guardar el orden.

Mi memoria personal —no sé si es histórica o no— recuerda que esto mismo hacía la dictadura franquista en mi Facultad de Derecho de Barcelona durante los años sesenta y setenta: allí estaban cada día los policías de paisano, perfectamente reconocibles. Pues bien, la Generalitat ha implantado un plan piloto para ejecutar una política semejante. Los gobernantes de aquella dictadura habían perdido autoridad; los actuales maestros, también. Así pues, mano dura, no hay otro remedio.

Esta situación es la causa de fondo de la crisis actual en las escuelas de Cataluña, una crisis inédita en España: en ninguna otra comunidad autónoma se ha tomado una medida política semejante. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio: si las autoridades políticas obtienen lo que pretenden mediante la insubordinación, ¿hay razones para que los ciudadanos no hagan lo mismo? El mal ejemplo siempre cunde.

Recordemos que el marco teórico de lo que se ha denominado procés —que aún dura— ha consistido en sostener que, si no estás de acuerdo con la ley democrática, no debes obedecerla y puedes actuar de acuerdo con la voluntad propia, única legítima. Una posición netamente anarquista, de larga tradición en Cataluña.

Pues bien, así actuaron y siguen actuando ciertos poderes públicos de Cataluña, por supuesto la Generalitat y también muchos ayuntamientos. Ni hay que obedecer las leyes y sentencias sobre la lengua en las escuelas, los hospitales y otros órganos de las administraciones públicas; tampoco la bandera española debe figurar en la fachada de las casas consistoriales junto a la autonómica.

Además, la Administración central no puede hacer cumplir la ley ni las sentencias para no molestar a las autoridades autonómicas y locales, cuyos partidos sostienen al mismo Gobierno central en el Congreso. Consecuencia: los alumnos y padres de los alumnos, o cualquiera que pase por ahí, tampoco deben obedecer a los maestros y directores de centros. Al contrario, deben atacarlos.

E, incluso, estos maestros y directores de centros tampoco se sienten obligados a respetar las normas jurídicas, sean leyes, decretos, actos administrativos o sentencias: la desobediencia a la ley es el derecho realmente existente, tanto en las escuelas como en las calles o en la ocupación de viviendas. Todo va por este camino y hace años que se veía venir: una sociedad catalana harta, inhibida o conforme lo ha permitido. Las perspectivas son que, sin reacción a todo eso, las cosas irán a peor.

El nacionalismo es la peor ideología para organizar una sociedad. La historia de los últimos cien años lo demuestra. En esencia, el nacionalismo viene a decir que un indeterminado «nosotros», un pueblo que la élite nacionalista delimita a su gusto, es perfecto y que todos los males provienen de un también indeterminado «los demás». Esto es el victimismo: la culpa nunca es nuestra, sino de los otros. El niño mimado siempre acaba creyendo que tiene razón.

En el caso catalán, la culpa es de los españoles y, por tanto, no hay que acatar sus leyes, sino desafiarlas, burlarse de ellas y transgredirlas. Si los gobernantes españoles miman a los catalanes y les permiten hacerlo todo, lo que hacen, en el fondo, es malcriarlos y, por tanto, perjudicarlos y maleducarlos.

Una sociedad sin normas es el puro desorden —la an-arquía, el no-poder—, y en el desorden siempre pierden los más débiles porque la ley democrática existe para protegerlos, para garantizar sus derechos. Nada de eso entienden hoy ni los gobernantes catalanes ni los españoles.

Si en las escuelas catalanas hay continuos incidentes de violencia es porque en ellas ha desaparecido la autoridad: los maestros carecen de ella y los gobernantes deben acudir a la policía, el nudo poder, aquello que solo debe usarse en las situaciones límite, nunca en las de normalidad. No solo es el fin de la escuela catalana, sino de la misma sociedad catalana, su visible fracaso, el síntoma y el germen de un pueblo cada vez más enfermo.

Todo era previsible desde hace tiempo, todo estaba anunciado, nadie le ha puesto remedio y solo habrá solución cuando los escasos sectores lúcidos de esta sociedad establezcan un diagnóstico y propongan soluciones reales, no solo paños calientes. Algún día habrá que decir que, sin tener ella la culpa, la utilización de la lengua catalana para fines políticos es la causa principal de la división y la decadencia de Cataluña. La pérdida de autoridad del maestro es el símbolo de la presente crisis.