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El PP contrata a Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres

El PP contrata a Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres
Bernat Armangue AP

El PP ha contratado al bufete de abogados que ahora preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres de viviendas, según han confirmado a Efe fuentes del PP.

En contexto: la norma que aprobó el 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión» residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores «vulnerables», y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

El bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, en un comunicado, ha confirmado el encargo del Partido Popular para presentar el recurso de inconstitucionalidad, que correrá a cargo del departamento de Derecho Público, liderado por el abogado del Estado en excedencia Juan José Zabala. El recurso aún no se ha presentado, ya que hay de plazo hasta finales de noviembre.

A favor de esta norma votaron JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC lo hicieron en contra, al creer que es una ley «electoralista» e «inconstitucional», pues un organismo consultivo catalán advirtió de que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.

Para la firma, la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución. Alude a que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat emitió un informe sobre el borrador de la norma y consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto.

Precisa que la ley también ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario, ya que interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler.

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