La Fiscalía pide 6 meses de cárcel a Rodríguez (Podemos) por agredir a un policía

El Ministerio Público pide inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide seis meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez, por haber dado presuntamente una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El Ministerio Público ha remitido al Supremo su escrito de acusación -de tan solo dos páginas- en el que acusa al dirigente de Podemos de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y otro leve de lesiones.

Al margen de la pena de prisión, la Fiscalía solicita inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado, multa de 180 euros más otros 250 euros de indemnización al policía nacional.

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Wert en el centro de la ciudad bajo el lema «Rechazo a la LOMCE».

Según el escrito de la Fiscalía, alrededor de las 11:00 horas, unas 500 personas se reunieron tras el vallado próximo a la catedral, protegido por efectivos policiales, y gritaron: «Perros, hijos de puta», «quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos».

En un momento dado, una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla y ante su edad, los agentes la dejaron pasar pero no acceder al interior del templo, por lo que volvió al otro lado del vallado.

Fue entones cuando el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, arremetió lanzando las vallas a los policías y diversos objetos como piedras, botellas de agua y tomates.

En el curso de dicho enfrentamiento entre manifestantes y agentes, y según el relato de a Fiscalía, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía que sufrió una contusión en la rodilla izquierda y requirió asistencia médica y cinco días para su recuperación, durante los cuales no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales.

No obstante, en su declaración ante el juez del pasado 4 de marzo, Rodríguez defendió que «evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió», por lo que estos hechos son un «episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos».