La Fiscalía saca la peor nota en transparencia de todos los órganos constitucionales

El tercer examen que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha realizado a diez órganos constitucionales para analizar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia otorga sendos sobresalientes a la Casa del Rey, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, mientras que sitúa en la cola al Consejo Económico y Social (CES) y la Fiscalía General del Estado, aunque también por encima del aprobado.

Así se recoge en los informes de evaluación de 2021 sobre una decena de órganos constitucionales en cuanto a la aplicación de las exigencias de publicidad que figuran en la Ley de Transparencia de 2015 y el cumplimiento de las recomendaciones que se les hicieron el año anterior.

En concreto, se han examinado a las Cortes Generales (Congreso y Senado), la Casa del Rey, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, el Consejo de estado, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Según el informe global, recogido por Europa Press, el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte del conjunto de las instituciones evaluadas alcanza un 94%, lo que supone un incremento de 20 puntos respecto al año anterior, que se quedó en el 75,71%.

La Fiscalía no está tan mal

Se trata de una media, ya que hay instituciones que están en un 100% de cumplimiento, como la Casa del Rey, el TC o el Defensor del Pueblo, mientras que al otro extremo la Fiscalía General del Estado sólo llega al 63,7%, el CES al 80,6% y el Consejo de Estado a un 84,2%.

Eso sí, el Consejo destaca que algunas de las instituciones peor puntuadas tendrían una nota más elevada de medirse según la evaluación más reciente realizada con vistas al informe de 2022, como la Fiscalía General del Estado, a la que se calcula que ya estaría en un 95%.

Según el CTBG, buena parte de esta mejoría generalizada se corresponde con la adopción de las recomendaciones que se formularon el pasado año, de las cuales han aplicado en conjunto el 71,2 %. Eso sí, la mayoría ha asumido ya más de las 80% de las recomendaciones, mientras que la Fiscalía sólo la quinta parte.

En todo caso, el Consejo que ahora preside José Luis Rodríguez Álvarez se congratula de que «el nuevo procedimiento de evaluación implantado en el año 2021 contribuya a potenciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y anima a los demás órganos, instituciones y entidades a seguir este ejemplo«.

En sus exámenes individuales, Transparencia subraya que «no puede menos que valorar muy positivamente la evolución del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de la Casa Real», puesto que ha aplicado la totalidad de las recomendaciones que le hicieron en 2021 y ahora su índice de cumplimiento de la información obligatoria se sitúa en el 100%, 21,4 puntos porcentuales más que el año pasado.

Por su parte, el Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) del Congreso se sitúa en el 93%, 4,1 puntos más que en el anterior ejercicio. La institución ha aplicado más del 62% de las recomendaciones efectuadas en 2021 (seis de un total de ocho, pero dos de ellas sólo parcialmente). Aunque el Consejo valora positivamente esta evolución, destaca que «siguen persistiendo algunos de los déficits evidenciados» entonces.

Los déficit del Congreso

«Aunque se publica información sobre los contratos adjudicados según procedimiento de licitación, ésta no se ajusta a lo establecido en la LTAIBG, dado que no se incluye el porcentaje de gasto que cada uno de los procedimientos de licitación suponen sobre el gasto total en contratación», apunta el Consejo.

Por otra parte, afea a la Cámara que siga sin completar la información sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del puesto. Se incluye la información sobre las indemnizaciones percibidas por Diputados, pero no la relativa a los altos cargos de la Administración Parlamentaria.

El órgano que vela por el cumplimiento de esta ley también avisa al Congreso de que basta con que en la página inicial del Portal se incluya la fecha en que se revisó o actualizó por última vez la información obligatoria publicada, sin necesidad de hacerlo por apartados.

También detalla que la información sobre la normativa aplicable sigue publicándose al margen del Portal de Transparencia –concretamente en el acceso ‘La Institución’– y que el Congreso aún no ha accedido a publicar el ‘Registro de Actividades de Tratamiento’.

Senado

En el caso del Senado, su Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se sitúa en el 97,1%, mejorando 10,3 puntos tras haber aplicado el 80% de las sugerencias que se le hicieron hace un año.

El Consejo explica que no llega al 100% por la accesibilidad a la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento, la no publicación sobre las modificaciones de los convenios y el hecho de que la información estadística sobre contratación esté desactualizada ya que se refiere a 2020.