Víctimas de ETA temen que Sánchez use el 'caso Atristain' para blindar sus pactos con Bildu

Preocupación entre un sector de las víctimas de ETA. Temen que, para reforzar sus pactos con Bildu, el Gobierno de Pedro Sánchez utilice como excusa la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obligó a anular los 17 años de condena al etarra Xabier Atristain. Nada más conocerse que Estrasburgo inadmitió a principios de mayo el recurso presentado por la Abogacía del Estado, y el fallo pasó a ser firme, Bildu exigió al Ejecutivo la excarcelación de «más de la mitad» de los presos de ETA.

«El caso Atristain ha sido un rotundo fracaso de la Abogacía del Estado y del Gobierno justo en un momento en el que este último depende de Bildu para lograr mayorías parlamentarias claras. La sentencia europea abre la puerta a excarcelaciones de etarras, lo que se suma al reagrupamiento de presos terroristas que está haciendo el Ejecutivo. Parece claro que Sánchez tiene en la doctrina Atristain un argumento que defender ante sus socios de Bildu», señalan a THE OBJECTIVE fuentes de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero.

En contra de lo que afirman Bildu y Sortu, todas las asociaciones de víctimas consultadas por este diario –AVT, COVITE y DyJ– coinciden en que los efectos jurídicos de la ‘doctrina Atristain’ serán limitados y solo acabarán beneficiando a un número reducido de presos etarras, a pesar de que por el momento ya ha facilitado la absolución de los Gorka Palacios y Juan Carlos Iglesias Chouza (alias Gadafi) por parte de la Audiencia Nacional en dos sentencias recientes de las que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada.

Sin embargo, el temor es mayor a la hora de hablar de las posibles consecuencias políticas que la sentencia de Estrasburgo puede tener en el futuro. La preocupación entre un sector de las víctimas es que el caso Atristain acabe siendo utilizado como excusa por el Gobierno de Pedro Sánchez para consolidar sus pactos con la izquierda abertzale.

Las víctimas, vigilantes y en alerta

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se muestran más cautos que en DyJ. No hablan de temor ni preocupación. Sin embargo, admiten estar «vigilantes» y trabajando ya en «usar todas las herramientas jurídicas» a su alcance para limitar el alcance de la ‘doctrina Atristain‘. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se reunió a mediados de abril con la AVT para mostrarles un informe de la Abogacía del Estado que aseguraba que la sentencia del TEDH, firme desde el 9 de mayo, no pone en riesgo la legalidad del régimen de incomunicación aplicado en España, por lo que el fallo del caso Atristain no se traducirá en ningún caso en una excarcelación masiva y generalizada de etarras como pretenden Bildu y Sortu, añaden desde la asociación presidida por Maite Araluce.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) mantiene una tesis similar. «Aún no sabemos cómo puede afectar a juicios futuros, pero entendemos que no se puede aplicar de forma masiva, generalizada ni con carácter retroactivo a los casos que ya cuentan con sentencia firme. Además, los terroristas que intenten recurrir a la ‘doctrina Atristain’ tendrían que hacerlo uno a uno ante el Tribunal Supremo y solo podrían llegar hasta Estrasburgo si agotan también la vía del Tribunal Constitucional», indican a este diario fuentes de COVITE. En ningún caso, aseguran en el Colectivo, es el Gobierno quien debe decidir si se aplica o no de forma extensiva al resto de etarras la sentencia de Atristain.

El atencedente de la ‘doctrina Parot’

No obstante, desde el colectivo que preside Consuelo Ordóñez dicen estar en alerta ante los posibles movimientos políticos del Gobierno y la posibilidad de que se repita el precedente de la ‘doctrina Parot’. Algo que, según señalan desde COVITE, «nunca debió haberse producido». En aquel caso, el TEDH solo ordenó la excarcelación de la etarra Inés del Río, que fue quien presentó la demanda ante el tribunal de Estrasburgo, al igual que ha ocurrido con Atristain. En aquel momento, afirman en COVITE, el Ejecutivo de Rajoy estaba «cumpliendo con las exigencias de ETA en este final negociado que vivimos, rubricadas en el acuerdo de Gernika de 2010 que ETA y su entorno político acordaron con Zapatero. Una de ellas era expresamente la derogación de la ‘doctrina Parot’, lo cual se hizo con trampas al Estado de Derecho».

«Al contrario de lo que se suele afirmar, el TEDH nunca ordenó la aplicación extensiva y urgente de la derogación de la ‘doctrina Parot’ a las decenas de etarras a los que se les aplicó. Fue el Gobierno presidido por Mariano Rajoy quien ordenó a la Audiencia Nacional, que no era el órgano competente para hacerlo, que lo hiciera de esa manera, arremetiendo así contra la separación de poderes y asestando una herida mortal a nuestro Estado de Derecho», rememora Consuelo Ordóñez. 

Sin embargo, desde la AVT creen que la sentencia del TEDH sobre Atristain no va a tener los mismos efectos que la ‘doctrina Parot’. Entre otras razones, explican fuentes jurídicas de la asociación que preside Maite Araluce, España aún no tenía incorporado a su ordenamiento jurídico cómo aplicar una sentencia de Estrasburgo. Algo que cambió en 2015 con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cualquier etarra que quiera ir al Tribunal Supremo ahora a que se revise su condena mediante un recurso de revisión necesita que el TEDH haya dictado un fallo firme sobre su caso concreto.

«Otra cosa es cómo pueda afectar a los casos futuros que aún no han sido juzgados», añaden desde la AVT, recordando las dos resoluciones con las que el juez De Prada ha absuelto a Gorka Palacios y Gadafi en dos procedimientos que aún no habían sido juzgados. «Al final esto se tendrá que estudiar caso por caso, cada magistrado aplicará esta doctrina según su interpretación jurídica y no todos los jueces van a actuar como De Prada», concluyen las mismas fuentes.

El caso Atristain

El TEDH ha obligado a España a anular los 17 años de prisión a los que fue condenado Atristain en 2013, además de pagarle 20.000 euros de indemnización, después de que el etarra denunciase que mientras estuvo incomunicado en prisión preventiva fue interrogado por la Policía sin la presencia de un abogado de su elección. El preso basaba su recurso en el artículo 6.1 y el 6.3.c del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y preguntaba al TEDH si se puede considerar que la detención en régimen de incomunicación, que sólo ofrece al detenido un abogado de oficio como representante legal y le priva de un abogado de su elección, cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte. 

Lo único que se conoce oficialmente de la jurisprudencia alegada por el Gobierno español en su escrito de oposición previo al juicio, según consta en la sentencia, son dos casos que datan del siglo pasado, uno de Suiza de 1979 y otro de Alemania de 1992, existiendo jurisprudencia mucho más reciente en la corte de Estrasburgo. El primero de los casos referidos por la Abogacía del Estado se utilizó para alegar que el CEDH no establece que una persona deba estar representada por un abogado mientras se encuentra bajo custodia policial. El segundo, para defender que «el derecho a la asistencia letrada no supone necesariamente que el abogado que asiste al acusado sea de su propia elección».

«Desde Dignidad y Justicia entendemos que la Abogacía del Estado podía haber recurrido a jurisprudencia que no ha utilizado para defender los intereses de España en este caso», añaden fuentes de la asociación presidida por el hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000. Este diario ha solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos días al Ministerio de Justicia los escritos de oposición previos al juicio y el recurso a la sentencia del TEDH. Sin embargo, no ha obtenido respuesta.

No obstante, la agencia de noticias Europa Press publicó el pasado sábado que la Abogacía del Estado advirtió en su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de que si la ‘doctrina Atristain’ se consolidaba podría ser invocada como precedente en futuros juicios para invalidarlos. Además, podría perjudicar a la lucha antiterrorista, al tiempo que reprochó a Estrasburgo que con esa sentencia favorable al etarra impusiera a España un estándar reforzado, superior al exigido hasta ahora, sobre el régimen de incomunicación.