La madre de un español detenido en Guinea Ecuatorial anuncia una huelga de hambre

Carmen Montero Suárez, de 83 años de edad y madre de Javier Marañón Montero, uno de los españoles preso en Guinea Ecuatorial desde hace casi 15 meses, ha anunciado en un comunicado que ha dejado de tomar su medicación con la que mitiga el dolor físico por diferentes patologías y que el próximo miércoles, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la antigua colonia española, se pondrá en huelga de hambre indefinida si su hijo no es puesto en libertad «siendo inocente y sin cargos que lo imputen».

«Carmen Montero toma muchos medicamentos al día, como muchas personas de su edad, por diferentes patologías, pero que le hacen sobrellevar un poco el dolor físico. Pero el dolor del corazón no hay pastilla que lo cure, el dolor de una madre que ve como a su hijo Javier Marañón y a su compañero David Rodríguez, los tienen retenidos contra su voluntad desde el 22 enero de 2025, siendo inocentes», se indica en el comunicado redactado por sus hijos y remitido a THE OBJECTIVE.

«Carmen ha dejado de tomar todos los medicamentos porque prefiere morir, si así consigue que alguien, el Gobierno Español, el Parlamento Europeo, el Papa de Roma o cualquier institución, haga algo por sacarlos de una cárcel horrible, porque son inocentes. Ella no para de decir ‘mi vida por la de Javi y Marina (su hija de dos años)’. Nos dice que ella no puede más, casi no puede andar, su sentimiento de impotencia es brutal y no la deja dormir, apenas come ni habla y no pudo viajar a Madrid el día 25 para manifestarse delante del Congreso de los Diputados», se indica en la nota.

Marañón y Rodríguez «siguen sin visitas, enfermos e intentando sobrevivir como pueden en esa prisión», en la que solo reciben una visita consular cada dos meses. Ni sus familiares directos ni el abogado local contratado por las familias han podido verles en la cárcel de Black Beach.

«Pero eso no es lo más grave, si en una semana no hay ningún cambio en la situación de su hijo, Javier Marañón, retenido contra su voluntad en una cárcel de Guinea desde más de 14 meses, nuestra madre iniciará una huelga de hambre indefinida el mismo día 22 de abril, día en que se cumple este injusto aniversario. No podemos seguir en silencio. Necesitamos que esto se vea, que se escuche, que llegue donde tenga que llegar. Nuestra madre es una mujer de palabra, que en una semana dejará de comer y comenzará una Huelga de Hambre hasta que su hijo y David estén en casa», concluye el comunicado con una advertencia al Ejecutivo español y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: «Si nuestra madre fallece, no de hambre si no de pena, qué van hacer ustedes, ¿van a venir a darnos las condolencias?».

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, puso precio en enero a la liberación de dos ciudadanos españoles. El hijo de Obiang anunció que los abogados de Wayang Teknical, la empresa española adjudicataria del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano, habían contactado con la Fiscalía «para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales».

El hijo del dictador ecuatoguineano se refería, en el caso de los españoles, a David Rodríguez y Javier Marañón, quienes se encuentran detenidos desde hace un año en la citada cárcel de Black Beach por presuntos delitos de corrupción, fraude y soborno. El Parlamento Europeo exigió a la antigua colonia española su puesta en libertad hace seis meses. Un total de seis millones de euros les separa de ello. Según indicó Teddy Nguema en sus redes sociales, la compañía de capital andaluz notificó a la Fiscalía que quiere alcanzar «un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la TDT».

Teodorín recordó que Wayang Teknical recibió más de 10.600 millones de francos CFA (alrededor de 16 millones de euros) por la primera fase del proyecto, que conllevaba la implementación de una docena de centros de emisiones en el país africano, «algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos».

Malabo mostró a finales de octubre a los dos españoles de la empresa Wayang Teknical. En las imágenes difundidas por la televisión guineana, se pudo ver juntos a Rodríguez y Marañón durante una comparecencia en enero antes de ser detenidos, por lo que su estado de salud en aquel entonces era mucho mejor que el actual, subrayan familiares de ambos a este periódico. «Los empleados han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», indicó en aquel entonces la voz del presentador de la noticia sobre ambos españoles.

En concreto, se apuntó «al pago de comisiones a altos funcionarios» del Ejecutivo ecuatoguineano por parte de Wayang Teknical para el despliegue de la televisión digital terrestre en la antigua colonia española. «La empresa ha recibido a fecha de hoy el 50% de los 20.000 millones de francos CFA (30,5 millones de euros al cambio actual), pero de las 12 unidades a trabajar, solo cuatro podrían ser recepcionadas incluso con deficiencias graves. Ninguna está lista», prosiguió el locutor. Tras ello, se mostró un extracto de una rueda de prensa del fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema, en la que detalló que la empresa española solo había invertido 3.357 millones de francos CFA (5,1 millones de euros), por lo que los montos están «altamente inflados» debido a las presuntas mordidas. «Tenemos un total de 4.000 millones (seis millones de euros) en sobornos a funcionarios públicos», indicó el funcionario guineano. Esa es la cifra que, en principio, Wayang Teknical debería restituir ahora a las arcas públicas del país africano.

Además, el régimen de Teodoro Obiang puso entonces en busca y captura al también español Roberto Martín Hernández como «principal cabecilla» de la trama. Este último es socio de José Luis Romero Ruiz, el empresario granadino dueño de Wayang Teknical al que Malabo acusa desde abril de los presuntos delitos de fraude y soborno que habrían ocasionado «un grave perjuicio» a la administración pública de la excolonia española. Tanto Martín como Romero se encuentran fuera de Guinea Ecuatorial.

«El modus operandi de la empresa, a través de Roberto Martín, era crear una contabilidad paralela con nombres en clave de personalidades y altos funcionarios públicos que recibían sobornos en el esquema de corrupción creado por ellos para tapar sus verdaderas identidades. Por lo consiguiente, se le requiere ante las autoridades judiciales del país por su colaboración en el pago de sobornos de unos 4.000 millones de FCFA correspondientes a la ejecución del proyecto que, hasta hoy, sigue sin funcionar y solo tiene comprado el 70% del material requerido», contó Teodorín en sus redes sociales.

La televisión ecuatoguineana, por su parte, dijo que los españoles detenidos «han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», ya que tanto David Rodríguez como Javier Marañón revelaron «por qué se habilitó una lista de personas, instituciones y altos funcionarios del Gobierno», sin embargo fuentes familiares niegan que Rodríguez y Marañón hayan admitido algún delito. Además, aún no se les ha notificado nada formalmente.

Eso sí, se incluyeron extractos de declaraciones judiciales de ambos. «Yo sé que hubo una reunión al respecto porque me pilló en la oficina. Viene cada una o dos semanas, se va. Hemos tenido reuniones con los diferentes ministros, tanto de Telecomunicaciones como de Información, estando yo presente en esas reuniones. Sé que para liberar los pagos se le dio dinero a alguien. Hay que conseguir que el ministro de turno ayude», relató Rodríguez. Por su parte, Marañón reveló lo siguiente en el interrogatorio: «(Me decían) ‘Javier, hay que sacar tanto de tal cuenta’. Se sacaba y si eran 20, me devolvían cinco. De 25, me devolvían seis o siete. Unas veces para ellos y otras para cosas de estas de las que he oído», señaló el contable de Wayang Teknical.

Condiciones de encarcelamiento infrahumanas

El Parlamento Europeo reclamó a mediados de octubre a las autoridades de Guinea Ecuatorial «medidas inmediatas e incondicionales», incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los dos españoles detenidos por un supuesto caso de corrupción. En una resolución, la Eurocámara condenó las «condiciones inaceptables de detención» y los «malos tratos» infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico. Además, lamentó la «subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen» y apuntó a la falta de rendición de cuentas judicial, además de a las torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas que se dan en el país africano.

Los eurodiputados aprovechan igualmente para denunciar la «persecución continuada de la oposición política» y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979. «Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión», indicó la resolución en la que se pidió a la Alta Representante, Kaja Kallas, que junto a las autoridades españolas tomase cartas en el asunto y redoblase «los esfuerzos diplomáticos» para desencallar la situación de ambos ciudadanos españoles.

THE OBJECTIVE desveló el pasado mes de mayo que el régimen de Teodoro Obiang había enviado a la cárcel a estos dos trabajadores españoles, uno cordobés y otro granadino, al tiempo que emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Romero, si bien este último nunca tuvo constancia de ello ni se le notificó en ningún momento tal situación.

Teodorín ejerce cada vez más como presidente de facto del país africano en sustitución de su padre, que apenas se deja ver en público. La investigación fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número uno de Malabo y tras las noticias relacionadas con este caso de Wayang Teknical, el régimen de Obiang convocó al embajador español, Francisco Javier Conde, en plena Semana Santa para hacerle hincapié en la independencia del poder judicial en este país africano y quejarse de que la legación diplomática se dirigiese al juez instructor en persona para recabar más información.

También se invitó a España «a respetar la soberanía nacional y la independencia de sus instituciones» en relación con el caso TDT «en el que se encuentran implicados varios ciudadanos, tanto ecuatoguineanos como españoles», según relató la televisión local, que señaló que el proyecto para la puesta en marcha de la televisión digital terrestre «ha decepcionado al Gobierno de Malabo, ya que tanto el propietario en complicidad con varios ciudadanos ecuatoguineanos se encargaban de hacer el agosto en este proyecto».

Los dos empleados españoles llevaban detenidos desde enero, pero fue en mayo cuando se dio publicidad a su «prisión provisional» para que comparecieran ante el juez instructor. El Ministerio de Asuntos Exteriores español guardó silencio sobre este caso en aquel momento a la espera de que se aclararan las causas de la detención, según indicaron a este periódico fuentes próximas a los dos trabajadores.

El propio Teodorín anunció el castigo contra dos funcionarios de la comisaría de la Gendarmería Nacional —el director y un comandante—, junto con el médico de la cárcel de esta institución, por el trato benévolo que habían dispensado a los apresados en las primeras semanas de confinamiento. «Quedan suspendidos y arrestados hasta nueva orden por negligencia en el ejercicio de sus funciones», anunció el hijo del dictador el pasado 9 de abril. Tras ello, los dos españoles quedaron en una situación más precaria, a juicio de las citadas fuentes, ya que la cárcel de Black Beach en Malabo ha sido denunciada en el pasado por Amnistía Internacional como un centro de torturas en el que la brutalidad es sistemática. Los familiares de los detenidos siempre han temido que sean obligados a admitir delitos bajo presión.