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El Gobierno niega que Puig defienda «el interés general» con su propuesta para el Tajo-Segura

El Ejecutivo central mantiene el choque contra la Comunidad Valenciana por su decisión de llevar el trasvase al Consejo de Estado

El Gobierno niega que Puig defienda «el interés general» con su propuesta para el Tajo-Segura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Ximo Puig. | Rober Solsona (Europa Press)

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que anunció que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el por el trasvase Tajo-Segura. Así, ha asegurado que éste defiende el interés de su comunidad y el Gobierno, el de todo el país.

En declaraciones a los medios desde Ciudad Real, Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes «que han sido aprobados por la mesa del agua» y elevados al Consejo de Estado.

Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora «para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo», ha explicado. «El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país», ha respondido.

Puig contra el Gobierno

Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura.

El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener el precio del agua desalada y expresó su «rechazo frontal» a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona y que supondrá triplicar los precios de la misma.

La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos «también para el sector de la agricultura» en esta zona.

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