Los interventores y auditores del Estado también denuncian el acuerdo de PSOE y Junts
Consideran que erosionará los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección públicos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) ha denunciado también el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque «supondría un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado» y podría «erosionar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento de selección de personal público».
Esta asociación, a través de un comunicado remitido a Efe, se une al resto de asociaciones profesionales que ya se han pronunciado sobre un acuerdo político que en su opinión «parece que podría atacar frontalmente la Constitución». Afirma ACSIAE que «junto a otros cuerpos de la Administración, los interventores y auditores del Estado defendimos el Estado de Derecho y la legalidad constitucional en la reacción del Estado frente a los hechos sucedidos en Cataluña en 2017».
Traslada asimismo su «reconocimiento y apoyo» a todos los interventores y auditores del Estado que intervinieron profesionalmente en todos los procesos, haciendo extensivo tal reconocimiento a los restantes empleados públicos que, con objetividad «garantizaron la plena vigencia de la Constitución».
Los interventores y auditores del Estado afirman que «nuestra Carta Magna es la que garantiza la igualdad, el principio de solidaridad interregional, el principio de justicia financiera, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, evitando, entre otros asuntos, que haya Comunidades Autónomas de primera y de segunda».
Manifiesta de igual modo ACSIAE en su comunicado su «apoyo incondicional a todos los jueces y magistrados que ostentan el Poder Judicial, así como a nuestras Unidades de auxilio con la Administración de Justicia, quienes actuando con plena independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley, tratan de defender la legalidad y el resto de valores promulgados en nuestra Constitución».
Al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado le corresponde, recuerda la asociación, la supervisión y control de la actividad económico-financiera del sector público estatal y su adecuación a los principios de legalidad, economía y eficiencia. Con este comunicado se suman a todas las asociaciones judiciales -progresistas, conservadoras y «sin ideología»- más de 100 abogados del Estado, sindicatos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, abogados y un largo etcétera de profesionales que consideran que este pacto puede romper la separación de poderes.
