El Gobierno donó 10.000 euros a un relator de la ONU que criticó las leyes de PP y Vox
Exteriores transfirió el dinero a Morris Tidball-Binz, uno de los expertos que se opusieron a las normas de concordia
Pedro Sánchez y Antonio Guterres en la 77ª Asamblea General de la ONU. | Archivo
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo en 2023 una contribución de 10.000 euros para apoyar el mandato del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el argentino Morris Tidball-Binz. Se trata de uno de los tres responsables de Naciones Unidas que a principios de mayo instaron al Ejecutivo a que «tomase las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Así lo desvela el Ministerio de Asuntos Exteriores en una respuesta a través del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La donación española se produjo, por tanto, unos meses antes de que Tidball-Binz firmase el controvertido informe junto al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, en el que los tres alegaron que dichas normas del PP y Vox pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
Al departamento que dirige José Manuel Albares se le preguntó si el Gobierno había entregado fondos a los mencionados relatores desde que el PSOE llegó al poder hace seis años gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Exteriores revisó el desglose de las contribuciones voluntarias realizadas por España a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), de la que dependen estos relatores especiales, y encontró un único desembolso… justo el año pasado.
«Se comunica que se asignaron 10.000 euros dentro de la contribución voluntaria realizada en 2023 para apoyar el mandato general del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias», señala Exteriores en referencia a Tidball-Binz. «No se ha asignado ninguna cantidad al resto de relatores especiales indicados en la solicitud», se precisa a renglón seguido en la respuesta.
El Ejecutivo incide en que la contribución voluntaria de España «respalda» la labor de la oficina de Derechos Humanos de la ONU
«en el desempeño del mandato global de la Oacnudh y de los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos como son los procedimientos especiales».
El informe de los tres relatores de la ONU se publicó el 5 de mayo, en plena campaña electoral de las elecciones catalanas, y dio pie al Gobierno para arremeter en los días y semanas siguientes contra las leyes de concordia que han sacado adelante algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox.
«Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se indicó en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas regiones, los tres relatores instaron al Gobierno de Pedro Sánchez a que adoptase «todas las medidas necesarias» para garantizar «el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos».
En su opinión, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica», pueden también «acarrear límites al acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos», así como «invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista», ya que omiten «nombrar o condenar dicho régimen».
Tesis «revisionistas y negacionistas»
También apuntaron a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas. En este sentido, señalaron que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenas de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, recordaron que es deber de «todos los poderes del Estado», incluido el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de «todas las entidades de Gobierno» a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos».
«Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación», esgrimieron en el informe tras analizar las iniciativas del PP y Vox.
Moncloa se apoyó en las recomendaciones de Salvioli, Baldé y Tidball-Binz para justificar y presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma de Aragón, con el fin de que el Tribunal Constitucional «defienda la democracia y no vulnere los derechos de las víctimas del franquismo», según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El Alto Tribunal admitió rápidamente a trámite el escrito del Gobierno, concretamente el 17 de mayo, y suspendió la aplicación de dicha ley autonómica.
El relator es una figura dentro de Naciones Unidas un tanto peculiar. En la actualidad, existen 43 relatores en la ONU que trabajan de forma voluntaria y sin recibir remuneración alguna, pero los países pueden hacer aportaciones dinerarias «para apoyar el mandato general» de cada uno de ellos, tal y como confiesa Exteriores en su respuesta.
Por tanto, estos tres relatores no son miembros de la organización internacional, sino que elaboran informes por encargo sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países. Ante la polvareda levantada en España por el citado informe, la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, tuvo que salir a la palestra para subrayar que los dictámenes de estos relatores no son vinculantes.
Además, a raíz de la polémica, se supo que el argentino Salvioli fue invitado en dos ocasiones al Congreso de los Diputados por Podemos y varios socios del Ejecutivo de coalición. En 2018, por ejemplo, hizo hincapié en una comparecencia en la Cámara Baja en que España debía «condenar a los responsables franquistas» pese a la Ley de Amnistía aprobada al inicio de la Transición. Cuatro años después, en 2022, este relator calificó de «insuficiente» la Ley de Memoria Democrática cuando se encontraba en su tramitación parlamentaria, según recordó El Debate.
«Sería valioso y pertinente que se indique de manera expresa que las disposiciones de la Ley de Amnistía (de 1977) no deberían tener ningún efecto sobre los crímenes perpetrados por el franquismo. Es mejor ponerlo así, clarito, para que mañana el Poder Judicial no diga que interpreta conforme al derecho internacional para no perseguir estas causas», recomendó Salvioli hace dos años a los portavoces de los grupos cuando compareció en sede parlamentaria.
