La paradoja de la igualdad de Sánchez: baja el bienestar de las mujeres, sube el de los trans

De un tiempo a esta parte, el movimiento feminista se encuentra dividido entre el feminismo clásico y el transfeminismo. En esta pugna, pese a haber tratado de practicar el funambulismo político, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber priorizado al segundo. Así se desprende de los dos índices más representativos en cuanto a ambos colectivos. Desde 2018, España ha caído veinte puestos en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown (del 5 al 25), pero, por otro lado, se ha logrado colocar este martes, por primera vez, en el primer puesto del Rainbow Map, en donde se hallaba en el undécimo puesto hace ocho años.

Esto es, que durante el mandato de Sánchez, se ha retrocedido en bienestar y seguridad de las mujeres, principalmente por el aumento de las agresiones sexuales y la percepción de menor protección efectiva por parte del Estado, con episodios como los fallos en las pulseras antimaltrato, pero se ha subido en el blindaje de los derechos del colectivo LGTBIQ+ gracias, sobre todo, a la aprobación de la ley trans impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero. Una paradoja, pues las feministas clásicas consideran que la mayor inseguridad jurídica y física se debe también a esta norma.

Por esto mismo, Ana Redondo ha blasonado de este avance en redes sociales, en donde se ha colgado «la medalla de oro en la protección y en la garantía de la igualdad para las personas LGTBI+» como «reconocimiento de mucho trabajo» que continuará. Sin embargo, las feministas han criticado duramente este discurso. «España a la cabeza de la ignominia. Y esta gente (más bien gentuza) ¿cómo tienen la desvergüenza de seguir autoproclamándose feministas?», ha censurado, por ejemplo, Pilar Aguilar Carrasco, presidenta del Partido Feministas al Congreso (PFAC).

«Hasta el 11/05/2026, se han registrado oficialmente 19 mujeres asesinadas por violencia de género (para un total de 1.360 víctimas mortales desde 2003). Hay 4 violaciones al día: una cada hora y 40 minutos. Pero a Igualdá (sic) lo único que le importa es el ‘mapa arcoiris’», ha criticado la feminista Sandra Moreno, doctora en Derecho. «Mientras haya prostitución, pornografía, gestación por sustitución, género y violencia machista, no hay igualdad, ministra. La prioridad que otorga a las personas trans no se corresponde con datos reales. Porque las mujeres somos más, y estamos más oprimidas. ¡Dimita!», ha abundado en este sentido Amparo Mañes, psicóloga que pertenece al PFAC.

Estas críticas hacen referencia a una realidad: España ha caído en el índice de bienestar que elabora todos los años la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). En 2017, se encontraba en el puesto número 5, solo por detrás de Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia, como uno de los países del mundo más seguros y con mayores garantías sociales para las mujeres. Ocho años después, la situación se ha depauperado dramáticamente. España ha caído hasta la posición número 25, y se ha colocado por detrás de países como Estonia (11), Singapur (17) y Emiratos Árabes Unidos (20).

La caída se debe principalmente al apartado del índice que mide la Seguridad. Según los propios datos del Ministerio del Interior, el número de violaciones se ha triplicado en España en este período: ha pasado de 1.700 en 2018 a 5.363 violaciones en 2019. Es decir, un aumento del 215% en ocho años. Pero además el Gobierno tiene otras asignaturas pendientes, como la ley del solo sí es sí (que benefició a centenares de agresores sexuales), la polémica por la ley trans que cuestionan amplios sectores del feminismo o los fallos en las pulseras antimaltratadores.

Por otro lado, el Rainbow Map 2026 de ILGA-Europe, publicado este mismo martes, coloca a España en el primer puesto de Europa por primera vez, con un 89% de puntuación. Supera a Malta (88 %) gracias a la aplicación plena de las leyes de 2023 (autodeterminación de género, despatologización trans, autoridad nacional contra la discriminación y protección intersex). Es un salto legislativo claro y celebrado.

Esto es, que mientras España cae en el índice de bienestar y seguridad real de las mujeres, mejora en reconocimiento de identidad, familia y no discriminación del colectivo LGTBIQ+. No son incompatibles en teoría, pero en la práctica el Gobierno ha invertido un esfuerzo político desproporcionado en el segundo, mientras el primero empeora relativamente. De un tiempo a esta parte, la igualdad se traduce en avance simbólico-ideológico para unos y estancamiento o retroceso medible para las mujeres.