El Gobierno comunica al Supremo que ha recibido 549.596 solicitudes de regularización

El abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha informado este viernes al Tribunal Supremo de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el día de ayer, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.

Lo ha señalado el abogado del Estado durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para estudiar si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como han solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

En una de estas sesiones, en concreto para estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como ha aludido la asociación recurrente.

Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un «chequeo» de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales. Durante la vista, la Asociación Libertad y Justicia ha cargado contra el real decreto para regularización, a su juicio aprobado «por la puerta de atrás» y «saltándose» la soberanía nacional, que descansa en las Cortes.

Y ha advertido del riesgo que supondrá que las personas beneficiarias luego circulen por el espacio Schengen tras haber entrado por una puerta «hecha ad hoc» en España. Como en las vistas que han antecedido a esta, referentes a la solicitud de medidas cautelares por parte de Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, el abogado del Estado ha cuestionado la legitimación de estas entidades para solicitar la suspensión cautelar del real decreto.

El Ejecutivo considera que la mera atribución de esta legitimación en base a los estatutos de estas entidades, como estas han defendido, por su defensa de los valores constitucionales o el ordenamiento jurídico, no es suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.