El fiscal mantiene que la Mesa de Torrent desobedeció al Constitucional porque lo consideran «ilegítimo»
«Acordaron desobedecer y tramitar las resoluciones en la creencia errónea de que su actuación iba a resultar impune», asegura José Joaquín Pérez de Gregorio
El juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. | David Zorrakino (EP)
El fiscal del juicio a los miembros de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha mantenido en el trámite de informes finales que los acusados presuntamente desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) porque «lo consideran un tribunal ilegítimo que no puede en absoluto vincular las resoluciones del Parlament».
«Acordaron desobedecer y tramitar las resoluciones en la creencia errónea de que su actuación iba a resultar impune», ha sostenido el fiscal este viernes durante la última jornada de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La Fiscalía pide para Torrent y los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado penas de hasta 20 meses de inhabilitación por admitir a trámite propuestas de resolución sobre la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía supuestamente a sabiendas de que comportaba desatender autos y sentencias del TC sobre resoluciones parlamentarias de la legislatura anterior.
En respuesta a los argumentos que han expuesto las defensas durante el juicio, ha espetado que «lo que en realidad se está propugnando no es una inviolabilidad parlamentaria sino el principio de impunidad».
Pérez de Gregorio ha reprochado a los acusados «adornar jurídicamente su desobediencia» para defenderse en el juicio, y ha hecho referencia a las dudas que los letrados del Parlament expresaron sobre si tramitar las resoluciones podía contravenir o no la doctrina del TC.
«Mientras que los miembros de formaciones constitucionalistas no tenían ninguna duda, ellos parece ser que sí tenían dudas y decidieron tirar adelante», ha criticado el fiscal.
Durante el juicio, las defensas también han esgrimido que las resoluciones por las que se les acusa eran declarativas y no ejecutivas, a diferencia de las que el TC había anulado antes, y por eso no estaban afectadas por las resoluciones anteriores.
El fiscal ha replicado a este argumento que la Mesa de Torrent tramitó iniciativas parlamentarias que no eran «de carácter intrascendente y una forma de entretenimiento, sino que vulneraban las resoluciones expresas del TC».
Acusación de Vox
Por su parte, el abogado de la acusación popular de Vox, Juan Cremades, ha reclamado una condena por desobediencia porque el TC «de forma reiterada incluso requirió de forma personal a todos los acusados para que se abstuvieran» de tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista, y considera que lo desoyeron de manera intencionada.
Cree que, ante las dudas de los letrados, «lo lógico hubiera sido llevar la consulta al TC para que les dijera si esas resoluciones controvertidas entraban en contradicción con sentencias del mismo tribunal» y si admitirlas a trámite suponía incumplirlas.
Cremades ha valorado que, entre sus funciones, la Mesa debería «garantizar que las resoluciones admitidas a trámite al menos no fueran flagrantemente inconstitucionales», y respecto al argumento de las defensas sobre la inviolabilidad parlamentaria ha sostenido que este precepto no ampara los actos enjuiciados.
