Frenazo a la investigación por fraude fiscal contra el amigo mexicano de Juan Carlos I

Frenazo a la última causa abierta contra dos empresarios del entorno de Juan Carlos I por un presunto fraude a Hacienda de 600.000 euros. El juez de Barcelona que investiga a uno de los médicos de confianza del Rey emérito y al amigo íntimo mexicano del monarca lleva meses a la espera de que Irlanda autorice tomar declaración a este último. Algo que aún no ha ocurrido y que mantiene paralizado el caso, según informan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona abrió diligencias contra el facultativo Manuel Sánchez Sánchez y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a raíz de una querella de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa al doctor de confianza de Don Juan Carlos de ocultar ingresos por importe de 1,3 millones de euros y señala como cooperador necesario al empresario mexicano y amigo íntimo del Emérito, Sanginés-Krause, quien reside en Irlanda.

Se les acusa de haber simulado presuntamente varias ampliaciones de capital en una mercantil participada por ambos para ocultar pagos de origen desconocido al médico que se encarga de los tratamientos antienvejecimiento de Juan Carlos I. Las autoridades irlandesas aún no han contestado a la comisión rogatoria girada por el juez para solicitar la declaración del empresario mexicano en calidad de querellado, según confirman fuentes jurídicas a este medio.

Investigación por fraude

El caso se encuentra paralizado desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona interrogó al médico Manuel Sánchez Sánchez y a su mujer, quien también figura en la querella de la Fiscalía. Ambos negaron los hechos denunciados por el Ministerio Público, según avanzó en septiembre El Periódico de Cataluña.

Fuentes jurídicas confirman a este diario que Sanginés-Krause aún no ha recibido ninguna citación y tampoco notificación alguna sobre la investigación en curso. La causa se abrió poco después de que la Fiscalía Anticorrupción archivase hace un año las pesquisas sobre la fortuna del Rey emérito en Suiza y otros países extranjeros. Una investigación que acabó archivada por la inviolabilidad de Juan Carlos I hasta 2014 y por las regularizaciones fiscales realizadas por el monarca emérito para pagar el dinero que le reclamaba Hacienda.

Aquellas pesquisas ya salpicaron en su momento a Sanginés-Krause y al médico Manuel Sánchez, quien se encarga de los tratamientos antiedad de Juan Carlos I y visita frecuentemente al Emérito en Abu Dabi por ello. En el decreto por el que se dio carpetazo a aquellas pesquisas, Anticorrupción dio por acreditado que el Emérito se gastó 95.365 euros en 2017 y 2018 en servicios prestados por la Clínica DeSánchez, especializada en medicina antiedad y tratamientos de longevidad saludable.

Pagos al médico de Juan Carlos I

Los tratamientos médicos fueron abonados por Sanginés-Krause, quien también sufragó en concepto de donación casi otro millón de euros en viajes y otros gastos al Emérito entre marzo de 2016 y febrero de 2019. El empresario mexicano quedó exculpado de cualquier delito en la primera investigación de Anticorrupción contra el Emérito. Juan Carlos I no declaró en su momento a Hacienda las donaciones de Sanginés-Krause, pero acabó haciéndolo en las sucesivas regularizaciones fiscales que realizó mientras el Ministerio Público le investigaba.

Pese al fiasco en aquel caso, la Fiscalía volvió a la carga contra ambos empresarios vinculados al Emérito el pasado mes de mayo. El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona aceptó investigar los nuevos hechos denunciados por la Fiscalía. La querella presentada por el Ministerio Público no se basa en esas donaciones, aunque en el texto se menciona la existencia de facturas giradas por la clínica de Sánchez a este empresario por los servicios prestados al rey emérito.

Las nuevas pesquisas nacen de la denuncia presentada por la fiscalía contra Sánchez, Sanginés-Krause y la esposa del primero por, supuestamente, simular la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro de este doctor, la Clínica DeSánchez, situada en la zona alta de la capital catalana. Concretamente en el barrio de Pedralbes, donde se sitúa el palacete en el que vivieron durante años la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

Sospechas de la Fiscalía

La sociedad que gestiona la clínica del doctor Sánchez se constituyó en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito por la esposa del facultativo. En enero de 2016, según la denuncia de la Fiscalía, la mujer vendió la totalidad de sus participaciones a su marido, quien pasó a ser socio único de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora.

En esa misma fecha, de acuerdo siempre a la versión del Ministerio Público,  la compañía recibió 245.000 euros de una mercantil radicada en Madrid y creada por el mexicano Sanginés-Krause. «Operación que no se amparó en ningún contrato escrito», alega la acusación. La Fiscalía concreta que las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF presentadas por el médico investigado en el periodo de 2016 a 2018 «fueron solo una mínima parte de las que realmente percibió».

El Ministerio Público sospecha que el doctor «ocultó» en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios profesionales como «médico de reconocido prestigio y con una clientela con elevada capacidad económica». Según la Fiscalía, para «ocultar» esos ingresos el médico habría recurrido a una «estrategia defraudatoria» para la cual habría contado con la «imprescindible colaboración» de su esposa y del empresario mexicano.

De acuerdo al relato de la Fiscalía, esa estrategia consistió en camuflar esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por una empresa de Sanginés-Krause. El Ministerio Público asegura que esas operaciones fueron simuladas y se utilizaron para ocultar los pagos al médico. Los querellados, por el contrario, defienden la legalidad de todas las operaciones y niegan los hechos denunciados por la acusación pública.