Investigan a Interior por filtrar datos de víctimas del terrorismo al entorno de ETA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya investiga al Ministerio del Interior por filtrar información de víctimas del terrorismo al entorno de ETA. La denuncia la interpuso el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que aportó al organismo los informes policiales incluidos en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra diferentes personas por organizar homenajes a presos etarras. Los documentos revelan que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, habría comunicado a la izquierda abertzale información sensible de la estrategia procesal de Portero.

En sus alegaciones, Asociación Dignidad y Justicia señala a Ortiz como la persona que desvelaba de forma periódica información confidencial sobre acercamientos y progresiones de grado de los presos al entorno de ETA antes del traspaso de competencias al País Vasco, que se produjo en octubre de 2021. Los investigadores no identifican al jefe de prisiones de Fernando Grande-Marlaska, pero los documentos en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 son esclarecedores, ya que el nombre de Ortiz aparece de forma íntegra en las comunicaciones desveladas por THE OBJECTIVE.

Los interlocutores del jefe de prisiones eran Joseba Azkarraga (dirigente de Sare) y los abogados de presos de ETA Julen Arzuaga y José María Matanzas, que en 2007 fue condenado a 14 años de cárcel por «integración en organización terrorista». Todos ellos daban debida cuenta de las conversaciones con Ortiz al etarra Antonio López Ruiz, alias Kubati, a quien la Fiscalía pidió procesar hace unas semanas por organizar presuntamente un centenar de ongi etorri, actos de bienvenida a presos que abandonan la cárcel.

Confidencias a ETA

Las confidencias de Ortiz a la izquierda abertzale no se habrían limitado a acercamientos y progresiones de grado de los presos etarras. También podría haber involucrado a las víctimas de la banda terrorista, al revelar la estrategia procesal de, al menos, una de ellas, Daniel Portero, que solicitó en diciembre a la AEPD que investigara el caso por «una clara vulneración» de la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Su padre, Luis Portero, el primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), fue asesinado por ETA en 2000.

El presidente de Dignidad y Justicia aportó a la AEPD un informe en el que la Guardia Civil constata por las comunicaciones intervenidas un mensaje de audio de alguien que se identifica como Joseba Azkarraga. El responsable de Sare explica a sus interlocutores que le ha llamado una tercera persona para comunicarle un recurso interpuesto por Portero. Durante la conversación, el confidente también le explica la situación en la que se encuentra una progresión de grado y el traslado de un preso de ETA.

Los agentes infieren que el individuo al que se refiere Azkarraga en su audio «sería alguien con mayor conocimiento sobre los procedimientos penitenciarios y el estado de los mismos». No interpela a nadie, pero desde Dignidad y Justicia señalan que detrás de la información está Ortiz, ya que los informes de la Guardia Civil están repletos de mensajes con su nombre en los que hace llegar este tipo de información a la izquierda abertzale. Portero registró en diciembre una reclamación para que la AEDP investigara lo sucedido, unas pesquisas que ya se están desarrollando según ha adelantado El Mundo.

En la solicitud presentada, a la que ha tenido acceso este diario, Portero explica que el 9 de diciembre de 2020 se reunió junto a su abogada, Vanessa de Santiago, y el vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Cotobal, con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, la directora general de Atención a Víctimas del Terrorismo y resto del equipo de prisiones. En el encuentro trasladaron la progresión en grado como el acercamiento a las cárceles del País Vasco de uno de los asesinos del padre de Portero, el etarra Igor Solana Matarranz.

Traslado de presos

«En esa reunión trasmití mi preocupación porque los centros penitenciarios estaban en contra de dicha progresión en grado y traslado del mismo. De hecho, el 11 de enero de 2021 envié burofax a Ortiz agradeciendo dicha reunión y recordando la necesidad de colaboración del miembro de ETA  y del resto de asesinos para el esclarecimiento de quienes fueron los jefes de la banda terrorista que ordenaron el asesinato de mi padre antes de acercar a los presos y modificar el grado penitenciario, tal y como establece la Ley General Penitenciaria y Código Penal para terceros grados y libertades condicionales», insiste el texto.

Portero denuncia en el texto que envió a la AEPD que, en marzo de 2021, Instituciones Penitenciarias trasladó a otro de los participantes en el asesinato de su padre (Harriet Iragi) desde Castellón a Logroño, haciendo caso omiso a su misiva de enero. Continúa explicando que en mayo envió varias cartas a Ortiz solicitando resoluciones del traslado de ambos etarras, ya que el presidente de Dignidad y Justicia había iniciado un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Prisiones acabó facilitándole las resoluciones, pero años más tarde la historia regresó como un bumerán. En febrero del año pasado, la Guardia Civil emitió un informe en el que aparece el mensaje de audio citado, en el que alguien informa a Azkarraga de la estrategia procesal de Portero. En esa comunicación, el representante de Sare reconoce que les preocupa «mucho» el tema del traslado, a lo que su interlocutor responde que el preso no va a volver al lugar donde estaba y que «esto tiene ruido mediático, nada más».