guerrilla colombia

Este segundo acuerdo, llega después de que un primero fuese rechazado en un referéndum en octubre, con la mayoría de los votantes diciendo que sentían que el Gobierno era demasiado indulgente con los rebeldes, que han creado dolor y temor en el país durante 52 años motivados por numerosos asesinatos y secuestros.

El nuevo convenio presenta unas 50 modificaciones a petición de Uribe, que van desde la prohibición de magistrados extranjeros a juzgar crímenes de las FARC o el Gobierno a un compromiso por parte de los rebeldes a renunciar a los activos, algunos de ellos amasados mediante el tráfico de drogas. Sin embargo, no se ha incluido una petición clave del líder del Centro Democrático, que exige penas de cárcel para los líderes rebeldes que cometieron atrocidades, así como estrictos límites para una futura participación en la política. Por eso se ha ausentado de las votaciones asegurando que los acuerdos “necesitan de un balance entre paz y justicia, pero en este hay impunidad total”. Este acuerdo revisado tiene como objetivo poner fin a 52 años de conflicto armado que ha matado a más de 220.000 personas, ha dejado 60.000 desaparecidos y millones de desplazados. El pacto de paz sigue a tres esfuerzos fallidos para poner fin al conflicto bajo los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).