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La Justicia condena a la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O

La Justicia condena a la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O

EFE

La Justicia condena a la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O[contexto id=»381726″] al considerar que la declaración de apoyo a los presos, en la que se reivindicaba la autodeterminación de Cataluña, vulnera el derecho de libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la educación.

En contexto: las universidades públicas catalanas suscribieron en octubre del año pasado un manifiesto de condena a la sentencia del referéndum ilegal del 1-O en el que, entre otras cosas, exigían la inmediata puesta en libertad de los presos, denunciaban «la deriva autoritaria» de los poderes del Estado y reivindicaban la autodeterminación de Cataluña.

De esta forma, la Justicia ha determinado que esa declaración vulnera el derecho a la educación, a la libertad de expresión y de libertad ideológica, por lo que la juez ha declarado nula esta resolución y ha condenado al campus a publicar la sentencia en su web y a pagar las costas, informa El Mundo.

«La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y ese deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente», expresa Ana Alonso, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona.

El manifiesto calificaba de injusta a la sentencia del procés, exigía el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados con la consulta soberanista y rechazaba «la represión y la violencia policial». Antes de la celebración del claustro de la Universidad de Barcelona, uno de los miembros pidió la anulación de la convocatoria porque consideraba que esta declaración «excedía el ámbito competencial» de este órgano de representación universitario y, sobre todo, «vulneraba» la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la universidad «al atribuirle a ésta en su conjunto una opinión política determinada, ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad realmente existente y que puede condicionar el libre desarrollo de las ideas de cada uno», informa El Mundo.

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