No somos ciudadanos, somos una fuente de ingresos para la élite del poder

No te lo estás imaginando. Todo cuesta más. Todo se complica. Todo parece diseñado para exprimirte un poco más cada mes: la luz, la cesta de la compra, el alquiler, la hipoteca, impuestos y tasas que ni sabías que existían, aprobadas contra ti en algún decreto oscuro. Esto no es casualidad, es la nueva estructura política.

El Estado -en todos sus niveles: europeo, central, autonómico, diputativo  y local-  ha convertido la vida cotidiana en una maquinaria de extracción continua, una red donde cada uno de tus movimientos —trabajar, consumir, ahorrar, desplazarte, heredar, prestar, donar, etc. —, el mínimo aleteo vital, produce una vibración perceptible por la Araneus Tribotorum  que acude con precisión a envolverte para extraer jugo monetizable. Y esa sopa de proteínas ya no vuelve en forma de servicios que crecen en calidad o extensión. No. Esto ya no parece una estructura democrática de gobierno orientada por el interés general. Pagas impuestos, pagas tasas ocultas, recargos, inflación, pagas incluso el tiempo personal que dedica a succionarte, un negocio de extracción de tejidos que nutre una élite gerencial político-económica creciente y cada vez más boyante.

A estas alturas, resulta evidente que el sistema económico que rodea al Gobierno español -en todos sus niveles- prioriza sostener una estructura extractiva cada vez más costosa, donde el gasto público crece mientras la sensación de retorno comunitario disminuye. Se le puede llamar como se quiera: progresividad fiscal, justicia social, inversión pública, etc. En la práctica, la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras no deja de aumentar, su aportación se consume principalmente por el aparato suctor, y los servicios descendentes prestados a cambio languidecen. Los datos lo corroboran. Sea cual sea el crecimiento del PIB real en España, la pobreza aumenta y se cronifica.

Los ejemplos se acumulan. Millones en campañas institucionales, miles de asesores y centenares de estructuras duplicadas entre administraciones, grasa pública infiltrada por doquier que da cobijo a un cuerpo innumerable de afiliados y, por supuesto, de inutilidad y molicie, salvo su actividad de escorts o groupies de la banda de músicos por el bien común. España tiene uno de los niveles más altos de cargos públicos por habitante en Europa si se suman administraciones central, autonómica y local. Mientras, las dificultades económicas del ciudadano común aumentan.

Miles de millones en sobrecostes de infraestructuras que nunca se usan al nivel previsto o que caen o se rompen trágicamente con su uso ordinario, aeropuertos vacíos, autopistas rescatadas, proyectos que nacen más por interés político que por necesidad real, subvenciones públicas de decenas de millones sacadas de asténicas clases medias que acaban en empresas cuajadas de políticos centimileuristas dentro de sus consejos de administración o estructuras de dirección, mientras autónomos y pequeñas empresas lidian todavía con cuotas injustas del ICO-Covid, burocracia ciega y una presión fiscal extorsiva.

«El resultado es un sistema donde el ciudadano no se siente ‘servido’, como correspondería a una democracia, sino ‘gestionado’»

Un sistema donde puedes pagar impuestos sobre la renta sin tener capacidad de ahorro;  IVA al consumir forzosamente la escasa renta que percibes; impuestos especiales que encarecen productos básicos y de precios siempre ascendentes por la inflación; recargos autonómicos sobre hechos ya impuestos, tasas municipales por basuras que no produces, etc. y, aun así, sentir que todos los servicios públicos siguen en barrena.

La vivienda escasea y se encarece, por los excesos de la intervención pública a través de impuestos y regulaciones manifiestamente contraproducentes. El precio de la energía asciende, pero los cargos regulados siguen ahí. El transporte público empeora, incluso a niveles intolerables de riesgo de accidente mortal, pero el billete no deja de subir. Y cuando algo falla, en realidad, no algo, sino todos los servicios esenciales -sanidad saturada, educación tensionada y de calidad ínfima según los informes más imparciales, universidad hundida en los ránkings de prestigio, justicia lenta y, por tanto, denegada- la solución política vuelve a ser la misma: más presupuesto, más extracción, más carga a la fuente de ingresos, que deja de ser ciudadanía para ser una mera fuente de recursos para la empresa política. El resultado es un sistema donde el ciudadano no se siente servido, como correspondería a una democracia, sino gestionado. Un jamón ibérico colgado en una despensa institucional, cortado loncha a loncha, aprovechado luego en tacos y virutas, hasta llegar al hueso, que se hervirá adecuadamente para hacer un buen cocido impúblico.

Mientras tanto, no tengas duda, el discurso oficial insistirá en que no hay recursos suficientes para todo -sanidad, pensiones, dependencia, vivienda-, aunque siempre aparezcan ricas partidas para nuevos ministerios, direcciones generales rimbombantes, agencias, cargos públicos de asesoría, y una miríada de partidas fallidas en su mejora de lo común, cada vez más difíciles de rastrear y controlar por el ciudadano. Cuando alguien se atreve a seguir la pista del dinero, la conclusión es clara: el sistema de poder público no está diseñado para optimizar el bienestar, sino para sostenerse a sí mismo. E inflarse para dominar más parcelas de nuestras vidas. Porque cada capa administrativa necesita financiación. Cada decisión política propagandista tiene un coste cierto a pagar. Cada medida boba genera otra estructura cegada que la supervise. Así, el ciudadano ha dejado de ser el centro y ha pasado a ser el recurso de un modelo de negocio privado de la empresa Políticos SL.

No eres solo contribuyente. Eres flujo de caja, previsión de ingreso  fiscal, base imponible. Y como todo recurso en la economía de mercado, se te optimiza, se te ajusta, se te exprime. El problema final no es pagar impuestos. El problema es no saber con claridad dónde acaban, ni sentir que vuelven en proporción a su crecimiento. Porque cuando el sistema puede afectar decisivamente tu renta, tu propiedad, tu ahorro y tu consumo sin una percepción de retorno, la diferencia entre ciudadanía y servidumbre se difumina. Y ahí surge la pregunta incómoda. Si cada año aportas más, pero sientes que recibes menos, ¿quién está sirviendo a quién? La respuesta más convincente a esa pregunta podría ser que ya no somos ciudadanos. Que somos, simplemente, un recurso del que la oligarquía político-económica puede sacar un poco más. ¿Y si además de pagar para empobrecernos también estamos pagando para erosionar más nuestras libertades?