El PP solicita al Gobierno una auditoría de todos los terceros grados concedidos por Marlaska
EFE
El Partido Popular ha solicitado al Ministerio del Interior una copia de todos los informes, documentos y expedientes de los reclusos a los que Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado u otros beneficios penitenciarios «que favorecieron el régimen de semilibertad», desde junio de 2018 hasta la actualidad.
En un escrito remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el grupo parlamentario popular requiere de estos documentos al Gobierno, visto el interés que mostró el pasado año el titular de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, respecto a esta política penitenciaria, que pretendía «incrementar» a lo largo de su mandato, según precisó en una comparecencia en la Cámara Baja.
Y, sobre todo, «ante los graves hechos conocidos», que Instituciones Penitenciarias acordó en febrero de 2020 otorgar el régimen de tercer grado a Francisco Javier Almeida, condenado por agredir sexualmente y asesinar a una agente inmobiliaria en 1998, y detenido el pasado jueves como presunto asesino de un niño de nueve años en Lardero (La Rioja), cuando disfrutaba de la libertad condicional.
Una medida que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska concedió al reincidente en contra de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario El Dueso, donde cumplía su condena.
3.000 presos menos
Según publicó THE OBJECTIVE, desde que en Junio de 2018 Ángel Luis Ortiz fuese designado como secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, 385 presos se han sumado al régimen de tercer grado en las cárceles españolas, en base a los últimos informes anuales de ‘Estadística de la Población Reclusa’ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa, 7.801 reclusos disfrutaban de este sistema. Dos años después, esa cifra ha incrementado hasta los 8.186 reos, casi un 5% más. Durante este espacio temporal, además, los centros penitenciarios han puesto en libertad a cerca de 3.000 internos.
Acuerdo de tres líneas
A los motivos esgrimidos en el documento, indican fuentes del Partido Popular a este periódico, se suma que además, Instituciones Penitenciarias otorgó el tercer grado al condenado por asesinato en un escueto acuerdo de tres líneas en el que aludía a la «existencia de cierta evolución positiva» sin explicar las razones por las que corregía a la Junta de Tratamiento de la Prisión, según ha adelantado El Español.
En contra del criterio de Prisiones, los funcionarios de la prisión cántabra habían recomendado mantener a Almeida en segundo grado dado su perfil de delincuente reincidente en delitos de agresión sexual y asesinato.
Entre tanto, el Partido Popular también ha pedido a Interior todos los informes y documentos relativos a la investigación interna que el ministro Fernando Grande-Marlaska anunció tras conocerse que el asesino había disfrutado del régimen de tercer grado, frente al criterio de los funcionarios de prisiones.
