El año pasado, el Estado tuvo que transferir casi 70.000 millones de euros a la Seguridad Social para que pudiera hacer frente al pago de sus obligaciones. Sin ese fenomenal boquete en nuestro sistema de pensiones, que supera el 4% del PIB, ahora mismo España registraría un superávit fiscal cercano al 1%, en lugar de un déficit del 2,2%.
¿Es esto sostenible?
Depende de lo que entienda usted por sostenible. Si se refiere a que los jubilados sigan cobrando, sí, es sostenible. Ningún Gobierno va a asumir el coste electoral de indisponerse con los 11 millones de votantes que perciben una prestación de la Seguridad Social.
Ahora bien, cada euro que gastamos en pensiones es un euro que no gastamos en carreteras ni en la red ferroviaria ni en hospitales. Así que, ¿vamos a tener pensiones? Sí. ¿Vamos a tener socavones? También. ¿Vamos a tener descarrilamientos? No hay que descartarlos. ¿Y vamos a tener listas de espera? Seguro.
En eso consiste la España de Pedro Sánchez: un deterioro general y progresivo envuelto en un discurso falsamente solidario, porque, como demuestran Suecia, Noruega, Holanda o Dinamarca, un país no tiene por qué arruinarse para mantener a sus jubilados.
