El Gobierno y su entorno están indignados con el generoso trato que ha dispensado el Tribunal Supremo a Víctor de Aldama en el caso mascarillas. Les parece inaudito que «un pijo mafioso sin escrúpulos que se decidió a jugar con la vida de los españoles durante la pandemia […] se vaya de rositas».
Y es incontestable la clara desproporción entre la condena de 24 años a José Luis Ábalos y la de cuatro años y medio a Aldama, que además ni siquiera deberá ingresar en prisión.
¿No estamos ante una aberración en términos de pura y estricta justicia?
Sin duda, pero no hablamos de pura y estricta justicia, sino de incentivos. Y la lógica nos dice que cuando el beneficio por cooperar es modesto, la estrategia más atractiva para el reo es respetar la omertá. La propia experiencia y los modelos de laboratorio corroboran esta intuición: los programas más eficaces en la lucha contra los carteles son los que ofrecen impunidad total al primer delator.
¿Y no existe el peligro de que un desaprensivo razone: «Yo voy a corromper, porque si no me cogen, me forro y, si me cogen, canto la gallina y me voy de rositas»?
Sin duda, pero a partir de esta sentencia se ha vuelto una jugada de alto riesgo, porque el premio gordo de la delación se ha disparado y está al alcance del primero, y solo del primero, que quiera beneficiarse de él.
Nadie discute la injusticia de esta asimetría brutal, pero es una injusticia que contribuye a combatir la corrupción general. Esa ha sido la prioridad del Supremo y quienes desde el Gobierno lo critican deberían aclararnos cuál es la suya, aunque todos sospechamos cuál es, porque fue el mismo Gobierno que no tuvo inconveniente en indultar a José Luis Peñas, el delator de la trama Gürtel.
«Quien colabora en la lucha contra la corrupción —proclamó entonces el ministro Bolaños— tiene el apoyo del Gobierno de España».
Pues eso, ¿no?
