15 países adoptan la Declaración de Mombasa para reforzar la ley de control pesquero

Quince gobiernos nacionales de África, Asia, el Caribe, Europa y el Pacífico han adoptado este miércoles la Declaración de Mombasa en la undécima conferencia Our Ocean, comprometiéndose a impulsar la transparencia pesquera mundial y a reforzar los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La Declaración de Mombasa es un llamamiento a la acción dirigido a los estados costeros y de pabellón —aquéllos bajo cuya bandera está registrado un buque pesquero— con el objetivo de avanzar en materia de transparencia pesquera, con especial atención a una mejor recopilación y difusión de información sobre los buques y a un mayor acceso a los datos pesqueros.

La Declaración refuerza el apoyo y el impulso en torno a la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca, que establece diez principios políticos de bajo coste o sin coste que los gobiernos pueden adoptar a escala mundial, tanto en la legislación como en la práctica.

Respaldada por una coalición diversa de países —Bélgica, Camerún, República Dominicana, Francia (por cuenta de sus territorios de ultramar), Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República del Congo, Somalia, Chile y Corea del Sur—, la iniciativa une a naciones comprometidas con el fortalecimiento de la gobernanza oceánica, arrancando una campaña para que otros países se sumen antes de 2027.

A pesar de que España no se ha adherido a la Declaración de Mombasa, ésta llega en pleno debate sobre el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, cuyo texto ya incorpora referencias a medidas para disuadir a personas físicas y jurídicas de nacionalidad española de participar en la pesca INDNR.

Estas cuestiones conectan directamente con los compromisos de la Declaración de Mombasa, que incluyen modernizar los registros de buques, publicar autorizaciones de pesca, reforzar el intercambio de información y recopilar datos sobre los beneficiarios finales de buques y empresas pesqueras.

En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia la actualización del Real Decreto sobre empresas mixtas, una oportunidad para avanzar hacia el registro obligatorio de los beneficiarios finales de las empresas españolas con actividad pesquera fuera de España.

Las comunidades costeras, los pescadores artesanales y las economías que dependen de la vida marina soportan las consecuencias más graves de la pesca INDNR, que amenaza los medios de vida, la seguridad alimentaria y la salud a largo plazo de los ecosistemas oceánicos.

Medidas

La Declaración de Mombasa responde a estos desafíos impulsando medidas prácticas de transparencia, recogidas en la Carta Mundial, para mejorar el acceso a la información sobre la titularidad de los buques, las licencias y la actividad pesquera; reforzar la rendición de cuentas; y permitir una gestión más sostenible y equitativa de los recursos marinos.

Emelia Arthur, ministra de Pesca y Cuicultura de Ghana, afirmó que en su país la «propia existencia depende del pescado» y que el 60% de su proteína animal procede de este recurso, por lo que se alegra de que Ghana sea uno de los primeros países en firmar para luchar de manera conjunta en un foro internacional.

Por su parte, Madame Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca de Francia, manifestó que «Francia se enorgullece de estar entre los primeros apoyos» y recalcó que no se podrá combatir eficazmente la pesca INDNR sin una mayor transparencia y cooperación internacional.

La Declaración de Mombasa se ha desarrollado con el apoyo de la Coalición para la Transparencia Pesquera y sus socios, incluidos expertos académicos y profesionales, que trabajan con gobiernos para promover una mayor rendición de cuentas en la gobernanza y gestión pesquera.

A través de la Declaración, los países firmantes se comprometen a impulsar reformas concretas en materia de transparencia, como la modernización de los registros de buques, la publicación de autorizaciones de pesca y el refuerzo del intercambio de información.

La pesca INDNR es un desafío mundial generalizado que perjudica a las comunidades costeras, distorsiona los mercados y debilita una gobernanza oceánica sólida, con un coste estimado para la economía mundial de hasta 50.000 millones de dólares al año.

Esta práctica contribuye al declive de las poblaciones de peces, amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida, y suele estar vinculada a graves abusos de derechos humanos, incluidas condiciones laborales inseguras y trabajo forzoso debido a la limitada transparencia en la titularidad de los buques.

Maisie Pigeon, directora de la Coalición para la Transparencia Pesquera, señaló que existe un reconocimiento creciente de que una economía azul productiva y sostenible depende de una gobernanza oceánica sólida, destacando que el impulso a favor de la transparencia en el mar es verdaderamente global.

Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana, afirmó que «durante demasiado tiempo, la pesca ha operado lejos de la costa, con una supervisión insuficiente y cadenas de suministro opacas», por lo que defendió que la transparencia es esencial para proteger nuestros océanos.

Steve Trent, CEO y fundador de la Environmental Justice Foundation, declaró que la «transparencia es la forma en que exponemos los abusos» y aplaudió el liderazgo de todos los Estados que respaldan hoy el texto, instando a otros a seguir su ejemplo.

Por su parte, Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch, dijo que «la Declaración de Mombasa de hoy marca un punto de inflexión» para crear una red interconectada en la que los actores ilegales no tengan dónde esconderse.

Antha Williams, responsable del Programa de Medio Ambiente de Bloomberg Philanthropies, indicó que al mejorar el acceso a datos fiables, los gobiernos pueden tomar mejores decisiones para gestionar los recursos marinos, convirtiendo esta visión en acciones significativas para las comunidades costeras.