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La CRUE avala la investigación de la URJC sobre el caso Cifuentes, pero cree que el rector se precipitó

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) avala la investigación que la Universidad Rey Juan Carlos está llevando a cabo sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y valora que la investigación se haya llevado a la fiscalía, pero considera que las primeras declaraciones del rector Javier Ramos fueron “algo precipitadas”.

La CRUE avala la investigación de la URJC sobre el caso Cifuentes, pero cree que el rector se precipitó

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) avala la investigación que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha llevado a cabo sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y valora que la investigación se haya llevado a la Fiscalía, pero considera que las primeras declaraciones del rector Javier Ramos fueron “algo precipitadas”, ha dicho su presidente, Roberto Fernández. Además, considera que, si cualquier político «dice que tiene un máster y no lo tiene, es motivo de dimisión inmediata«.

A pesar de las «graves irregularidades relacionadas con el título de Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid», la CRUE ha defendido la «honorabilidad» de la URJC y de sus trabajadores, así como el rigor y prestigio de los títulos universitarios obtenidos por los estudiantes de dicha universidad. «Quiero dejar el buen nombre de la Universidad Rey Juan Carlos y sus trabajadores por encima de cualquier cuestión», ha dicho Fernández.

Respecto a las declaraciones «precipitadas» del rector, Fernández hace referencia a la rueda de prensa del 21 de marzo, justo después de que eldiario.es publicara las primeras pruebas sobre la falsificación de las notas, en la que el rector de la Universidad, acompañado del director del máster,Enrique Álvarez Conde, y uno de los profesores, Pablo Chico de la Cámara, asegurara que la presidenta de la Comunidad de Madrid “obtuvo la nota de 7’5 por el Trabajo de Fin de Máster (TFM) titulado: El Sistema de Reparto Competencial en Materia de Seguridad Ciudadana». 

Javier Ramos aseguró ante los periodistas que había hablado esa misma mañana con los miembros del Tribunal de defensa del TFM (las profesoras Cecilia Rosado Villaverde, Alicia Esperanza López de los Mozos y Clara Souto Galán) y que todos “confirmaban la defensa del trabajo y la calificación de 7’5 puntos”. Tres semanas después de esas declaraciones del rector de la URJC, el director del master ha confesado que el acta con la calificación del TFM fue falsificada, las profesoras que conformaron el tribunal niegan haber evaluado a Cifuentes y el propio rector ha reconocido que no consta la defensa de ese TFM.

Tras estas declaraciones, fue el propio rector quien solicitó la designación de dos observadores externos en el proceso de investigación de las supuestas irregularidades cometidas en el máster de Cifuentes. En el informe presentado este miércoles, los observadores, Carmen Ruiz y José Ángel Contreras, admiten que no se han entregado todos los documentos requeridos para poder llevar a cabo la investigación ni se han realizado todas las comparecencias solicitadas. Sin embargo, consideran válido el proceso realizado por la URJC, que finalmente ha puesto el caso en manos del Ministerio Fiscal, una decisión que la CRUE apoya.

Por otra parte, la Conferencia de Rectores ha denunciado que algunos políticos han «extendido una sombra de duda sobre el funcionamiento de las universidades» utilizando un hecho concreto para «manchar la reputación» de estas instituciones. Por este motivo, ha pedido a «las fuerzas políticas que mantengan a la universidad española al margen de sus legítimas contiendas políticas«.

Estas declaraciones de la CRUE llegan un día después de que una de las tres profesoras que declararon ante la Unidad de la Policía Adscrita por la Fiscalía por las irregularidades en el máster de Cifuentes denunciara que el director de dicho máster la amenazó. La docente, cuyo nombre aparece en el acta del TFM de la presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó que Enrique Álvarez Conde la presionó para que participara en la falsificación del acta y la amenazó con acabar con su carrera profesional. Además, aseguró que tiene en su poder una grabación con estas amenazas, aunque no ha entregado estas pruebas a las autoridades.

 

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