El delegado del Gobierno defiende ante la jueza que no había elementos para prohibir el 8M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró ante la jueza que antes del 8 de marzo no había «ningún elemento» para prohibir la manifestación del Día de la Mujer, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y siempre se cumplió la ley.

Lo más importante: Franco declaró el miércoles como imputado por un delito de prevaricación, por permitir actos del 8M cuando ya había contagios de coronavirus, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que dirigió un interrogatorio en el que el delegado respondió las preguntas de todas las partes durante casi una hora y media.

Sus argumentos fueron similares a los defendidos luego, como testigos, por tres miembros de su gabinete: el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

«En absoluto puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento, que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, además cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con un derecho fundamental», sostuvo ante la jueza, según explicó a los periodistas a la salida de los juzgados. Incidió además en que «no estaba acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos del 9 de marzo tuvieran relación con la manifestación del día 8, porque el coronavirus tarda en manifestarse 14 días». «Se hizo lo que en ese momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer», afirmó.

Sobre los informes que la Guardia Civil ha remitido al juzgado que consideraban que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación en Madrid y apuntaban que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información, desde «el respeto», Franco reconoce no estar de acuerdo con ellos.

Franco asegura además que no recibió nunca un correo de la sección de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación en el que se proponían consejos para evitar la propagación del coronavirus, y aunque reconoce que antes del 8 de marzo tuvo conocimiento de algunos avisos sobre la propagación del coronavirus publicados por la Comunidad de Madrid, dice que no eran resoluciones, y nunca recibió ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias competentes.

Los miembros de su gabinete también han defendido que se cumplió la ley y el responsable de Seguridad Ciudadana reconoció que se hicieron llamadas a algunos organizadores de concentraciones o manifestaciones para fechas posteriores al 8M para recomendarles que las desconvocaran por posibles contagios, precisando que es una práctica «frecuente» cuando se detecta algún riesgo en las convocatorias.

Este jueves declaran ante la magistrada, como testigos, varios representantes de estos colectivos que finalmente cancelaron actos previstos para los días siguientes al 8M, además de cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno.