El Gobierno pospone su reunión con las grandes eléctricas en plena carga fiscal de Podemos

Casualidad o no, el Gobierno pospuso su reunión con las grandes eléctricas el mismo día en el que su socio en el Ejecutivo planteó elevar la carga fiscal sobre este tipo de empresas con el fin de abaratar el recibo de la luz.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, iba a recibir ayer a la patronal Aelec —que representa a Iberdrola, Endesa y EDP— en un momento en el que la relación entre el Ejecutivo y el sector está más que tensa por varios motivos.

En concreto, Unidas Podemos plantea elevar de un 25% a un 35% el Impuesto sobre Sociedades a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones anuales durante un periodo de cinco años, y con posibilidad de prórroga. También ha venido defendiendo la necesidad de crear una eléctrica pública.

A la propuesta de la formación morada hay que sumar la subasta de electricidad ‘barata’ que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica entre grandes consumidores industriales y comercializadoras independientes.

La idea de la cartera que dirige Teresa Ribera es obligar a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a ofertar electricidad a plazo producida por energía nuclear, hidroeléctrica y eólica. En total serían 15.830 gigavatios hora (GWh) y los contratos deben tener un periodo de liquidación igual o superior a un año.

Todo listo para la subasta inframarginal

El Gobierno no ha fijado fecha, pero ya cuenta con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se fija el precio mínimo al que las eléctricas pueden sacar a puja la electricidad, según adelantó THE OBJECTIVE.

Sin embargo, las energéticas no se quedarán de brazos cruzados y se plantean acudir ante la Justicia europea si es necesario. Han defendido por activa y por pasiva que ya tienen gran parte de su energía venida para este año. «Supone quitar energía a unos para vendérsela a otros», apuntan fuentes del sector.

En este sentido, señalan que, en caso de llevarse a cabo la subasta, tendrán que revisar contratos. Fuentes jurídicas explican a este medio que la situación es «claramente recurrible» y que las empresas lo tienen «relativamente fácil» para que se considere «contrario al derecho europeo».

Transición Ecológica quería haber celebrado la primera subasta antes de que terminara 2021, pero no cumplió con el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. Otro de los momentos de mayor tensión protagonizado entre las eléctricas y el Gobierno fue cuando se aprobó la minoración a los ingresos por generación hidráulica y nuclear.

El sector unió fuerzas contra Ribera y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica no tuvo más remedio que rectificar, aunque impuso nuevas normas que cumplir.

Ajuste de la retribución del Recore

Las comercializadoras de electricidad y de gas natural tienen que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la CNMC una información «transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento». De no cumplir, se enfrentan a multas de entre seis y 60 millones.

Bajo su premisa de rebajar la factura de la luz, Ribera quiere adelantar la regularización de la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) prevista para 2023.

Según la Fundación Renovables, de aprobarse la propuesta, el sistema eléctrico podría recuperar en torno a los 3.000 millones de euros este año —sin tener que esperar al próximo trienio—.

Las plantas del Recore tienen una rentabilidad garantizada del 7,1% durante 25 años y venden su producción en el mercado mayorista (pool). Como el mercado está disparado, influido por los altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, el Gobierno pretende que se adelante el plazo de regularización con el fin de usar la cantidad que reciben de más para rebajar los costes del sistema eléctrico y, por tanto, la parte regulada del recibo de los consumidores.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) tienen previsto volver a reunirse esta semana con la secretaria de Estado de Energía para llegar a un consenso.

Fondo para costear las renovables

Otra medida que creó polémica cuando se anunció fue el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Mientras las eléctricas celebraron el mayor reparto de los costes asociados al régimen retributivo específico del Recore propuesto por el Gobierno, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el fondo serviría para pagar «las fiestas de las eléctricas».

El FNSSE continúa encallado en el Congreso de los Diputados pese a que se creó como proyecto de ley con tramitación urgente. El Ejecutivo no prevé se comience a aplicar hasta el segundo semestre del año.

A todos estos mecanismos hay que añadir la rebaja fiscal a la luz que se aprobó a mediados del año pasado y que se aplicará hasta finales de abril. En la actualidad, está vigente un IVA reducido a la electricidad del 10%, al tiempo que está suspendido el impuesto a la generación del 7% y está reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%).

Junto a la rebaja fiscal, también se adoptó en el último trimestre del año pasado la eliminación del 96% de los cargos de la factura de la luz, pero, desde el 1 de enero de este año, el ‘descuento’ que se aplica es del 32,8%.

Hay que sumar al tema de los cargos una reducción del 4,6% de los peajes de transporte y la distribución de la electricidad. Ambas partidas son los costes fijos regulados de la factura de la luz, que se suman a lo pagado por la electricidad consumida, el alquiler de equipos y los impuestos. Hasta mediados del año pasado podían suponer el 50% de la factura.

El mercado mayorista de electricidad está disparado, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados internacionales y de los derechos de emisión de CO2.

La electricidad ha roto así todas sus barreras alcanzando precios de hasta casi 400 el megavatio hora (MWh) y se espera que durante el primer semestre de 2022 la situación no mejore.