El 5% de los propietarios incumple el ‘tope’ al alquiler tras un mes de su aprobación 

Hace justo un mes que entró en vigor el plan económico contra los efectos de la guerra de Ucrania que incluye el límite al alquiler. Desde entonces, las rentas no pueden incrementarse más de un 2%. Una medida que se tomó con los datos de inflación rozando el 8%. La medida supone reducir en más de cinco puntos esos niveles, a pesar de que las cláusulas de revisión que incluyen la mayoría de contratos de arrendamiento en nuestro país están ligadas al IPC.

Desde el sector inmobiliario han sido muy críticos con esta medida ya que consideran que, de perpetuarse en el tiempo, supondría de facto un control de precios como ha sucedido en Barcelona. Sin embargo, la medida será temporal y estará en vigor, en principio, hasta el 30 de junio. Desde que entró en vigor la norma, la mayoría de los propietarios están cumpliendo con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), tal y como indican a THE OBJECTIVE fuentes del sector.

De hecho, estas mismas fuentes aseguran que la mayoría de propietarios no estaba trasladando de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres tampoco antes de la aprobación de la medida. «La aplicación de ese 7% de IPC puede tener consecuencias de impago, de ruptura de contratos o de pérdida de inquilinos», aseguran a este diario esas mismas fuentes.

Apenas el 5% incumple

El 90% de los propietarios han aplicado el tope del 2% durante este mes, según los datos de la Agencia Negociadora del Alquiler. De entre el 10% propietarios restantes, la mitad de ellos pactaron subidas mayores, de entre el 2,50%-7,6%, y la otra mitad no aplicó ninguna subida.

Hay que tener en cuenta que estas cifras solo recogen los alquileres a los que le tocaba hacer revisión de contrato durante este mes. «En muchos casos, estos acuerdos, se habían producido con anterioridad, donde los propietarios ya habían decidido no aplicar la totalidad del IPC, sino la mitad, cuando el IPC estaba en valores del 7,6% o del 9,8%», explica su director General, José Ramón Zurdo.

Desde el sector insisten en que el Real Decreto solo debería afectar a los arrendamientos que toque la actualización, porque se cumpla la anualidad, en el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de junio, y no tener carácter retroactivo.

Los propietarios pierden

Zurdo lamenta que esta regulación «es un arma de doble filo para los pequeños arrendadores, donde pueden acabar perdiendo aún más poder adquisitivo y tener sus rentas de alquiler prácticamente congeladas». Esto es así porque, al vincularse al IGC, podría ocurrir que, en estos 3 meses que estará en vigor esta medida, o en las sucesivas y probables prorrogas que pudiera haber, porque la situación actual no se arregla en tres meses, este índice se situará, por ejemplo, en el 1,5% o 1%.

Por su parte, la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que agrupa a las principales consultoras inmobiliarias internacionales en España, considera que la medida tendrá efectos contraproducentes, como ya contamos en THE OBJECTIVE.

A juicio de la asociación, esta decisión pone en riesgo la seguridad jurídica del mercado del alquiler al cambiar sus reglas del juego durante un plazo limitado de tiempo, con una medida que, además de ser de dudosa efectividad, podría provocar importantes daños patrimoniales y un frente de litigiosidad de los propietarios hacia el Estado.

Del mismo modo, los expertos del sector consultados consideran que la norma, de alargarse a través de prórrogas, incentivará que haya menos oferta de viviendas en alquiler en el mercado (muchos propietarios retirarán sus activos). Esto supondrá una mayor dificultad de acceso a la vivienda de alquiler, especialmente a colectivos más desfavorecidos o los jóvenes, o sólo a precios todavía más elevados o inasumibles para ellos.