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La población en riesgo de pobreza crece medio punto con Pedro Sánchez en La Moncloa

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) aumentó hasta el 27,8% durante el año 2021

La población en riesgo de pobreza crece medio punto con Pedro Sánchez en La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

Las medidas sociales anunciadas por el Gobierno durante la legislatura y que han servido al PSOE y a su socio de coalición, Unidas Podemos, para atribuirse la creación de un ‘escudo social’ sin precedentes, han tenido poco impacto en la reducción de la pobreza. Es más, los datos oficiales indican que, lejos de disminuir, el riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en España desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa desde mediados de 2018.

La última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) refleja que en 2021 el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) aumentó hasta el 27,8% desde el 27% registrado en 2020. Los datos cribados por THE OBJECTIVE reflejan además que este porcentaje es superior a los datos registrados en los últimos meses del Gobierno de Mariano Rajoy.

En cifras homologadas, este porcentaje fue del 27,5% en 2017 -el último año completo de Rajoy en La Moncloa- y del 27,3% en 2018, cuando el exlíder del PP sólo gobernó medio año. De esta manera, la población en riesgo de pobreza aumentó en medio punto entre el 2018 y el 2021, después de tres años y medio de Pedro Sánchez en el Gobierno.

«Lucha contra la pobreza»

Una cifra que desmonta el discurso público del Ejecutivo de coalición, que se atribuye una reducción de la desigualdad y que presume de haber realizado los mayores avances en materia social de la historia reciente de España. Lleva además tres años diciendo que se han aprobado sucesivamente los Presupuestos Generales del Estados (PGE) con «el mayor gasto social de la historia».

En la sesión de control al Gobierno realizada este miércoles en el Congreso, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, volvió a insistir en que el principal objetivo del Gobierno es "luchar contra la pobreza". En medio del debate fiscal que ha ocupado a la clase política las últimas semanas, la ministra de Asuntos Económicos volvió a recordar las medidas del Gobierno para beneficiar a los ciudadanos "aumentando el PIB per cápita en 2.000 euros, elevando los afiliados a la Seguridad Social, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.000 euros y creando el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

En esta línea, en los últimos días diferentes miembros del Gobierno han salido en bloque a defender su carácter social en contraposición a lo que consideran "políticas fiscales para ricos", tras los anuncios de Andalucía y Murcia de rebajar impuestos. De hecho, la semana pasada se aprobó una rebaja fiscal que sube los tributos a los grandes patrimonios y que, en teoría, favorece a ingresos más bajos, aunque deja a buena parte de la población sin ningún tipo de ayuda.

Tramos de edad

En cualquier caso, los números oficiales no dan la razón al Gobierno, o al menos demuestran la ineficacia de sus medidas sociales. Pese a la gran cantidad de anuncios y políticas en esta línea, en cuatro años no se ha reducido el riesgo de pobreza en España, sino que al contrario éste ha crecido. Y lo ha hecho además en los colectivos más vulnerables a los que este Ejecutivo dice proteger con sus políticas.

Por grupo de edad, la tasa de riesgo de pobreza aumentó 1,1 puntos para los menores de 16 años y 1,2 puntos para el grupo de edad de 16 a 64 años entre 2020 y 2021. Por otro lado, en menores de 16 años, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social pasó del 29,9% en 2018 al 33,2% en 2021, 3,1 puntos de crecimiento bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. En el resto de grupos demográficos las tasas se mantuvieron congeladas: en los mayores de 65 años bajó del 20,7% al 20,5% y entre 16 y 64 años creció del 28,5% al 28,7%

El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población, por tanto es mucho más adecuado para medir el esfuerzo del Ejecutivo para recortar las desigualdades en los ingresos de los ciudadanos.

Tasa Arope

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. Así, la tasa Arope se define como aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material o social severa y baja intensidad de empleo.

En España, el aumento de la tasa Arope se produjo en dos de sus tres componentes durante el Gobierno de Sánchez. Así, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo subió del 10,8% al 11,6% entre 2018 y 2021, mientras que el porcentaje de población en riesgo de pobreza pasó del 21,5% al 21,7%. Por el contrario, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo del 8,7% hasta el 8,3%.

Un periodo de análisis afectado por la pandemia, pero en el que se no se incluye la crisis generada por la guerra de Ucrania. Coincide además con la mayor cantidad de ayudas sociales aprobadas en la última década. En este sentido, el Ejecutivo presume de crear una "red de seguridad" para los más desfavorecidos que incorporó en un comienzo la puesta en marcha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) financiados por el Gobierno y que intentó evitar despidos masivos.

IMV y ayudas covid

Después de la pandemia también se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ayudar a familias sin ingresos con una previsión de llegar a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas beneficiadas. Dos años después el número de beneficiarios se ha quedado en la mitad. También se ha aprobado una sucesiva subida del SMI, que ha pasado de 735 euros en 2018 a los 1.000 euros en 2022.

Del mismo modo, se aprobaron una serie de ayudas covid para evitar desahucios y ayudar al pago de suministros básicos y, desde mediados del año pasado, se han rebajado diversos impuestos para recortar la factura de la luz. Al mismo tiempo se han venido renovando las ayudas al alquiler y se han incorporado bonos a los jóvenes para que adquieran cultura o para que financien gastos de estudios.

Desde este año también ha entrado en vigor la ayuda y las rebajas a los transportes públicos, el bono de 20 céntimos por litro para los carburantes, la revalorización de las pensiones del 8,5% hasta 2023 y la subida del 9,5% en tres años para los funcionarios públicos.

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