Las pymes cargan contra la ley de Yolanda Díaz que les obliga a vigilar los «daños emocionales»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo martes el anteproyecto de ley para reformar la norma de prevención de riesgos laborales. Se espera que esta nueva legislación se apruebe en primera lectura, paso que precedería a una nueva revisión por parte del órgano colegiado para posteriormente llegar al Congreso de los Diputados para su tramitación, que puede ser ardua después de que la reforma haya sido consensuada solo con UGT y CCOO tras romperse una larga negociación con las patronales, ya que CEOE y Cepyme se oponen a algunos de los elementos que incluye esta ley. Consideran que la normativa anterior «es una buena ley», mientras que la ministra la ha definido como «vetusta» y ha recordado que se aprobó en 1995.

Fuentes de Cepyme apuntan a THE OBJECTIVE que las negociaciones superaron los de 20 meses, pero resultó imposible alcanzar un acuerdo, ya que una reforma eficaz «no es sencilla», y la que se ha puesto encima de la mesa no aporta avances relevantes ni mejora en la práctica la prevención. Además, denuncian que el texto «incluye conceptos jurídicos indeterminados, como los daños emocionales o sociales, y considera riesgos las relaciones interpersonales o características personales de los trabajadores», que resultan imposibles de controlar por parte de las compañías, complicando la aplicación.

Asimismo, el pequeño empresariado augura un aumento de las obligaciones y las cargas burocráticas de las empresas, como la evaluación de riesgos graves e inminentes por fenómenos meteorológicos o catástrofes, incluso en desplazamientos, trasladando así la responsabilidad de emitir alertas desde las Administraciones. Más allá de la obligación ampliada a un mayor número de empresas de tener un servicio de prevención propio, las pymes echan de menos el fomento y la extensión entre los trabajadores y empresarios del conocimiento en prevención, de la cultura preventiva. Además, ven con preocupación la limitación de 25 a 10 trabajadores del umbral para que el empresario pueda asumir personalmente la prevención o que solo se permita la bonificación de la formación en prevención a aquellas firmas de menos de diez trabajadores. Todo ello supone dificultades añadidas para las microempresas, que reclaman enfocarse en la innovación y el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en su ámbito económico.

Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, valora positivamente el aumento de las subvenciones públicas a proyectos destinados a la prevención de riesgos laborales, aunque también identifica problemas en el encaje de la nueva legislación en las compañías de menor tamaño. «El proyecto de ley contempla unas particularidades, unas exigencias, que aplicadas a las pymes les va a hacer más difícil, sin apoyos, el aplicar la ley». El representante de las empresas de empleo temporal aclara que su posición no es contraria a la reforma per se, pero sí critica que «ha sido negociada en una fase y cambiada en la fase siguiente», lo que complica el apoyo por parte de las asociaciones empresariales.

Aunque «era necesario adaptar» la legislación vigente a la nueva estrategia de prevención, considera que existen aspectos que castigan a las pequeñas empresas, como por ejemplo «el caso de los delegados de prevención». «En una pyme es más difícil, sobre todo si además se rebaja el número de trabajadores mínimos para tener que implementar esta figura que es necesaria, pero se podría sustituir con delegados territoriales, como de hecho también se hace, es decir, que no atienden solo a una empresa, sino a un sector o territorio», señala. En definitiva, el texto ha puesto en alerta a la pequeña empresa porque «le pone más difíciles las cosas y le implica mayores costes».