La Armada adjudicó un contrato a la petrolera del imputado Hamlyn en 2021

«La Armada española confía en el Grupo Hafesa». El 16 de julio de 2021, el grupo presidido por el imputado Alejandro Hamlyn celebró la formalización de un contrato por valor de 16 millones de euros para suministrar diésel a los buques del ejército. La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada adjudicó a Secicar, la filial especializada en almacenamiento y distribución de hidrocarburos, el contrato frente a la empresa, con sede en Ginebra (Suiza), Element Alpha.

Sin embargo, seis días antes de que se formalizara el contrato por parte del Ministerio de Defensa, la Audiencia Nacional puso fin a la fase de instrucción de un caso que afectaba al presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, por presunto fraude de IVA superior a 154 millones de euros entre los años 2016 y 2019. En el auto, el juez propuso juzgar al dueño del grupo como presunto jefe de la trama.

Unas semanas antes de la adjudicación, el 5 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales recibió un recurso por parte de Element Alpha contra la filial de Hafesa. En su recurso, sostuvo que «el administrador único de la sociedad adjudicataria tenía una incidencia judicial con la Administración Pública». Pero este fue inadmitido. De hecho, aparte de esta adjudicación, el grupo obtuvo otros dos contratos basados en el mismo acuerdo marco, por importes de seis y 15 millones de euros. En conjunto, las adjudicaciones ascendieron a 37 millones de euros. Sobre este contrato, el Ministerio de Defensa ha rechazado hacer comentarios.

Fuentes jurídicas señalan que «el problema es que para que exista en puridad prohibición de contratar tiene que haber sentencia firme de condena. En puridad, en este caso el proceso había finalizado la instrucción, pero faltaba aún el juicio y la sentencia final. Por lo tanto, no se daba la causa de prohibición en el momento de formalizarse el contrato. Si posteriormente, durante la ejecución del contrato, se hubiese producido la sentencia condenatoria, [se podría] estar ante una prohibición para contratar sobrevenida.

»Esta situación —y según alguna resolución de tribunales administrativos de contratación— no es causa de resolución del contrato, salvo que se contemple expresamente en los pliegos. En este caso, los pliegos sí contemplan la pérdida sobrevenida de la actitud para contratar con la administración como causa de resolución. Por lo tanto, si se hubiera producido la sentencia condenatoria firme y el delito está entre los señalados por la ley en las causas de prohibición, el órgano de contratación podría haber resuelto el contrato».

Fallo en el portal

Por otro lado, y paralelamente a esta controversia por los problemas judiciales que tenía el grupo, hubo un fallo en el sistema el último día de presentación de ofertas que impidió a Repsol participar. Según el pliego del contrato, «el plazo de presentación de oferta era hasta el día 3 de marzo de 2021 a las 13.00 horas». Según se detalla, se hizo constar en la Mesa que Repsol manifestó mediante correo electrónico a las 13.09 horas del día 3 de marzo de 2021 su intención de presentar oferta a esta licitación, pero debido a un problema técnico no le fue posible finalizar los trámites.

Defensa solicitó un informe por parte del secretario a la plataforma de contratación y, tras su respuesta, el Ministerio de Defensa reconoció, a través de la Mesa, que «la plataforma de contratación del Estado no estuvo disponible el 3 de marzo de 2021 entre las 12.00 y las 12.30». Sin embargo, remarcaron que «entre las 12.30 y las 14.30 estuvo lenta, pero funcional», dando carpetazo al asunto. No obstante, fuentes jurídicas señalan que sí se debería haber ampliado el plazo para la presentación de ofertas por este fallo técnico, que además fue admitido, en el portal de contratación.

Por último, el empresario Alejandro Hamlyn ha cumplido un año fugado de la Justicia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). En el sector petrolero siguen los interrogantes con respecto a por qué su operadora sigue teniendo licencia para operar pese a la condena que le impuso la Audiencia Nacional a finales de noviembre de 2025 por un fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros.