El juez que investiga el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha citado como imputados a la exministra y exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.
Lo más importante: el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a ambos presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, y emplaza a declarar para el próximo 29 de junio a la exministra y para el 30 a su marido.
El juez cita por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, que comparecerá también el día 30 y llama de nuevo a declarar el 1 de julio a otros dos imputados: el ex número dos de Interior Francisco Martínez y el excomisario José Villarejo.
Lo hace tras recibir un informe policial de Asuntos Internos que «da cuenta de parte del contenido de las agendas personales» que le fueron intervenidas a Villarejo en octubre de 2020, tres años después de su detención en la operación Tándem en 2017. La imputación de Cospedal y López del Hierro se conocía coincidiendo con la comparecencia de éste último ante la comisión parlamentaria sobre el caso Kitchen, quien ya, incluso antes de saberse investigado, esgrimía «indicaciones jurídicas» para negarse a declarar.
En relación con la citación como investigados de Cospedal y López del Hierro ante el juez, solicitada por la Fiscalía en septiembre de 2020, el magistrado explica que procede acordarla en este momento, una vez que se han realizado las declaraciones necesarias (una veintena de investigados y testigos) y estudiado la documentación, fundamentalmente las citadas agendas.
Relata que la investigación abierta ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia Bárcenas, los pagos efectuados a este a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en esas fechas, Jorge Fernández Díaz.
Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener del chófer «información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como «zulo») documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión» de Bárcenas y de su esposa.
El auto añade que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada Operación Kitchen y de su carácter ilícito «al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso».
La resolución recoge las grabaciones del excomisario José Villarejo relacionadas con esa operación, un oficio policial que analiza las agendas incautadas al excomisario, así como determinados pasajes de la declaración prestada por Bárcenas como perjudicado. El magistrado concluye que «resultaría conveniente» escuchar a Cospedal y a su marido declarar «sobre su participación en la captación de Sergio Ríos pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo (un policía imputado en la causa y que fue asesor de la exministra en Castilla-La Mancha), al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar».
En el contexto de los hechos investigados, continúa el juez, también resulta llamativa la aparición del ex jefe de Gabinete de Cospedal en las agendas de Villarejo.
