A ciegas

La desescalada. O el plan de salida del Estado de alarma. La palabra no está recogida en el diccionario de la lengua española. En su lugar, se recomienda el uso de reducir, disminuir o rebajar. Los planes del Gobierno para ir recuperando la actividad social y económica del país tras dos meses de confinamiento pueden desbaratarse por varios frentes y el rebrote de la pandemia no es descartable. Pero ello no sólo depende del comportamiento cívico y responsable de los ciudadanos, sobradamente demostrado durante el encierro, si no de que ese plan contemple todas las medidas de prevención y protección habidas y por haber, esté lo más consensuado posible y dé confianza a los agentes económicos. De no estar a la altura, va a ser imposible sacudirnos esta sensación de ir a ciegas que arrastramos desde el inicio de la gestión de una pandemia que se ha cobrado a 7 de mayo 26.070 vidas en España. Y entonces, sí, la bronca política alcanzará cotas aún mayores e insoportables. Dejando el camino libre a los extremos populistas.

En El infiel y el profesor, el profesor Dennis C. Rasmussen habla de la fructífera amistad entre David Hume y Adam Smith, a quienes considera como los dos grandes forjadores del pensamiento moderno. Representantes de la Ilustración escocesa en la segunda mitad del siglo XVIII, no se opusieron a la clase dominante de la sociedad, sino que fueron miembros admirados y comprometidos en sus comunidades, deseosos de regenerar la vida política de su país tras la unión con Gran Bretaña. ¿Qué ideales les movían? La conducta individual por encima del credo, la tolerancia y el conocimiento humanístico. Sin tener mucha fe en ninguno de los dos grandes partidos mayoritarios de Gran Bretaña, ambos fueron, según Rasmussen, liberales pragmáticos: abrazaron los ideales básicos de la tradición liberal, pero también resaltaron la importancia de la moderación, la prudencia, la flexibilidad y la atención al contexto a la hora de aplicar esos ideales.

Moderación, prudencia, flexibilidad y atención al contexto. Todo lo le que les falta a nuestros dirigentes políticos, salvo raras excepciones, en estos difíciles momentos. Así que el primer término alternativo a desescalada que ofrece la RAE, reducir, bien se podría aplicar al bronco y cada vez más polarizado debate político. Mientras los ciudadanos han cumplido con ejemplar disciplina las interminables semanas de confinamiento, escuchar los improperios que se lanzan nuestros representantes políticos en el Parlamento resulta ofensivo y muy deprimente. Claramente no están a la altura. Es una irresponsabilidad querer usar la frustración, el dolor, el miedo, la pérdida de la seguridad económica, para enfrentarnos unos con otros. Porque el confinamiento nos ha hecho más proclives a desenfocar las ideas  y al fácil desahogo con los medios a mano: los balcones y las redes sociales. Si nuestros políticos insisten en ahondar la división del país, será imposible atender el enorme desafío que se avecina. Las heridas abiertas tras el último Pleno del Congreso para aprobar la prórroga del estado de alarma no invitan al optimismo.

Vayamos con el segundo término: disminuir. Se trata de disminuir el aislamiento social pero sin bajar la guardia. Pero la llegada de un tiempo veraniego ha animado a la gente a salir en tropel a las calles, dificultando el distanciamiento social exigido. Y naturalmente han saltado las alarmas ante algunas imágenes de comportamientos irresponsables. Pero el Gobierno no ha ayudado mucho a concienciar de la necesidad de protegerse. La obligatoriedad de hacer uso de la mascarilla, cuya eficacia está sobradamente demostrada pese a lo que ha tardado el Gobierno en decidirlo, choca con la falta de las mismas en parte del transporte público. Tampoco los guantes. Ni por supuesto los tests. Salvo los casos graves de ingreso hospitalario, estos parecen estar reservados para políticos y futbolistas.

Personas que han tenido los síntomas del coronavirus y pasado las dos semanas de cuarentena y siguen sintomáticas no saben si siguen contagiando y van a incorporarse hoy o en breve al trabajo. La ministra Irene Montero arrastró el virus más allá de un mes. La vicepresidenta Carmen Calvo también. ¿Cuántos ciudadanos están en su misma situación pero siguen sin tener acceso a una sola prueba? ¿Y qué decir de los sanitarios? De forma que se enfrentan a la disyuntiva de volver al trabajo sin saber si contagian o si deben quedarse en casa y arriesgarse a perderlo. Tests, tests, tests. Es la recomendación de la OMS desde el principio de la pandemia y la clave del éxito de los países que han sabido contener el virus en sus territorios.

Pero aquí siguen sin hacerse. No en la medida que requiere la grave dimensión de la crisis sanitaria en nuestro país. Portugal, con 107 fallecidos por millón de habitantes ha hecho 46.116 tests por cada millón. España, en esa misma proporción, tiene 553 fallecidos y ha hecho 41.332 tests. O lo que es lo mismo, esa cantidad se debería multiplicar por cinco para estar a la altura del seguimiento de la enfermedad que se está haciendo en nuestro querido vecino. Este sigue siendo el principal punto ciego del plan de desescalada del Gobierno. Si no se localiza la enfermedad y se aíslan los casos, el riesgo de un rebrote del virus es muy elevado. Y cualquier plan A, B o C, resulta inútil.

Y por último, rebajar. Rebajar al máximo el daño en la actividad económica y el empleo. Los datos de distintos organismos sitúan la caída del PIB de España para este año entre el 9% y el 15%, con una subida del paro, ERTE’s aparte y sin saber aún lo que pueden prolongarse, al 20%. Todos los programas sociales en marcha y las transferencias extraordinarias de ayudas a las CCAA sumado a las previsibles caídas en los ingresos fiscales elevarán nuestro déficit a cerca del 11% del PIB, con la consecuente necesidad de aumentar el endeudamiento en los mercados internacionales para sufragar esa diferencia. La deuda nacional, ahora en el 99% del PIB, se puede elevar hasta el 120%. España será de las economías más castigadas de la eurozona.

De ahí la importancia de alcanzar un pacto nacional de salvamento económico para presentar a Bruselas. Pero no parece que haya voluntad política. Además, España, que clama la solidaridad europea ahora, no presenta los mejores credenciales en cuanto a rigor fiscal. En 2019 el déficit creció tres décimas hasta el 2,8%, quebrando la tendencia a la baja desde 2012, incumpliendo lo pactado con Bruselas. Pero el Gobierno no tiene más opción que pedir de nuevo ayuda a Europa. Un ente que está ahí para sacarnos de apuros, pero que si nos impone condiciones a cambio de su solidaridad es muy tentador convertirla en la culpable de todos nuestros males, fruto a menudo de decisiones de política económica equivocadas. Alimentando así la hostilidad hacia la UE, que ya está calando profundamente en Italia.

Lo que es cierto es que se avecina un shock económico sin precedentes desde la Gran Depresión que pondrá a prueba los mecanismos de solidaridad de la UE. Y no está claro el desenlace. Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán contraria a las políticas expansivas del BCE y con una Holanda y la propia Alemania acosadas en casa por el alza de los partidos nacionalistas y populistas contrarios a brindar esa ayuda solidaria, todo apunta a que los acuerdos tardarán más de lo deseado en alcanzarse y pueden llegar tarde. Y que tarde signifique que a los defensores de Europa, socialdemócratas, liberales y conservadores, les tomen el relevo sus enemigos en los extremos, empeñados en destrozar los logros conseguidos en sus 70 años de historia.