Las prisas de un gobierno en llamas
«Pareciera que Sánchez y ERC necesitaran que haya desaparecido el delito de sedición del Código Penal cuanto antes por si hubiera alguna sorpresa jurídica»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Nadie puede negar que el Gobierno de coalición está descompuesto, que el Ejecutivo tiene enfrentamientos internos y externos y que arrastra ministros acosados por escándalos que unen a propios y extraños en contra. El presidente planea por encima de los problemas. Para él, el origen de todos los males es la oposición por hacer o por no hacer, pero siempre la oposición. Un presidente que omite sus errores y que intenta que otros arreglen lo que sus leyes rompen. En esta situación, lo más paradójico es que ese gobierno pese a la complejidad interna del pacto con Unidas Podemos y pese a la necesidad vital de los apoyos parlamentarios de los partidos independentistas y nacionalistas, ha vuelto a sacar adelante, por tercer año, sus presupuestos generales. ¿Cómo? Entregando todo lo que le pidan.
Por ello, muchas cosas han quedado dañadas en el camino. Algunas seriamente. La separación de poderes, podría ser la primera. Es verdad que siempre la tendencia del poder ejecutivo, y así se lo permite el sistema electoral, ha sido la de tener el control del poder legislativo. Una tendencia que Moncloa ha llevado a máximos hasta el punto de que la mayoría de los grandes proyectos del Gobierno han tenido un recorrido exprés en el Parlamento que ha impedido su negociación, su estudio, que la oposición trabajara las enmiendas y en los que se ha ignorado y obviado los informes preceptivos de los órganos consultivos. Y así pasa lo que pasa.
No parece que Sánchez haya tenido mucha estima nunca por respetar las competencias de los otros poderes. Con los años ha ido a peor. Pareciera que se ha contagiado de las ansias que tenía, y tiene, Pablo Iglesias sobre el control de jueces y fiscales. Hace años sonó a desliz cuando Sánchez reivindicó con toda naturalidad el control total que tenía el gobierno de la Fiscalía. Pasado el tiempo no se sonrojo ni un segundo cuando hizo nombrar como fiscal general del Estado a la que había sido hasta unas semanas antes, su propia ministra de justicia en el gobierno.
Ahora ha ido más lejos en su propuesta al nombrar al que también fuera ministro de Justicia en su gobierno, y por cierto autor del trabajo de los indultos del procés, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del ministerio de la Presidencia, Laura Díez, a las dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional que tiene que nombrar el Gobierno. Una propuesta que para algunos ha sonado a provocación porque con sus dos candidatos ha intentado retorcer la legalidad al forzar la renovación por tercios, sin que el CGPJ haya nombrado a los dos suyos. Obviamente el propio Constitucional tardó solo horas en pararlo. Eso, sin entrar en las consideraciones éticas que supone la idoneidad de unos candidatos al TC que tendrían que decidir sobre la constitucionalidad de leyes hechas por el mismo gobierno en el que ellos estaban. Algunos alegan que lo lógico es que tuvieran que renunciar por incompatibilidad en esas discusiones, pero nada parece lógico en tiempos de Sánchez. No olvidemos tampoco que se sigue sin renovar el CGPJ por el bloqueo del Partido Popular y por la negativa socialista a modificar el sistema de elección de los miembros. Y no parece que haya visos de solución a corto plazo tras su apuesta por la derogación de la sedición.
Y llegamos a la sedición. En estos años la decisión política más importante de Sánchez ha sido corregir una sentencia del Tribunal Supremo: el indulto a los condenados independentistas por sedición. Un indulto que permitió que salieran de la cárcel los secesionistas, pero que les mantenía la inhabilitación para cargos públicos o que no afectaba a la situación de Puigdemont y los otros prófugos. Dicho esto, Sánchez nunca olvida que necesita los votos de ERC para seguir en la Moncloa y por eso no le ha importado elaborar un argumentario lleno de medias verdades y mentiras enteras para justificar no ya la reducción de penas, sino la derogación del delito de sedición. Una aberración política y jurídica que Sánchez ha acelerado para que esté aprobado cuanto antes. Aunque primero negaba su relación con los Presupuestos luego hizo coincidir su arranque en el mismo día con publicidad, nocturnidad y alevosía. Y el segundo trámite era aprobado este jueves con los votos de siempre.
Es difícil entender estas prisas. Pareciera que Sánchez y ERC necesitaran que haya desaparecido el delito de sedición del Código Penal cuanto antes por si hubiera alguna sorpresa jurídica. ¿Y cual podría ser? La única explicable es que todavía hay una decisión muy significativa a la espera de decisión. La tiene que tomar la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y trata nada más ni nada menos que sobre los recursos presentados, entre otros, por el PP, Vox y tres diputados de Ciudadanos contra los indultos a los nueve líderes del procés condenados en octubre de 2019 a penas de prisión por sedición. Algunas fuentes jurídicas aseguran que la decisión podría conocerse a principios del próximo año. La tardanza la explican por la complejidad de agrupar los distintos recursos y que haya una resolución conjunta.
Nada se ha filtrado sobre el sentido de la decisión que tome el tribunal, pero si decidiera anular los indultos que concedió el gobierno los condenados tendrían que volver a prisión. A no ser que el delito de sedición por el que fueron condenados ya no existiera. Y eso parece cercano. En esta hipótesis el escándalo sería gigantesco, pero si siguiera el delito de sedición vigente y tuvieran que volver a prisión, es difícil imaginar la situación y lo que supondría para la vida política española y por supuesto para el gobierno de Sánchez.
Sería un terremoto político para un gobierno que ya está en llamas. Sánchez ya tiene un gobierno con ministros abrasados o casi en funciones como las dos ministras candidatas a alcaldesas. Los más abrasados son Fernando García-Marlaska e Irene Montero, pero son intocables. La caída de Marlaska, al que rehúyen incluso sus colegas de gabinete, supondría, como informaba este jueves THE OBJECTIVE, poner en riesgo las relaciones con Marruecos con el que Sánchez ha hecho una arriesgada apuesta personal. Y la ministra de Igualdad es intocable porque su cese, que pide en silencio el resto de los ministros socialistas, lo impide el pacto de coalición con Unidas Podemos.
Un gobierno en llamas que olvida a su electorado, que pacta con independentistas y que incluso enfada a sus feministas, es un problema que está carcomiendo intelectualmente a muchos candidatos socialistas para las próximas elecciones. No solo a los barones de «marcha atrás”» como Page y Lambán, que reniegan de lo que ven, pero cuando lo dicen en público no tardan en auto rectificarse y autoflagelarse tras las llamadas amenazantes desde Ferraz. Los incendios se suceden. Solo se deja de hablar de ellos porque llega otro más grande y lo tapa. Cada vez llegan más y más rápidos. La duda es hasta cuando Sánchez y España pueden aguantar con esta política de tierra quemada.
