Feminismo punitivo
«Su éxito legislativo responde a la interesada asunción por parte de nuestros representantes políticos de que sus electores son tan narcisistas como parecen»
Ángela Rodríguez 'Pam' e Irene Montero.
Corren malos tiempos para el consenso, pero buenos para el que nuestros representantes políticos mantienen sobre la necesidad de agravar las penas, especialmente en los delitos contra la libertad sexual. Tanto la izquierda (en tiempos, abolicionista del Derecho Penal), como la derecha (en tiempos, liberal e ilustrada) han sucumbido a la tentación del populismo punitivo y de una manifestación que apenas osa decir su nombre: el feminismo punitivo. En síntesis, el feminismo punitivo sostiene que los delitos tipificados contra la libertad sexual de las mujeres deben multiplicarse y su sanción agravarse.
Aparentemente, el consenso a favor del feminismo punitivo resulta obvio y discreto. Resulta tan obvio, que no necesita hacerse explícito. Por las mismas, tal consenso es tan discreto, que pasó desapercibido durante las amargas disputas del Gobierno Sánchez sobre la reforma de la llamada ley del sólo sí es sí. Es decir, mientras todos los políticos alardeaban de más feminismo punitivo que sus adversarios, nadie reparaba en la desproporción de ciertas penas en los delitos contra la libertad sexual. Recordemos, por ejemplo, que los delitos de homicidio y agresión sexual pueden ser castigados con penas equivalentes, pese a que parece razonable disuadir al que mata con más castigo que a quien viola.
Los penalistas nos dicen que en buena parte ello se debe a la transformación de la ciencia penal en una victidogmática, en una victimología. Es decir, el Derecho Penal actual ya no se preocupa centralmente por prevenir la comisión de delitos y evitar así que el delincuente vuelva a cometerlos (prevención especial). Tampoco por procurar que los demás ciudadanos sean conscientes de que no se debe delinquir (prevención general). En realidad, el Derecho Penal actual rinde pleitesía a las víctimas.
«Tendemos a identificarnos con la víctima, porque es ‘de los nuestros’»
Naturalmente, esto supone distorsionar el papel de la pena, cuyo objetivo no puede ser propiamente «proteger a las víctimas» (pues una vez cometido y juzgado el delito, en rigor la pena no «protege» a esa víctima de ese ofensor), ni tampoco satisfacer el instinto de venganza de la víctima (que, no por fácilmente explicable, sirve de justificación al castigo).
Pero entonces, ¿por qué la política criminal gira en torno a la víctima? Hoy resulta llamativo que ante el relato de un crimen, tendamos a identificarnos con la víctima no tanto por empatía, como por corporativismo, por así decir. Es decir, tendemos a identificarnos con la víctima, porque es de los nuestros. En un permanente arrobo de superioridad moral nos resulta fácil imaginar que somos víctimas; pero jamás victimarios. Somos capaces de ponernos en el lugar del que sufre una ofensa, pero somos incapaces de siquiera suponer que podamos causarla. ¿Y para qué moderar entonces unas penas que jamás se nos aplicarán a nosotros, «seres de luz», y que, a cambio, sí servirán para disuadir a «los malos»?
En este escenario, el éxito legislativo del populismo y el feminismo punitivos responde a la interesada asunción por parte de nuestros representantes políticos de que sus electores son tan narcisistas como parecen. En su presuntuosa autoidealización, los ciudadanos de hoy se sienten tan incapaces de delinquir como legitimados para reprimir desproporcionadamente a quien lo haga. Evidentemente, nuestros políticos lo saben y no están dispuestos a defraudar a sus electores.
Alfonso García Figueroa es catedrático de Filosofía del Derecho.
