Fondos Next Generation para pagar a la Old Generation

14 millones de euros. Casi 17 con impuestos. Una sola oferta. Y una de las infraestructuras digitales más sensibles que puede comprar el Estado. Empiezo por el dato porque el dato lo dice casi todo.

Hace unos días conocimos por este mismo diario que el Ministerio del Interior había adjudicado el desarrollo de un nuevo Sistema de Registro Central de Extranjeros y de un nuevo Sistema de Expedición de Documentos, incluyendo la migración de la información del sistema actualmente en producción. No hablamos de una aplicación menor ni de una web ministerial. Hablamos de una infraestructura crítica para la gestión de la identidad administrativa de los extranjeros vinculados con España.

El contrato se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, a puerta cerrada, sin concurrencia competitiva real y con una única oferta sobre la mesa. Ninguna otra empresa pudo competir para construir una pieza tecnológica de enorme sensibilidad para el Estado.

Desde la Asociación Española de Startups lo hemos recurrido, y el procedimiento ha quedado de momento suspendido. No hay nada temerario en ello. Es una herramienta legal que existe precisamente para que los controles funcionen cuando hay dudas razonables.

Y quiero ser claro, con todas las letras. No cuestionamos la solvencia ni la honorabilidad de ninguna empresa. No acusamos a nadie de nada. No señalamos a ninguna compañía. No afirmamos que haya habido irregularidad ni ilegalidad. Eso corresponde decidirlo a quien tiene que decidirlo.

Lo que planteamos son dudas razonables sobre el procedimiento. Un contrato de este tamaño y de esta sensibilidad merecía competencia. No la hubo. Y esa ausencia de competencia exige una explicación política, no solo una justificación administrativa.

Porque el Registro Central de Extranjeros no es una base de datos cualquiera. Es el sistema que soporta información esencial sobre identidad, residencia, situación administrativa, documentación y trazabilidad de personas extranjeras vinculadas con España, tanto residentes como no residentes. Puede condicionar quién consta, cómo consta, desde cuándo consta y con qué efectos consta ante el Estado. Puede afectar al acceso a derechos, a procedimientos administrativos, a autorizaciones, a expedientes, a prestaciones y a relaciones esenciales con la Administración.

Y puede proyectar efectos sobre algo especialmente delicado: el censo electoral. No porque esta plataforma elabore por sí sola el censo, sino porque los datos de identidad, residencia y situación administrativa que gestiona forman parte del ecosistema de información sobre el que se apoyan registros esenciales del Estado.

Eso no es un detalle técnico. Es una cuestión institucional de primer orden. Cuando un sistema público incide sobre datos que pueden terminar conectados con la composición del censo electoral, lo que está en juego no es sólo eficiencia administrativa. Está en juego la integridad de registros esenciales y, en última instancia, la soberanía nacional del pueblo español, que se expresa a través de procesos electorales fiables, auditables y limpios.

No afirmo —insisto— que este contrato concreto haya alterado nada de eso. Afirmo algo mucho más simple: cuando lo que se adjudica es una infraestructura que sostiene identidad administrativa, documentación, residencia y datos con posible proyección electoral, el listón del control no puede bajar. Tiene que subir.

Y aquí ha ocurrido justo lo contrario: a mayor sensibilidad, menor competencia.

Cuando el Estado compra una infraestructura así, no basta con cumplir formalmente un expediente. Tiene que demostrar que ha buscado la mejor solución posible, que ha permitido competir a quienes podían aportar valor y que ha sometido la decisión al máximo escrutinio técnico y público. En tecnología crítica, la transparencia no es un adorno procedimental: es una garantía democrática.

El recurso sigue ahora su curso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al que corresponde resolver y calificar lo ocurrido. Respetaremos, faltaría más, lo que decida ese órgano independiente. Nuestro papel no es sustituir a nadie. Nuestro papel es lograr que los controles que existen sirvan para algo.

Pero el Gobierno no puede esconderse detrás de la complejidad técnica de la contratación pública. Gobernar también consiste en decidir qué tipo de mercado se crea desde el BOE, qué empresas tienen acceso real a los grandes contratos, qué tecnología se impulsa con dinero público y qué modelo productivo se premia.

Cada adjudicación relevante manda una señal. Y la señal que recibe hoy el ecosistema innovador es demasiado clara: si eres una startup tecnológica española, si eres una empresa joven, si tienes capacidad pero no un historial de décadas contratando con la Administración, la puerta sigue prácticamente cerrada.

Conviene decir también quién no tiene la culpa.

No la tienen los funcionarios. Quien gestiona la contratación pública trabaja con las herramientas que el Estado pone en sus manos y lo hace, en la inmensa mayoría de los casos, con rigor y buena fe. El problema no son las personas. El problema son las reglas, las prioridades y la falta de voluntad política para cambiarlas.

La Ley de Contratos del Sector Público, pensada para garantizar seriedad y proteger el dinero de todos, funciona hoy demasiadas veces como un tapón a la innovación. Sus exigencias de solvencia, experiencia previa y referencias en grandes contratos levantan un muro casi invisible que protege a los incumbentes y deja fuera, de facto, a las empresas jóvenes. No por mala fe de nadie, sino por puro diseño normativo.

No hablo de ninguna empresa en concreto. Hablo de un patrón: una contratación pública que dice buscar innovación, pero que en la práctica premia a quienes ya estaban dentro; unas reglas que convierten la experiencia previa en barrera de entrada; y una supuesta seguridad que demasiadas veces sirve como coartada para no competir.

Llevamos años escuchando discursos sobre digitalización, soberanía tecnológica, emprendimiento, innovación y reindustrialización. Pero cuando llega la hora de comprar de verdad, el resultado práctico suele ser el mismo: procedimientos cerrados, barreras de entrada imposibles, solvencias diseñadas para quien ya estaba dentro y una Administración que acaba comprando el futuro con las reglas del pasado.

No se puede proclamar que las startups son estratégicas y, al mismo tiempo, construir una contratación pública que las deja mirando desde fuera. No se puede pedir a las empresas jóvenes que escalen, que creen empleo cualificado, que atraigan inversión y que compitan globalmente, y luego cerrarles la puerta cuando el mayor comprador del país es la propia Administración.

Mientras tanto, más de 10.000 startups españolas capaces de construir tecnología puntera, segura y soberana siguen ante una puerta que casi nunca se abre. No pedimos trato de favor. No pedimos alfombras rojas. Pedimos poder competir. Porque cuando el combate es justo, no gana la startup ni gana el gigante: gana el ciudadano, que recibe mejor tecnología, mejores servicios y mejor uso de sus impuestos.

Por eso el debate de fondo no termina en este contrato. La cuestión es si España quiere reformar de una vez la contratación pública para que la innovación deje de ser una excepción heroica y se convierta en una práctica normal de la Administración. Si queremos una compra pública diseñada para este siglo, con controles, sí, pero con controles inteligentes; con garantías, sí, pero no convertidas en excusa para bloquear la competencia; con seguridad jurídica, sí, pero sin confundir seguridad con inmovilismo.

Y permítanme el apunte, porque viene al caso y porque explica el título de este artículo. Para exactamente esto llegó la mayor inyección de recursos europeos de nuestra historia reciente: los fondos Next Generation. El nombre lo decía todo. Eran fondos para transformar, modernizar y preparar la economía del futuro. Fondos para digitalizar, reindustrializar, innovar, ganar soberanía tecnológica y construir capacidades nuevas.

Sin embargo, en España hemos visto cómo gran parte de esos recursos ha acabado destinada a pagar pensiones. Y no hablamos de una sospecha marginal ni de una exageración retórica. Es un hecho público y notorio: fondos concebidos para financiar la próxima generación se han utilizado para tapar agujeros de un sistema de pensiones obsoleto e insostenible.

Ahí está la paradoja. Los fondos llamados Next Generation terminan sirviendo para pagar a la old generation, mientras las startups, las empresas tecnológicas y los proyectos capaces de construir el futuro siguen peleando por entrar en una contratación pública cerrada, lenta y diseñada para los de siempre.

Una oportunidad como la que nos ha dado la Unión Europea con el Plan de Recuperación no es fácil que se repita. Y el Gobierno no ha querido o no ha sabido aprovecharla como debía. Hemos tenido recursos extraordinarios para transformar el país, pero demasiadas veces hemos seguido comprando como siempre, adjudicando como siempre, protegiendo a los de siempre y destinando fondos de futuro a sostener inercias del pasado.

El Gobierno tiene que elegir.

O convierte la contratación pública en una palanca real de modernización, competencia y soberanía tecnológica, o seguirá usando el dinero de todos para reforzar las posiciones de siempre. O abre los grandes contratos tecnológicos a la competencia real, o sus discursos sobre innovación quedarán en pura retórica. O reforma las reglas para que puedan entrar nuevos actores, o seguirá pidiendo a las startups que escalen mientras les niega acceso al mayor mercado del país: el propio Estado.

Sé que recurrir incomoda. Es más cómodo callar y confiar en que todo irá bien. Pero la confianza en lo público no se construye sobre el silencio, sino sobre el escrutinio. Cuando un procedimiento de contratación pública suscita dudas razonables, es responsabilidad de todos —también de la sociedad civil— señalarlo y empujar para mejorarlo.

Termino con una exigencia serena, pero firme.

Al Gobierno: expliquen por qué una infraestructura de esta sensibilidad, con impacto potencial sobre derechos fundamentales, identidad administrativa y registros esenciales del Estado, se adjudicó sin competencia real; reformen de una vez la contratación pública para que la innovación deje de estar bloqueada; y destinen los fondos de innovación a la innovación, no a tapar agujeros estructurales.

A las Administraciones: vean en la competencia un aliado, no una molestia, sobre todo cuando lo que compran es tan delicado.

Y a las startups que comparten esta convicción: no se resignen.

El futuro no se puede comprar con las reglas del pasado. La soberanía tecnológica no se construye a puerta cerrada. Y los fondos de la próxima generación no deberían gastarse en sostener a la vieja generación.