La Audiencia Nacional ya estudia el ‘contratazo’ de Baltasar Garzón con Venezuela

El escándalo por el contrato de 8,8 millones de euros suscrito por el bufete de Baltasar Garzón con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, ya ha llegado a la Audiencia Nacional. La defensa del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, ha presentado ante el juez, según fuentes jurídicas, el polémico documento, destapado en exclusiva por THE OBJECTIVE el pasado martes y que pone de manifiesto que Ilocad —despacho del que es administrador único el exjuez— fue contratado para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales en España».

De esta forma, Carvajal pretende reiterar su disposición a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos. El exjefe de la inteligencia venezolana, detenido en Madrid a comienzos de septiembre, podría disponer de información sensible sobre esa polémica «coordinación» entre el bufete de Garzón y la Fiscalía General del Estado, que está comandada por su actual pareja, Dolores Delgado.

Esta no es la primera vez que Carvajal muestra su voluntad de cooperación. Ya hace unos días ofreció al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su intención de colaborar para esclarecer supuestos negocios hispanovenezolanos relacionados con ETA o Podemos.

El documento publicado por THE OBJECTIVE y entregado al juez por Carvajal contiene varios elementos que permiten su fácil comprobación judicial fuera de España. Lo rubrican Silvestre Molero, entonces comisario principal de petróleos de PDVSA, y Eulogio del Pino, entonces presidente de PDVSA. Molero sigue en su puesto y Del Pino se halla a disposición de la Justicia venezolana y pendiente de juicio precisamente por corrupción en su gestión al frente de la petrolera.

La documentación oficial, además, cita un número identificador de esta contratación de 8,8 millones de euros (COM-2016-0064) y está fechada el 15 de noviembre de 2016. El punto de cuenta, que es como se denomina tal orden de contratación, figura en un escrito oficial que suma los membretes de Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA.

El objeto de la adjudicación es claro: «Contratación de los servicios de la firma de abogados Ilocad SL, para interposición de acción legal, tanto civil como penal en España, asociada a los procesos de procura internacional de Bariven», filial de PDVSA.

Lo que queda menos claro de la orden de contratación es una de sus cláusulas, «negociada» con Ilocad y valorada por sí sola en 1,9 millones: «Coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». THE OBJECTIVE ha preguntado a Ilocad qué significa coordinarse con jueces y fiscales, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Tampoco consta en el escrito oficial que hubiera licitación entre bufetes competidores para obtener tal contratazo de PDVSA. Pero sí se citan dos razones de peso para contratar a Ilocad: que lo recomendaba un bufete norteamericano, Squire Patton Boggs, cliente de PDVSA y defensor de un narcosobrino de Nicolás Maduro, y el hecho de que el despacho de Garzón «mantenía y mantiene con el gobierno bolivariano relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha».

El escrito apunta un tercer testimonio al alcance de la justicia española. El de Alfredo Anzola, letrado de Squire Patton Boggs e interviniente en la defensa del narcosobrino Efraín Campos Flores, y que señaló el despacho del «prestigioso abogado Baltasar Garzón» como el idóneo en España para asumir el pleito de PDVSA contra contratistas corruptos de Bariven.

En el lado español, el juez, si lo estima oportuno, tiene a su alcance interrogar al propio Garzón, administrador único de dicho bufete sobre el contenido de esta contratación que tiene sobre la mesa. Y, por supuesto, puede solicitar, como suele ocurrir en casos parecidos de contrataciones bajo la lupa judicial, la entrega del contrato, de las ofertas, los pagos y sus declaraciones fiscales.

En un proceso de esta envergadura los jueces suelen pedir el parecer de la Fiscalía. Y aquí se produciría el primer chispazo de una cadena que puede afectar a otros casos: se tiene que pronunciar un organismo que tiene como máxima responsable a Dolores Delgado, pareja del administrador único de Ilocad.

Que el juez aprecie irregularidad o no en dicha contratación millonaria del despacho de Garzón no impide que en otros procesos donde intervengan abogados de Ilocad y que afecten a intereses estatales venezolanos no puedan pedirse inhibiciones de la fiscal general del Estado para evitar, al menos formalmente, que intervenga en los casos por su supuesta contaminación personal. Y eso supondrá que la contratación de Ilocad que está ya en sede judicial deba ser nuevamente estudiada en otros tribunales.

ESCRITO DE RECTIFICACIÓN REMITIDO POR ILOCAD SL

«El despacho de abogados Ilocad SL, dirigido por el señor Baltasar Garzón Real, jamás ha facturado a Venezuela, ni directa ni indirectamente, la cantidad de 9 millones de euros. El despacho de abogados Ilocad SL no ha sido contratado por la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) sino por otro despacho de abogados para llevar a cabo concretas actuaciones profesionales de la abogacía en España y, todo ello, por una cantidad económica que no se indica pero que es muy inferior a las cifras económicas que el medio digital indica. El despacho de abogados Ilocad SL jamás ha sido contratado para llevar a cabo la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». El despacho de abogados Ilocad SL tampoco ha negociado, propuesto ni suscrito jamás ningún contrato que tenga por objeto dicho encargo de coordinación y agilización de trámites en los ámbitos fiscal y de la judicatura. El documento de PDVSA de 15 de noviembre de 2016 es un documento interno totalmente ajeno al despacho Ilocad SL y desconocido por el mismo, por lo que los términos de dicho documento venezolano en absoluto reflejan los términos exactos negociados directamente por Ilocad SL, y sin que las cifras ni los encargos ni el objeto del mismo se hayan negociado ni perfeccionado ni ejecutado, es más, ni siquiera se conocían. El despacho de abogados dirigido por el señor Baltasar Garzón Real no ha participado en la defensa del señor Hugo Armando (el «Pollo») Carvajal Barrios para evitar su extradición a Estados Unidos de América sino que se encargó de la realización, junto a otros profesionales nacionales y de otros países, de un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas del debido proceso sobre las investigaciones abiertas en los Estados Unidos de América de varias personas entre las que se encuentra el señor Carvajal, informe cuyas conclusiones son reservadas.»