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Reguant (CUP) enmarca su negativa de contestar a Vox en el juicio del 1-O en la «libertad de expresión»

Su defensa considera que el proceso, que podría conllevar su inhabilitación, vulnera la libertad ideológica y de conciencia de la diputada

Reguant (CUP) enmarca su negativa de contestar a Vox en el juicio del 1-O en la «libertad de expresión»

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, interviene en un pleno del Parlament de Cataluña. | David Zorrakino (Europa Press)

La defensa de la diputada de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha pedido la nulidad del procedimiento que pretende juzgar a la política después de que el Tribunal Supremo (TS) le notificara a finales de diciembre la apertura del juicio oral por un delito de desobediencia grave por negarse a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación particular durante el juicio del 1-O.

En el escrito de defensa se expone que «ni el Tribunal que ha formulado la instrucción ni la Fiscalía que ha formulado la acusación son competentes en el caso» dada la condición de diputada de Reguant, y por ello consideran que la instrucción debería empezar de nuevo en el Supremo y se deberían declarar nulas todas las actuaciones realizadas hasta el momento.

La defensa también alega que «no se puede sancionar dos veces por la misma conducta«, teniendo en cuenta que la Sala Segunda del Tribunal supremo ya interpuso en 2019 una corrección disciplinaria en forma de multa a Reguant y al exdiputado de la CUP Antonio Baños,que tampoco respondió a Vox en el juicio.

«Además, cuando la Sala Segunda decidió imponer una corrección disciplinaria en forma de multa a través del artículo 192 y 554 1.b) LOPJ, dejó claro que esta multa sólo se podía interponer cuando los actos no constituyen delito», añaden.

La acusación, «contraria a la libertad de Reguant»

En el escrito también argumentan que la acusación «vulnera la libertad ideológica y de conciencia» de Reguant así como su derecho a la libertad de expresión, ya que aseguran que la diputada actuó amparada por el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que ningún testigo podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la que su respuesta pueda perjudicar materialmente o moral, de forma directa e importante, a la persona.

Según la defensa, Reguant quiso evidenciar «la anomalía de la presencia de Vox como acusación popular en el juicio contra el derecho a la autodeterminación y denunciar la connivencia entre la extrema derecha y el aparato judicial español».

También aseguran que múltiples defensas de los presos del 1-O pidieron la retirada de la acusación de Vox, ya que cumplía criterios «únicamente electoralistas y, no sólo no se prevenía de ideologías machistas, homófobas y racistas, sino que se pedía a los poderes públicos que se abstuvieran de su compromiso en la lucha contra la vulneración de derechos fundamentales».

Responder a Vox es un «perjuicio moral»

Por ello, Reguant considera que responder a las preguntas de la acusación de Vox provoca «un perjuicio moral» a su persona, y amparándose al derecho a la libertad de expresión y a la objeción de conciencia se negó a hacerlo asumiendo las consecuencias de ello.

Así, la defensa destaca que la apertura de la fase de juicio oral contra Reguant supone «una vulneración a la libertad ideológica y de conciencia.

Además, creen que pedir una pena de inhabilitación contra Reguant por unos hechos acaecidos previamente a que fuera diputada electa supone «un sacrificio inaceptable del derecho a representación política, y una flagrante vulneración del principio de proporcionalidad».

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