Suspendido el juicio de Silvia Intxaurrondo contra RTVE por enfermedad de la juez
Estaba previsto que este jueves quedase visto para sentencia. La presentadora quiere volver a cobrar 250.000 euros
La presentadora Silvia Intxaurrondo.
La batalla legal de Silvia Intxaurrondo contra RTVE se va a alargar más de lo previsto tras la suspensión en las últimas horas del juicio que este jueves iba a enfrentar a la presentadora de La hora de la 1 con la corporación pública, consecuencia de la batalla emprendida por la periodista por sus nuevas condiciones laborales en Televisión Española.
Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar este periódico, una enfermedad de la juez ha obligado a suspender la vista sin que se haya fijado por el momento fecha para una nueva sesión.
El juicio ahora suspendido es la culminación del proceso derivado de la demanda que la periodista interpuso contra la corporación pública por el cambio en sus condiciones laborales al pasar a formar parte de la plantilla de TVE. La presentadora que reclama a la corporación pública recuperar su salario de 250.000 euros.
Al llegar a TVE procedente de Telemadrid, Intxaurrondo fue contratada por la corporación pública como profesional externa a través de la empresa Sukun Comunicación S.L., que administra junto a su marido, percibiendo un salario de unos 269.000 euros anuales. Sin embargo, en 2025, tras una denuncia anónima y una inspección de trabajo, se abrió una investigación por posible irregularidad en su contrato mercantil y RTVE se vio obligada a regularizar su situación. El programa operaba bajo un modelo de producción externa en contra del propio Estatuto de RTVE, que establece «la prohibición expresa de ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, exigiendo que cuenten con un 100% de producción interna».
Salario superior a los altos cargos
En aquel momento, Intxaurrondo dejó de ser una profesional contratada externamente a través de su productora para convertirse en personal laboral de la casa, lo que implicó un cambio sustancial en sus condiciones. Al entrar en la plantilla de RTVE como personal no fijo, su sueldo quedó sujeto a las tablas salariales del convenio colectivo de la corporación. De este modo, su remuneración base cayó en picado hasta el «entorno de los 45.000-50.000 euros anuales», según señalan fuentes de la casa, a los que se suman complementos que difícilmente le acercan a sus ingresos previos. Una reducción salarial superior al 70%.
Con su demanda, Intxaurrondo pretende conseguir «lo mejor de los dos mundos», el que le da la condición de trabajadora indefinida de TVE y la exigencia de que su nuevo contrato respete las condiciones económicas de su etapa como externa.
La defensa de la periodista argumenta que RTVE no puede rebajar unilateralmente el salario de un profesional cuyo rendimiento y funciones no han cambiado, calificando la situación de «modificación sustancial de las condiciones de trabajo». La corporación pública, por su parte, recuerda que las leyes de presupuestos y el convenio colectivo impiden que un trabajador de plantilla cobre cifras que dupliquen o tripliquen el salario de los altos cargos de la Administración. Señalan que permitir que Intxaurrondo mantenga su sueldo de «estrella» dentro de la escala funcionarial sentaría un precedente que «haría saltar por los aires la estabilidad presupuestaria» de la cadena pública.
Privilegios especiales
De ganar el juicio, Silvia Intxaurrondo recuperaría su sueldo millonario pasando por encima de las tablas salariales a las que se acogen sus compañeros en la corporación pública. Fuentes sindicales consultadas por THE OBJECTIVE han mostrado su malestar ante la demanda de Intxaurrondo: «Resulta difícilmente compatible pretender formar parte de la estructura laboral ordinaria de RTVE y, al mismo tiempo, conservar ventajas o condiciones excepcionales ajenas al marco común que rige para el resto de compañeros».
«La coherencia empieza por entender que en RTVE no debe haber trabajadores con privilegios especiales derivados de su relevancia pública, notoriedad mediática o capacidad de presión individual». «Lo contrario supondría abrir la puerta a modelos híbridos incompatibles con los principios de igualdad, transparencia y equidad que deben regir en una empresa pública financiada con recursos públicos», recuerdan.