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'Boom' de la okupación: las denuncias se disparan un 400% en Valencia, Alicante y Zamora

La Comunidad Valenciana es la región donde más ha crecido la okupación en 2021, con un 1.324% más de denuncias que el año anterior

'Boom' de la okupación: las denuncias se disparan un 400% en Valencia, Alicante y Zamora

Un okupa recoge sus enseres en una nave de Badalona. | Europa Press

El fenómeno de la okupación de viviendas registró el pasado año cifras récord a nivel nacional. Según los datos provisionales del Ministerio del Interior, adelantados por THE OBJECTIVE, desde enero a septiembre de 2021, los policías notificaron 13.389 denuncias por allanamientos o usurpaciones a domicilios, un 18,3% más si se compara con el mismo periodo de 2020 (11.319). Lo que se traduce en que durante ese periodo casi 50 viviendas al día caían en manos de usurpadores. No obstante, este aumento porcentual ha sido significativo principalmente en tres ciudades. Puntos calientes donde la okupación se ha disparado de media en un 400%.

El caso más destacable es el de Valencia, que ha registrado el mayor incremento porcentual de okupaciones en 2021, un 705%, con respecto al año anterior. Durante los nueve primeros meses de 2020, se contabilizaron 412 denuncias, una cifra que ha ascendido hasta las 558, según indican las estadísticas del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Seguida de la capital valenciana está Zamora, donde se ha anotado un aumento del 650% en usurpaciones de casas. En 2020, los zamoranos interpusieron dos denuncias ante la Policía por este motivo. Un año después, se han multiplicado por siete. Tras la ciudad castellanoleonesa se sitúa Alicante —con un 455% más—, que ha pasado de 231 a 320 casos en el último año.

La okupación también ha crecido, aunque en menor medida, en otras ciudades como Segovia, Salamanca, Teruel o Ourense, que han triplicado, en el primer caso, y duplicado, en los otros tres, sus denuncias por usurpación.

Dejando a un lado las datos locales, si se tienen en cuenta las cifras de Castellón, con un aumento del 164%, la Comunidad Valenciana ha sido la región en la que más ha crecido el fenómeno okupa en 2021. Ha registrado un incremento del 1.324% en demandas por usurpación o allanamiento con respecto al año del confinamiento más estricto. Detrás de esta comunidad, La Rioja, que de haber registrado seis casos de media en los últimos cinco años, anotó 37 en 2021, un 362% más. Y por último el Principado de Asturias, donde las okupaciones de viviendas han aumento en un 83%.

La okupación ilegal de inmuebles no ha dejado de crecer desde el año 2016, cuando se produjeron 9.998 casos. Si se compara esta cifra con la de los primeros nueve meses de 2021 (13.389), este fenómeno ha aumentado un 33.92%. Si se hace la misma comparativa con los datos de todo 2020, el porcentaje es aún mayor, un 47,95%. 

Afectados por la okupación

cronica de un desalojo anunciado
Un grupo de okupas a las afueras de un edificio. Efe

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Okupación, la organización que aglutina a la mayor parte de afectados por ese problema, sostiene que las estadísticas oficiales no incluyen la totalidad de casos que se registran. Según sostiene un portavoz de esta plataforma, están proliferando métodos distintos a los clásicos, como la patada en la puerta, para usurpar las viviendas. Se refiere principalmente a «la inquiokupación». Los criminales aparentan ser los inquilinos de una vivienda que acaban de alquilar y pagan durante los primeros meses la cuota a los propietarios hasta que dejan de hacerlo y jamás se marchan. 

Tampoco se contabilizan aquellas ocasiones en las que los propietarios deciden contratar una empresa de seguridad para expulsar a los indeseados inquilinos de su vivienda. La Justicia dispone de medios para acabar con esta práctica ilegal, pero el procedimiento es muy lento, puede durar incluso dos años dependiendo de si se escoge la vía civil —más rápida— o penal. Lo que implica que las víctimas vivan en una situación de indefensión mientras el okupa permanece en el inmueble.

En este escenario de abandono es donde muchas compañías han visto su oportunidad de negocio. Reducen un proceso que puede durar años a un par de semanas, valiéndose estrictamente de lo permitido por la legislación. Lo más común es que lleguen a un tipo de acuerdo con los criminales tras advertirles las consecuencias penales. En otras ocasiones, ese pacto pasa también por desembolsar una cantidad económica a los okupas. El coste de estos servicios oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros. 

Expulsión en 48 horas

Ante la avalancha de casos y la indefensión de los propietarios, en septiembre de 2020 tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio del Interior anunciaron una lista de medidas para agilizar la expulsión de los okupas. En el primer caso, su titular, Dolores Delgado, reclamó a los fiscales reforzar su intervención en defensa de los derechos de las víctimas por los delitos de allanamiento y usurpación de bienes inmuebles y recurrir con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico. 

Con este último, Delgado quiere evitar que se retrase la salida de los delicuentes de las casas okupadas y poder restablecer el légitimo dereho del denunciante que, mientras se tramita su procedimiento judicial, se ve desprovisto de su vivienda. En otras palabras, que la Fiscalía pida como medida cautelar la expulsión del presunto delincuente del domicilio en cuestión, mientras se desarrolle el litigio judicial. Hasta el momento, se han dado casos en los que las víctimas no han recuperado su casa hasta uno o dos años después, mientras que los okupas han disfrutado de la propiedad todo ese tiempo.

En consonancia con el Ministerio Público, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial que eliminaba el plazo de 48 horas para proceder a echar a los okupas de la vivienda por parte de los agentes. Solo ocurrirá, sin embargo, si el delito es reciente. Da igual el tipo de vivienda que sea, tanto primera como segunda residencia. Si por el contrario, el delito no es flagrante, la víctima tendrá que solicitar el desalojo al juez. 

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