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Los mossos multan con 601 euros a una periodista por hacer una foto de un control policial

Los agentes le han puesto una sanción administrativa por «desobediencia a la autoridad» amparándose en la ley mordaza

Los mossos multan con 601 euros a una periodista por hacer una foto de un control policial

La fotoperiodista Mireia Comas. |Emili Puig

Los Mossos d’Esquadra han multado con 601 euros a la fotoperiodista catalana Mireia Comas por hacer su trabajo. En concreto, por sacar una instantánea de un control policial rutinario en un barrio de Terrassa (Barcelona), donde esta profesional trabaja desde hace dos años para realizar un reportaje sobre los jóvenes en situación irregular que viven en la ciudad barcelonesa. Tras obtener la imagen, el pasado 30 de junio, un agente se le acercó pidiendo que la eliminase, a lo que ella se negó. Hace dos días, y tras seis meses de que sucedieran los hechos, Mireia recibió una sanción administrativa por haber desobedecido a la autoridad.

Los policías, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, le aplican el artículo 36.6, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Aquel que establece como «infracción grave» la desobediencia o la resistencia a la autoridad «en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de los agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

La periodista admite que desobedeció, pero que en cualquier caso el mosso no podía a obligarle a eliminar la imagen, según dicta la ley. Mireia, además, se identificó y mostró a los agentes su acreditación de periodista, tal como consta en el vídeo que grabó con su móvil en plena disputa con los policías. «Después de identificarme, me marché. Me amenazaron en varias ocasiones con que me iban a detener si no lo hacía», cuenta esta profesional, en declaraciones a este periódico.

El apartado 36.23 de la conocida como ley mordaza establece como infracción el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales «de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Foto pixelada de los mossos

El control policial que la periodista fotografió en junio de 2021 | Mireia Comas

Según sostiene esta profesional, en ese momento «hacía su trabajo como fotoperiodista» y el agente «no podía obligarle a borrar la imagen». En primer lugar, porque «prevalece el derecho a la información» y, en segundo, porque dicha foto no se ha usado para poner en peligro ninguna actuación ni ha perjudicado a los agentes. «La foto se ha utilizado, pero pixelando las caras de los agentes —como se advierte en la instantánea superior—. Yo no tenía por qué enseñársela y aún así se la mostré, pero nunca iba a eliminarla», confiesa esta periodista.

Antes de que tuviese conocimiento de la infracción que le habían puesto los Mossos d’Esquadra, Mireia Comas interpuso una denuncia por amenazas y coacciones contra los agentes del control policial. Tres meses después, en septiembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número de 1 decretó el sobreseimiento de la causa e informó a la periodista, en un giro inesperado, de que había sido sancionada administrativamente.

No obstante, no fue notificada hasta esta semana. Antes de recurrir, Comas ha presentado alegaciones a la sanción esgrimiendo que la denuncia «no describe los hechos» por los que le sanciona y, por tanto, «no cabe infracción alguna, como tampoco una cuantía de la multa, que se establece en función de la gravedad de la conducta del sancionado».

En cualquier caso, no es la primera ocasión en la que esta profesional tiene un conflicto laboral con los mossos. En octubre de 2020, fue detenida cuando cubría un desahucio en Terrassa. En el juicio, la acusaron de agredir a un agente y de atentado contra la autoridad, delitos por los que la Fiscalía pedía un año de prisión. Finalmente, fue absuelta.

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