El Tribunal de Cuentas admite una demanda de SCC contra 11 ex altos cargos de la Generalidad
El organismo denuncia que malversaron 5,3 millones de euros y exigen que sean devueltos a las arcas públicas
La exconseller Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, conversan en el reencuentro en la vivienda de Puigdemont en Waterloo. | Europa Press
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una nueva demanda de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra once ex altos cargos de la Generalidad de Cataluña que lideraron el procés. Los demandantes exigen que estas personas devuelvan 5,3 millones de euros que estima que malversaron.
La demanda se dirige entre otros contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluís Puig.
En la resolución en la que admite la demanda, el Tribunal da traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 20 días «manifieste si se adhiere a la misma, o, en su caso, formula demanda«.
También se acuerda dar traslado a los 11 demandados por Sociedad Civil Catalana, advirtiéndoles de que el emplazamiento para contestar se realizará una vez cumplimentado el trámite conferido al Ministerio Fiscal.
5.309.807 de euros en gastos
En su demanda, Societat Civil les acusa de haber malversado 5.309.807 euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del proceso de independencia de Cataluña, conocido como «procés», al margen de las competencias estatutarias de la Generalidad.
Concretamente se les atribuye el uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para la promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a observadores y contratos de «lobbyist» para publicitar la causa independentista.
La demanda se basa en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del procés que trasladó al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1-0.
