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La expulsión del CNI en el País Vasco desactiva las causas judiciales contra los exjefes de ETA

La retirada de agentes del País Vasco dificultará las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional contra la cúpula de la banda terrorista

La expulsión del CNI en el País Vasco desactiva las causas judiciales contra los exjefes de ETA

Homenaje al concejal asesinado Miguel Ángel Blanco. | Efe

La decisión de prescindir del departamento ‘antiETA’ del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el País Vasco por parte del Gobierno también afecta de lleno a las investigaciones judiciales que se siguen en los juzgados contra exjefes de la banda terrorista, según sostienen fuentes cercanas de los servicios secretos a este periódico. El CNI ha coordinado todos estos años la lucha antiterrorista tanto policial como judicial. De este modo, sus pesquisas, así como la información obtenida en los últimos meses, ha sido crucial —y seguía siéndolo— para investigar las siete causas que ha reabierto la Audiencia Nacional contra exresponsables de ETA. 

El Ejecutivo decidió poner fin a la labor de estos agentes en País Vasco y limitarlo en Cataluña, con el objetivo de que las investigaciones que se siguen contra el entorno de la extinta banda se desvinculasen del Gobierno —ahora estarán bajo el mando de Policía y Guardia Civil—, y de este modo no afectasen a las relaciones con sus socios políticos en estas comunidades autónomas. Otra de las razones, además, según las fuentes consultadas, es que carecía de sentido mantener a toda una estructura que vigilase a la cúpula etarra cuando no había cometido un atentado desde hace más de 12 años. 

Desde los servicios secretos, en cambio, la visión de los hechos es completamente distinta, sobre todo, teniendo en cuenta el papel que han jugado en las causas que se han abierto contra ETA en lo que llevamos de año. El movimiento del Gobierno, sostienen, se produce en efecto como «guiño» a los grupos independentistas vascos y catalanes para asegurarse su apoyo parlamentario. Pero, de igual modo, sirve para contentar al entorno de la extinta banda terrorista, quien, según las mismas fuentes, «había mostrado un gran enfado» con la apertura de los casos en la Audiencia Nacional. Así que con este maniobra «también han logrado desactivar las investigaciones», advierten. 

El asesinato de Miguel Ángel Blanco

El trabajo del CNI, así como de las fuerzas de seguridad, en este caso, de la Guardia Civil, ha sido crucial para que la Audiencia Nacional cerque a cuatro exresponsables de ETA por su implicación en el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, en 1997. El Juzgado de Instrucción número 6 de la AN, que reabrió el caso el pasado marzo tras admitir una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, pidió un informe al Instituto Armado que diese cuenta de la vinculación o no de la cúpula de la banda en aquella época con el crimen del edil de Ermua. 

En un extenso dossier, al que tuvo acceso este periódico a principios del pasado julio, los Servicios de Información de la Guardia Civil dan cuenta de la la responsabilidad que tuvieron los exjefes de ETA en los años noventa José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en el asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), del que se cumplen 25 años. Del mismo modo que la tuvo el comando Donosti, encargado por estos últimos de materializar el crimen y cuyos miembros fueron condenados por ello a principios de los 2000 en la Audiencia Nacional.

Los investigadores acreditan en su informe que los cuatro dirigentes «planificaron, dirigieron, gestionaron y ordenaron» la materialización del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco; y que el comando lo hizo «en cumplimiento de una orden directa y expresa de la citada cúpula terrorista, entonces conocida como «comité ejecutivo».

Décadas de trabajo

Uno de los puntales que sostiene la acusación del Instituto Armado a los cuatro exjefes de ETA son las cartas manuscritas que uno de ellos, José Javier Arizcuren Ruiz, envió a los etarras del comando Vizcaya en 1997, año en el que la banda asesinó al concejal del PP.  En la primera de ellas, fechada en julio de 1997 según la Guardia Civil y que fue intervenida con ocasión de la desarticulación del citado comando, el entonces jefe del aparato militar daba instrucciones a éstos sobre «los objetivos» que debían perseguir.

«La importancia de este momento es inmensa, lo que os pedimos es que las acciones que realicéis sean directas contra la Guardia Civil, militares, Policía Nacional y un esfuerzo enorme con los políticos. Es muy importante darle a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es un objetivo». «Repetiros lo importante de estas acciones», insiste ‘Kantauri’ en todo momento, sobre las directrices existentes sobre miembros del Partido Popular.

Dejando a un lado su papel en las investigaciones judiciales, la situación de los espías que dejarán el País Vasco es sumamente delicada. No solo se trata de que se vean desprovistos de un trabajo al que han dedicado las 24 horas. El mayor problema al que se enfrentan los agentes ‘expulsados’ es su futuro laboral: qué va a ser de ellos, y sus familias, después de tantos años trabajando —y viviendo— como espías en estas regiones. Los agentes viven mimetizados en tu entorno social. Tienen arraigo en sus empleos, con sus vecinos y en las organizaciones del entorno de la banda terrorista a las que pertenecen. «¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Dónde se van ahora? ¿A su puesto del CNI en Madrid? No tiene ningún sentido», critican voces cercanas al departamento de la inteligencia española. 

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