La alcaldesa acusada de bloquear los trabajos en el Valle de los Caídos denuncia coacciones
Carlota López niega que esté bloqueando las exhumaciones y señala que cumple las resoluciones judiciales. Tilda las manifestaciones de «ataques infundados»
Imagen del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
La alcaldesa acusada de bloquear las exhumaciones en el Valle de los Caídos ha roto su silencio. Carlota López, regidora de San Lorenzo de El Escorial, del PP, ha negado el supuesto bloqueo al acceso a la cripta y asegura estar cumpliendo las resoluciones judiciales que impiden los trabajos. Lo ha hecho a través de un comunicado de prensa donde afirma que las manifestaciones vertidas por la oposición y por distintos medios de comunicación son «ataques infundados a su persona». En su opinión, las querellas anunciadas son una medida de «coacción», ya que «existe un procedimiento administrativo en curso».
López indica en la nota que la tramitación de cualquier licencia es «un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo». En su opinión, se ha dado a entender lo contrario. Acusa a diversos grupos políticos, entre los que incluye a Más Madrid y al PSOE de San Lorenzo de El Escorial, una localidad de 18.000 habitantes al noroeste de Madrid. Los familiares de las víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos le demandan una nueva licencia para acelerar el proceso.
«El proceder del Ayuntamiento y de esta alcaldesa viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han emitido una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal, ajustándose en todo momento a la legalidad», indica el comunicado. Una opinión que no comparten los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. Después de acceder al informe jurídico que sirvió para suspender la licencia, consideran que el documento no es concluyente jurídicamente. Además, resaltan que esté firmado por una secretaria accidental.
El Valle de los Caídos, a la espera
Analizado dicho informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los familiares han decidido denunciar a la alcaldesa por la vía penal por un posible delito de prevaricación administrativa, lo que podría suponer una inhabilitación de entre nueve y 15 años para cargo público. Un juzgado reconoció en 2016 el derecho de los descendientes de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos a darles una «digna sepultura». Sin embargo, los trabajos llevan seis años varados.
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a 60 víctimas enterradas en la cripta del Valle de los Caídos. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dio luz verde a la licencia urbanística en junio, pero meses más tarde, en noviembre, la suspendió en virtud a un requerimiento judicial. La Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica había solicitado a un juzgado detener el proceso con medidas cautelares y el Consistorio paralizó la licencia hasta que la sentencia fuese firme.
Un escenario que critican los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, que han enviado varias cartas a la alcaldesa para que conceda una nueva licencia ante la delicada situación de los descendientes. Desde 2016, cuando fueron aprobado los trabajos en la cripta del mausoleo, han muerto al menos seis personas. Entre ellas, Manuel Lapeña, de 97 años, después de toda una vida luchando por recuperar los restos de su padre y de su tío. Mercedes Abril, de 88 años, y Francisca González, de 85, no quieren que a ellas les ocurra lo mismo.
«No es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de reparación. Nosotros solo queremos recuperar a nuestros familiares», se lamenta Silvia Navarro, sobrina-nieta de una de las víctimas. Su tío, José Antonio Marco Viedma, fue inhumado en el Valle de los Caídos «tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver» en la fosa común del Cementerio Municipal de Calatayud (Zaragoza). La mujer apremia a la alcaldesa para que reconsidere su decisión. Afirma que la asociación que presentó el recurso solo intenta torpedear los trabajos.
Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica que «el deber de una representante pública y de cualquier ser humano es ayudar a cualquier persona a dar sepultura a un ser querido. Quien se oponga está suspendiendo en primero de derechos humanos». Su organización también ha manifestado su intención de querellarse contra la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López.
El artículo 404 del Código Penal establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público». Sánchez sostiene que «la decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial. Se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias».
